El Ayuntamiento de Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva, ha renunciado a una subvención directa de 1,6 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para mejorar la habitabilidad de los temporeros migrantes en un municipio donde han muerto cuatro de las seis víctimas mortales de los frecuentes incendios que desde hace años calcinan los asentamientos chabolistas habitados por cientos de trabajadores de la fresa y otros frutos rojos. El Gobierno municipal, que dirige el PP, no ha contestado al cierre de esta información a las preguntas de Público sobre la causa de esta renuncia.

Lucena del Puerto, según diferentes informes de organizaciones sociales, tiene el mayor número de asentamientos de temporeros en la provincia de Huelva, hasta haber alcanzado la veintena con más de 2.000 chabolas, de acuerdo con los datos aportados por el propio Ayuntamiento en 2024. Esos asentamientos levantados en terreno público, en medio del campo, a base de plásticos, cartones y palés, sin suministro eléctrico ni de agua, sin servicio de recogida de basura, son pasto fácil de las llamas. En el último incendio, ocurrido el pasado 15 de septiembre en el asentamiento La Sevillana, murió un hombre de 36 años de Mali. Antes, en enero de 2025, falleció Kullu Konay, migrante de Ghana de 40 años al arder las chabolas de Santa Catalina, y en mayo de 2021 perdieron la vida Rita, de Marruecos, y Ato, de Ghana, en el incendio de la chabola de El Bosque que compartían como pareja.

Ante la falta de viviendas y albergues para temporeros en los municipios freseros, los asentamientos suelen estar próximos a las explotaciones agrícolas de los frutos rojos, uno de los grandes motores de la economía onubense. Cada año ese sector genera un negocio de unos 1.300 millones de euros y crea entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo, en torno a la mitad de ellos mano obra extranjera, según los datos publicados por la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Interfresa. En el caso de Lucena, los habitantes de los asentamientos, a quienes no se empadrona y cuyo número oscila durante el año en función del trabajo que haya, pueden alcanzar en los momentos álgidos una cifra equivalente al 28% del censo municipal, que es de solo 3.390 habitantes.

El Ayuntamiento lucenero recibió en 2025 una subvención directa del Ministerio de Vivienda de 1,6 millones de euros dentro del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España, que contempla diferentes medidas para contribuir a mejorar las condiciones y habitabilidad de los temporeros que trabajan en explotaciones agrícolas del entorno del Espacio Natural, fundamentalmente en los municipios de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto. Sin embargo, este último, según ha confirmado a Público el Ministerio, ha renunciado a recibir la subvención de 2026, con la misma cuantía, “debido al estado de ejecución de los proyectos programados para la anualidad de 2025 y dadas las dificultades iniciales ocasionadas para la implementación de la ejecución de los proyectos”.

El dinero de la subvención que ha rechazado Lucena del Puerto ha sido asignado a Palos y Moguer, que este año recibirán una mayor cantidad, 2,5 millones de euros cada municipio, para proyectos orientados a la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas dignas de carácter público permanente para temporeros durante las campañas agrícolas.

Sin información de la subvención de 2025
El Ayuntamiento de Lucena del Puerto no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre el destino que se ha dado a los 1.600.000 euros que recibió de la subvención de 2025, algo que tampoco ha precisado el Ministerio, ni la razón por la que ha decidido renunciar a la ayuda de este año cuando en su municipio, además, ha fallecido el 66% de las víctimas mortales de los incendios declarados en asentamientos de temporeros en Huelva.

Organizaciones sociales que atienden a los temporeros de los asentamientos también desconocen a qué se ha dedicado la subvención de 2025, aunque una de ellas, Huelva Acoge, apunta que el Ayuntamiento, de pequeño tamaño, se ha lamentado de su falta de personal técnico para asumir los proyectos y hacer frente a la gestión burocrática que requiere una ayuda de esas características.

El PSOE, el único partido en la oposición en la corporación lucenera, tampoco dispone de información de lo que ha hecho el equipo de gobierno muncipal con la subvención del año pasado y de las razones por las que se ha renunciado a la del presente ejercicio, según ha manifestado a este periódico su responsable provincial de Cooperación y Políticas Migratorias, Mónica Montaño Garcés.

El Defensor del Pueblo estatal y el andaluz reiteran la necesidad de atender a estas personas en “asentamientos precarios”

En el real decreto que regula las subvenciones de este año, y que se publicará próximamente, se señala que la actividad agrícola del entorno de Doñana genera importantes necesidades estacionales de mano de obra y que ello exige disponer de soluciones habitacionales adecuadas “que garanticen condiciones de alojamiento compatibles con la dignidad de las personas, la salud pública y la sostenibilidad territorial”. Y al respecto recuerda que tanto el Defensor del Pueblo estatal como el andaluz han reiterado la necesidad de atender la situación de las personas que residen en “asentamientos precarios, carentes de infraestructuras sociales y sanitarias, y de servicios básicos esenciales”.

Estas ayudas, según el decreto, se otorgan en régimen de concesión directa “atendiendo a su carácter singular”, dado el interés público, económico y eminentemente social. Su plazo de ejecución termina el 31 de diciembre de 2030 y los municipios beneficiarios deben acreditar la realización de las actuaciones financiadas por el Gobierno de la nación. Las subvenciones se suman a las de otros ministerios, que, según informó en julio el de Transición Ecológica, suman en total 22 millones de euros concedidos a 14 municipios en los dos últimos años con el propósito de acabar con el chabolismo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores migrantes en el entorno de Doñana.

