El espray con gas pimienta que la diputada del PP Ana Vázquez blandió este miércoles en el pleno del Congreso ―lo que provocó su salida del hemiciclo y que una docena de personas tuvieran que ser atendidas por los servicios médicos después de que un trabajador de su grupo lo vaciara en los lavabos de la Cámara baja― es un arma. Tanto es así que el Mando de Operaciones (MOPS) de las Fuerzas Armadas lo ha distribuido a los soldados que patrullan por Ceuta, según fuentes militares.

Preguntado por EL PAÍS sobre la razón por la que se ha incorporado el pulverizador de gas pimienta como arma de dotación reglamentaria para esta misión, lo que hasta ahora nunca se había hecho, un portavoz del Estado Mayor de la Defensa ha explicado que su “uso por los militares desplegados en Ceuta está debidamente autorizado en aplicación de la legítima defensa de los propios militares y de la legítima defensa extendida al resto de ciudadanos”. Ha añadidol, además, que “su uso se ajusta a la proporcionalidad y ha sido coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considerándose una medida disuasoria útil para garantizar la seguridad de las personas y el menos lesivo de los medios”. Fuentes militares agregan que se trata de una defensa eficaz contra personas que se acercan a menos de cinco metros de distancia con actitud hostil y evita así tener que utilizar otras armas más lesivas o incluso letales.

Eldiario.es ha dado cuenta de tres incidentes separados en los que inmigrantes, dos de ellos menores de edad, habrían sido rociados con gas pimienta por parte de militares sin que, según su testimonio, hubieran adoptado previamente una actitud agresiva, mientras caminaban por una zona en la que no se habían producido altercados. En algún caso, el gas habría sido esparcido por los militares sin bajarse del vehículo, aseguran.

Hasta ahora, los miembros de las Fuerzas Armadas que patrullan a bordo de vehículos en labores de vigilancia y disuasión —ya que no tienen la condición de agentes de la autoridad— solo disponían de unas porras largas y flexibles denominadas bastones de impacto. No tienen escudos, pelotas de goma ni otro material antidisturbios. Habitualmente, uno o dos miembros de cada patrulla lleva una pistola o un subfusil HK G-36, mientras que los demás no portan armas de fuego para evitar que, en el curso de una persecución o un forcejeo, puedan perderla o caer en manos de los agresores. El Estado Mayor de la Defensa ha distribuido unas reglas de enfrentamiento (Roes) que incluyen la realización de disparos al aire en determinados supuestos.

Los militares desplegados en Ceuta han sido objeto de varias agresiones. La primera y más grave se produjo el 27 de agosto, cuando una patrulla militar sufrió una emboscada en la que participaron medio centenar de inmigrantes que les apedrearon en la zona de Benzú, próxima a la frontera. Cuatro militares sufrieron lesiones y su vehículo resultó dañado, mientras que 12 de los agresores fueron detenidos. Dos días después se produjo un nuevo ataque con piedras, en el que un sargento resultó herido y cuatro marroquíes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos. Dos soldados han sido evacuados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid para ser atendidos de sus lesiones. Al menos uno de ellos ha sido intervenido por la fractura de peroné que se hizo durante una persecución.

A pesar de que muchos inmigrantes han dicho haber sido agredidos por militares, fuentes de Defensa aseguran no tener constancia de ningún comportamiento irregular ni denuncia policial o judicial por estos hechos y agregan que, en caso de tener conocimiento de los mismos, se pondría en conocimiento de la autoridad judicial.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este miércoles en el pleno del Congreso que en este momento hay 4.100 militares desplegados en Ceuta ―lo que supone 1.040 más de los que había en agosto pasado, cuando Robles compareció en la Comisión de Defensa―, que han realizado unas 7.000 patrullas, tanto nocturnas como diurnas.

Las asociaciones profesionales AUME, Asfaspro y UMT han presentado una queja al Defensor del Pueblo en la que piden que “se adopten las medidas adecuadas para garantizar al personal desplegado en Ceuta la información funcional que legalmente debe conocer, su seguridad jurídica y personal, la prevención de riesgos (ante ataques físicos y contacto con enfermedades) y la protección de sus datos identificativos (para evitar la localización del militar y su entorno, con el consiguiente riesgo para su seguridad)”. Este último punto se refiere a que los militares llevan una galleta militar con su apellido cosida en el uniforme, mientras que los policías solo llevan un número identificativo.