Ceuta se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de todas las organizaciones no gubernamentales que hacen del negocio de la inmigración su principal fuente de ingresos. De ahí que ante la necesidad que hay en la ciudad de autónoma para dar acogida a miles de personas menores y mayores, ONG de varios puntos de España hayan viajado ya hasta Ceuta para abrir nuevas vías de operaciones empresariales, explorando, inicialmente con voluntarios, la posibilidad de prestar servicio en la localidad.

A día de hoy, tal como explicó días atrás este periódico, son dos las ONG que se reparten todo el pastel de la acogida de menores en la localidad. Se trata de la Fundación Samu, que gestiona gran parte de las instalaciones estructurales y de las carpas que se han instalado tras la invasión de finales de julio, y la Asociación Engloba. Pero ante el gran número de menores que siguen sin atención en recursos adecuados entre 500 según el Gobierno y 2.000 según estas organizaciones, otras entidades han optado por desembarcar en Ceuta con el apoyo de las administraciones con las que tienen firmados convenios previos en otras regiones.
En los últimos días han llegado a la ciudad autónoma activistas de la asociación de la ultraizquierda navarra Negu Gorriak. Aunque jurídicamente no está constituida como ONG, sí forman parte de ella varias entidades que sí reciben fondos públicos para la atención de los inmigrantes, Además algunos de sus miembros tienen vínculos directos con el entorno de Bildu y de los herederos de ETA. Esta entidad dice venir a luchar contra el «racismo institucional» y «defender con su cuerpo» a los inmigrantes que deambulan por las calles.
A parte de Negu Gorriak, también se han dejado ver por las calles de Ceuta y por los asentamientos de inmigrantes personas relacionadas con la dirección de la ONG canaria Quorum Social 77, investigada por los tribunales y con varios centros cerrados en Canarias por orden judicial. Esta entidad está, desde hace más de un año, bajo la lupa de la Justicia que investiga entre otros a la directora, Delia García, y al director de centros y exalto cargo socialista, Juan Enrique Quintana Ramos. Ambos fueron detenidos en julio del año pasado, provocando la detención de la cúpula de la ONG, a la que se investiga por varios presuntos delitos como los de lesiones, amenazas, odio y omisión del deber de impedir delito

Durante esa operación se realizaron un total de seis entradas y registros, de esas dos en dos centros de menores. La jueza que investiga la gestión de esta organización dio la orden de desalojar a los menores allí acogidos, un total de 148 niños y niñas que fueron reubicados en 21 recursos distintos de de la isla de Gran Canaria, ya que este centro fue clausurado, como lo fue otro unos días más tarde. Unos meses después, en noviembre, la Policía también registró varios centros en la isla de Fuerteventura y este mes de marzo detuvo a tres exempleados y cerró otro centro.

Extrabajadores y testigos protegidos denunciaron ante las cámaras de ABC dinámicas violentas en el interior de los centros, uso de técnicas de contención prohibidas (como el «mataleón»), órdenes de actuar con dureza fuera del alcance de las cámaras y la facilitación de tabaco y alcohol a los menores tutelados. Prácticas, todas ellas, que chocan con la obligación de proteger a los menores tutelados.
Tal como relató este periódico en su momento, además, la dirección de la ONG compró varios coches con unas características poco habituales para la labor social que supuestamente realiza la organización, como un Jaguar E-Pace de alta gama y otros vehículos de características similares cuyo coste es mucho más elevado que cualquier furgoneta, más útil para el traslado de menores desde sus centros a otros puntos de interés. Por todo ello el Gobierno de Canarias exigió a sus directivos una justificación exhaustiva de todos los gastos públicos recibidos.

Menores que siguen en la calle
El baile de cifras respecto a los menores que permanecen en ceuta, cuando se están a punto de cumplir los dos meses de la invasión, sigue siendo una constante. En algunos casos, como en el de los centenares de niños que siguen en la calle, supone también un problema importante ya que no tienen garantizados sus derechos. Las administraciones reconocen que hay entre 500 y 2.000 que están en recursos previstos para adultos, algo que prohíbe la ley aunque, para sortear precisamente eso, están separados del resto de personas. Es ese descontrol, fruto de la incapacidad para identificar a todos los menores, el que ha provocado que varias organizaciones hayan optado por desplazarse hasta la ciudad autónoma para ofrecer sus servicios.

Piden voluntarios
Desde esta última ONG, que sigue manteniendo negocio en Canarias pese a las sospechas sobre su gestión, han pedido voluntarios entre sus empleados para desplazarse a otras ciudades a poner en marcha proyectos como el anteriormente mencionado. El mensaje que les han remitido revela que «continuamos creciendo y, ante el aumento de proyectos relacionados con la ayuda humanitaria, vamos a poner en marcha nuevos proyectos en Ceuta, Italia, Turquía y África».

Tras advertirles desde la dirección que «todavía no contamos con fechas confirmadas» sí «se prevé que sea necesaria la participación de personal para la puesta en marcha de estos proyectos». Por ese motivo, dice la comunicación, «necesitamos conocer qué personas estarían dispuestas a desplazarse a los diferentes destinos». En el caso de Ceuta hace varios días que personas muy cercanas a la dirección exploran qué negocio pueden hacer en esta localidad.