Un albergue proyectado en 2022 aún sin abrir
En Lucena del Puerto, mucho antes de la subvención del Ministerio de Vivienda, se puso en marcha un proyecto para construir un albergue de temporeros con ayuda de la Junta de Andalucía que aún no ha abierto las puertas. En octubre de 2022, hace ya cuatro años, el entonces alcalde Manuel Mora, de un grupo independiente local al que el PP arrasó en las municipales de 2023 tras la propuesta de Juan Manuel Moreno Bonilla para regularizar los riegos ilegales en el entorno de Doñana, dijo que el albergue se encontraba en fase de licitación y estaría terminado en solo dos meses.

Un año después, el Ayuntamiento lucenero informó a este periódico que las obras del albergue, con una capacidad para 36 personas, aún no habían empezado debido a un problema con la empresa a la que se le había adjudicado el proyecto, algo que le obligó a hacer una nueva licitación de los trabajos. En diciembre de 2024, en una nota de prensa publicada por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, la delegada de Servicios Sociales de ese Ayuntamiento, ya gobernado por el PP, Mari Luz Moreno, afirmó que el consistorio había recibido una subvención de 251.000 euros en 2022 para la construcción y equipamiento de una residencia de temporeros y que en 2023 solicitó una ayuda a la Junta para la atención de personas migrantes, con la que se creó el primer equipo de erradicación de asentamientos.

Es en ese comunicado en el que la delegada municipal reconoce que Lucena del Puerto es uno de los municipios más afectados de la provincia de Huelva por la problemática de los asentamientos, hasta el punto de haber llegado a censar 2.115 chabolas en 20 núcleos, y en el que señala, además, que aunque la convivencia con la población extranjera es buena en general, resulta más complicada con la de los campamentos por su lejanía al núcleo urbano.

Enma González, de Atención al Temporero en Huelva Acoge: “Pasan los años y esto no termina de arrancar”

Asociaciones que han trabajado en la zona como La carpa o la Multicultural de Mazagón aseguran no saber nada del albergue, mientras que la responsable de Atención al Temporero en Huelva Acoge, Enma González, ha dicho a Público que en una reunión que mantuvieron con el alcalde y la delegada de servicios sociales hace una semana, tras el incendio en el que murió un joven maliense, les transmitieron que habían tenido que reducir la capacidad del albergue de 36 a 14 plazas para cumplir con los requisitos que marca la normativa en estos edificios y que, además, aún estaban pendientes de la acometida de luz y agua. “Está claro augura que es un proceso que va para largo”.

Enma González, que califica como “desgarrador” lo ocurrido en el último incendio, considera muy “complicada” la situación para la que apenas se han dado aún soluciones efectivas. “Esto necesita que muchas administraciones arrimen el hombro y los empresarios, también. Hay que remar todos a una, pero pasan los años y esto no termina de arrancar”, se lamenta.

La misma situación que hace 26 años
En un informe sobre la situación de los asentamientos de la provincia onubense referido a 2023, Huelva Acoge señalaba que el Ayuntamiento de Lucena del Puerto se había quedado fuera del protocolo y de la financiación estatal para mejorar la habitabilidad de los temporeros, “pese a ser un municipio que por tamaño, dispersión y volumen de asentamientos las necesitaría especialmente”.

Por su parte, la portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón, Pepa Suárez, advierte: “Nos parece absolutamente dramático que 26 años después sigamos en el mismo punto de inicio, de partida, cuando ya son seis las personas que han muerto, que mueren durmiendo, no en accidentes laborales, porque las condiciones de vida a las que los someten son miserables por un racismo institucional, porque no hay voluntad política de solucionarlo”.

Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón: “Es una irresponsabilidad con los trabajadores que no haya alojamiento para miles de personas”

A juicio de Suárez, los esfuerzos que está haciendo en este campo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se van a convertir en humo, porque no van a solucionar el problema habitacional con los temporeros agrícolas de la provincia de Huelva si no se acompañan de otras medidas. “Esto se soluciona entre las administraciones y el empresariado del sector, que tiene que decir algo en todo esto, porque es una irresponsabilidad con los trabajadores que no haya alojamiento para miles de personas. Y la situación va a ser peor, porque los habitantes de los asentamientos donde ha habido los últimos incendios nos dicen que sospechan que han sido provocados”, recalca la portavoz de la Asociación Multicultural.

Lucena del Puerto forma parte del primer plan estratégico aprobado por la Junta de Andalucía, para la erradicación de los asentamientos chabolistas y las infraviviendas en las provincias de Huelva y Almería, el Easen, pero desde su puesta en marcha en julio de 2023, hace tres años, no se conoce un balance de sus actuaciones.

La realidad de los asentamientos onubenses es la que el relator especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU Philip Alston describió como peor que la de un campamento de refugiados de una guerra o una masacre tras visitarlos en 2020. Seis años después, esa realidad apenas ha variado, pese a que numerosos informes han seguido denunciando la situación.

Uno de ellos, el de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre la situación de los asentamientos de temporeros migrantes en Huelva y Almería, constató “una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, que requieren una respuesta urgente”. El documento denunciaba una “crisis humanitaria” por la falta de accesos a servicios básicos, pésimas condiciones habitacionales y laborales de sus habitantes y la discriminación social que sufren.

Otro informe de Andalucía Acoge refleja que el 90% de los trabajadores agrícolas migrantes que viven en estos asentamientos tienen enormes dificultades para acceder a un alojamiento mejor y aproximadamente el mismo porcentaje se enfrenta a grandes obstáculos para empadronarse y obtener el certificado municipal que permite disfrutar de servicios y regularizar la situación legal en España. “Incluso disponiendo de una situación administrativa regular, contrato e ingresos suficientes, se les negaba el alquiler en muchos casos y en algunos de los municipios de Huelva ni siquiera había viviendas en alquiler disponibles”, advertía esta organización, ahora denominada Sur Acoge.