Las autoridades marroquíes ignoraron el aviso recibido durante la tarde de este martes sobre la presencia de un cayuco con cerca de 40 inmigrantes a bordo. Según ha podido confirmar ABC, cuando fue localizada la embarcación, todavía en aguas de Marruecos, se puso en conocimiento de la situación a este país, que no hizo nada para rescartarla y devolver a quienes viajaban a puerto seguro.

La embarcación tuvo que ser rescatada horas después, cuando ya estaba en aguas españolas, por una patrullera de Salvamento Marítimo. La Guardamar Urania acudió hasta la zona, cercana a la isla de La Graciosa, y rescató a 38 personas de origen magrebí, entre ellas tres mujeres y dos menores, que fueron trasladadas hasta el puerto de Arrecife (Lanzarote).
La jornada del martes 22 de septiembre dejó una nuevo goteo importante de personas inmigrantes a Lanzarote. Además de la embarcación anteriormente mencionada, durante el día fueron localizadas varias embarcaciones en las aguas cercanas a la isla, en una operación que obligó a movilizar a Salvamento Marítimo y a otros servicios de emergencia.
Horas más tarde del rescate de este cayuco, fueron localizadas otras dos embarcaciones cerca de Lanzarote. Una de ellas, de madera, se encontraba aproximadamente a una milla de Punta Mujeres y transportaba a 44 personas. Otra embarcación, localizada al noreste de la isla, llevaba alrededor de 50 personas. Ambas fueron auxiliadas por Salvamento Marítimo y trasladadas hasta el mismo puerto de Arrecife.

Una de las personas que viajaba en una de las embarcaciones tuvo que ser evacuada en helicóptero debido a un cuadro de hipotermia y trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa. Del total de 127 personas que viajaban a bordo de estos cayucos, un total de veinte eran menores, según confirman fuentes del Gobierno de Canarias a ABC.

La llegada de tres embarcaciones en una misma jornada vuelve a encender las alarmas de la administración regional, que temen que le mejora de la navegación aumente de nuevo los flujos de la ruta canaria. En los años 2021 y 2024 llegaron miles de personas al archipiélago, provocando una situación de excepcionalidad que obligó al Gobierno a aprobar un nuevo reglamento para la reubicación de los menores en otras autonomías.