Ceuta amaneció este miércoles pendiente, una vez más, de su frontera. Un aviso difundido durante los últimos días a través de las redes sociales advertía de una posible nueva entrada coincidiendo con la jornada electoral en Marruecos. Las autoridades habían reforzado desde primera hora los dos puntos considerados más sensibles: el paso fronterizo del Tarajal y la zona de Benzú.

El amplio dispositivo policial y militar desplegado en el lado español, unido a los campamentos levantados de forma preventiva por las fuerzas marroquíes al otro lado de la verja, cumplió su objetivo. Durante toda la jornada no se produjo ningún intento significativo de acceso a la ciudad y la frontera permaneció en calma. Pero mientras todas las miradas estaban puestas en la línea que separa Ceuta de Marruecos, a escasos metros de allí se desarrollaba otra escena que evidencia las consecuencias de la entrada masiva de finales de julio.

En torno a las 10.15 varias unidades de la Policía Nacional supervisaron el desalojo y retirada de parte de las chabolas levantadas en el polígono del Tarajal. Las precarias construcciones habían ocupado una zona especialmente sensible, junto a instalaciones de suministro eléctrico y cables de alta tensión que abastecen a la propia frontera. «No lo hacemos sólo por el riesgo que pueda sufrir la infraestructura, sino también por la seguridad de los propios inmigrantes», explicaba uno de los agentes mientras los servicios de limpieza retiraban maderas, cartones y plásticos con la ayuda de los propios inmigrantes que volvían a levantar las chabolas a escasos metros y fuera de peligro.

La actuación transcurrió sin incidentes. Sin embargo, la ausencia de nuevos accesos no significa que Ceuta haya recuperado la normalidad. Casi dos meses después de la entrada masiva, sus consecuencias siguen siendo visibles en barrios, playas y zonas de monte donde permanecen miles de inmigrantes.

En la playa del Trampolín vive Samir, de poco más de 30 años. Como muchos otros, trata de conseguir algún ingreso con pequeños trabajos. «Pinto, arreglo paredes, hago pequeñas obras…», explica. Cualquier encargo sirve. «Prefiero ganarme 20 euros al día y estar ocupado que sentarme en la playa y no hacer nada. Ni contribuir, ni ganar». Sabe que esos trabajos forman parte de una economía sumergida donde la mano de obra inmigrante se paga muy por debajo de los precios habituales, pero para él supone una forma de subsistir mientras espera una salida.

No es la única actividad ilegal que se percibe en las zonas donde se concentra la población inmigrante. Durante el día pueden verse mujeres jóvenes, algunas aparentemente menores de edad, maquilladas y vestidas con ropa limpia acercándose o conversando con grupos de hombres y, en algunos casos, subiendo posteriormente a vehículos. Una escena que vecinos de la zona relacionan con situaciones de prostitución.

«Aquí cada uno sobrevive como puede», resume Bilal, de 27 años. En su caso, recibe de vez en cuando 50 euros que le envía su hermano desde Holanda. «Eso me llega para unos 10 o 15 días». El resto depende, fundamentalmente, de la ayuda humanitaria. Bilal asegura que la comida que reciben no siempre es suficiente. Ayer, la bolsa repartida por Cruz Roja contenía pan, pisto, arroz, zumo, un yogur, galletas y agua. Pero las raciones tampoco alcanzaron para todos. Por la tarde, cuando la Policía Nacional comunicó a quienes todavía esperaban que ya no quedaban más bolsas de comida, se produjo uno de los escasos momentos de tensión de la jornada. En la fila reservada a mujeres y niños comenzaron los gritos contra las autoridades. Los agentes intervinieron rápidamente y despejaron la zona sin que se produjeran mayores altercados.

Fue el contraste de un día aparentemente tranquilo. Mientras la frontera permanecía blindada y sin nuevos intentos de entrada, dentro de Ceuta continúa la presión provocada por quienes llegaron hace casi dos meses. La ciudad convive así con una calma frágil, donde pequeños episodios pueden desencadenar momentos de tensión. «Esto no puede seguir así», lamentaba ayer un vecino. Casi dos meses después del 30 de julio, Ceuta sigue mirando hacia la frontera, pero también hacia todo lo que aquella provocó en sus propias calles.