“Si no trabajamos, no podemos comprar pan”. Esta respuesta de una persona desplazada en Etiopía resume uno de los principales hallazgos de un estudio recién publicado en The Lancet. Mientras los gobiernos pedían a la población quedarse en casa para contener la covid-19, millones de personas no podían permitirse hacerlo. En Indonesia, por ejemplo, un vendedor ambulante explicaba algo similar: “Necesitamos comer y sobrevivir, así que seguíamos saliendo a buscar comida”. En India, otra persona describía una realidad igualmente incompatible con el aislamiento, la de “10 personas hacinadas en una sola habitación”.

Estos testimonios forman parte de las 819 entrevistas realizadas en 20 países de África, Asia, Europa y América por la Comisión NUS–Lancet PRIME, una iniciativa internacional impulsada por la Universidad de Singapur y la revista médica The Lancet que durante tres años ha reunido a más de un centenar de investigadores para repensar cómo debería prepararse el mundo ante futuras pandemias. Después de analizar las experiencias de comunidades que quedaron al margen de la protección durante la covid-19, como migrantes o personas sin hogar o con alguna discapacidad, los autores concluyen que el problema no fue únicamente la falta de vacunas, laboratorios o planes de emergencia. “Una persona que vive en un piso abarrotado no puede aislarse socialmente, una persona sin documentos de identidad no puede acceder a una ayuda del Gobierno y una persona que no habla la lengua mayoritaria no puede entender los consejos sanitarios”, explica por videollamada Helena Legido-Quigley, una de las copresidentas de la comisión y autoras del informe.

Una persona que vive en un piso abarrotado no puede aislarse socialmente, una persona sin documentos de identidad no puede acceder a una ayuda del Gobierno y una persona que no habla la lengua mayoritaria no puede entender los consejos sanitarios
Helena Legido-Quigley, copresidenta de la Comisión NUS–Lancet PRIME
Los investigadores quisieron comprobar hasta qué punto esas desigualdades podrían influir también en el impacto de una futura pandemia. Según sus cálculos, por ejemplo, una distribución más equitativa de vacunas permitiría salvar casi tres millones de vidas adicionales.

“No hay ningún beneficio en haber desarrollado una vacuna en tiempo récord si no existen garantías de acceso equitativo a esa vacuna”, coincide Rachel Cohen, asesora principal de incidencia de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), para quien la preparación frente a futuras pandemias requiere asegurar que las nuevas herramientas sanitarias estén disponibles y sean asequibles para quienes más las necesitan.

No obstante, la Comisión NUS–Lancet PRIME advierte de que el acceso a las dosis es solo una parte de la solución si millones de personas siguen careciendo de vivienda digna, protección social o acceso a la atención sanitaria.

Cuando protegerse es imposible
Los ejemplos aparecieron en todos los países estudiados. En Estados Unidos, los investigadores recogieron testimonios de trabajadores migrantes que vivían en alojamientos colectivos donde, según uno de los participantes, recomendaciones como aislarse cuando aparecían síntomas eran “imposibles”. En Tailandia, una persona con discapacidad visual explicó que quienes no estaban registrados en los sistemas estatales “apenas recibieron ayuda” durante la emergencia.

Además de las barreras económicas o administrativas, el estudio encontró obstáculos relacionados con la difusión de la información y la confianza en las instituciones. Por ejemplo, en México, la comisión señala que muchos mensajes oficiales se difundieron principalmente en español y por internet, sin tener suficientemente en cuenta la diversidad lingüística y cultural de las comunidades indígenas. Y en Laos, una persona relató que las autoridades llegaron, “recopilaron” sus datos y nunca más volvieron a aparecer, una actuación que, para los investigadores, puede acarrear después desconfianza en las recomendaciones de salud pública.

España tampoco fue una excepción. Uno de los estudios de caso del informe se centra en los trabajadores agrícolas migrantes de Lleida. Según Montserrat Gea, investigadora de la comisión, la pandemia puso de manifiesto que muchas de estas personas no podían seguir las recomendaciones sanitarias debido a las condiciones de vivienda o a que carecían de documentación necesaria para acceder a servicios sanitarios o a ayudas estatales. “Para controlar una pandemia no podemos fijarnos solo en hospitales, laboratorios o vacunas; tienes que tener acceso a todos los colectivos para no dejar atrás a nadie”, explica por teléfono a este diario.

Pero la comisión no solo documentó fallos. También encontró ejemplos de cómo las propias comunidades cubrieron vacíos que los sistemas formales no supieron atender. En Mozambique, una participante en el estudio explicaba que “llegaron las vacunas, pero fueron las personas de la comunidad quienes” les convencieron para que se inmunizaran. En Tailandia, una persona con discapacidad auditiva relató que sin el apoyo de una asociación local ni siquiera habría logrado inmunizarse: “Si la asociación no hubiera organizado el transporte y las citas, no nos habríamos vacunado”.

“Una de las cosas que más nos impresionó fue que muchas personas nos daban las gracias simplemente por escucharlas”, recuerda Legido-Quigley. “Querían participar en las decisiones y explicar cuáles habían sido sus problemas y también sus soluciones”, recuerda.

Una futura pandemia
A partir de estas experiencias, la comisión intentó responder a la pregunta de qué ocurriría ante una futura pandemia. Para ello diseñó varios escenarios posibles para 2035 y comparó dos futuros opuestos: uno en el que los países actúan guiados principalmente por sus propios intereses y otro basado en una mayor cooperación internacional.

Los investigadores construyeron un modelo sobre lo que ocurriría ante una hipotética pandemia de gripe A y llegaron a la conclusión de que el rápido desarrollo de vacunas reduciría las muertes globales en torno a un 59%, pasando de 58,5 millones a 23,9 millones. Sin embargo, el resultado final dependería también de cómo se distribuyeran esas dosis. Si las vacunas se repartieran de forma más equitativa, en función de la población y no del poder adquisitivo de cada país, podrían salvarse 2,7 millones de vidas adicionales, especialmente en países de ingresos medios. Y si además aumentara la confianza en las vacunas, el número de muertes se reduciría en casi otros dos millones.

Cohen advierte además de que la preparación frente a futuras pandemias sigue teniendo un gran punto ciego: los tratamientos. Para corregirlo, defiende una financiación sostenida de la investigación antes de que aparezca la próxima amenaza. “Es un maratón que tenemos que correr para estar preparados antes de que llegue una epidemia o una pandemia”, afirma. Actualmente, recuerda, seis de las 14 familias virales prioritarias identificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) carecen de tratamientos en desarrollo clínico y tres no tienen ningún candidato, ni siquiera en fases preclínicas.

Para Helena Legido-Quigley, la principal lección de la covid-19 es que el impacto de la próxima pandemia no dependerá únicamente de la rapidez con la que la ciencia desarrolle nuevas herramientas, sino también de quién pueda acceder a ellas y del grado de confianza de la población. “Tenemos que trabajar ya para que las personas confíen en el sistema, confíen en la respuesta y confíen en las instituciones y la información”, afirma.