La persecución de migrantes indocumentados – o sospechosos de serlo – por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en EE.UU. acumula miles de detenidos y también más de medio centenar de muertos bajo su custodia desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. El presidente, pese a todo, insiste: “No podemos renunciar a una de las herramientas más eficaces para combatir el crimen”.

El magnate canaliza así su promesa de campaña de hacer deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Pero a su vez otra sobre “crear el mayor auge económico que el mundo haya visto”, sólo que, esto, de la forma menos obvia.

EE.UU. es el país mundo con mayor número de reclusos, con alrededor de dos millones, y la razón de que haya desde hace años en el país un debate público tanto desde la izquierda como desde la derecha que cuestiona su sentido. Entre los que alzan la voz está, por ejemplo, el yerno del presidente, Jared Kushner, crítico con el sistema por ineficaz, por deshumanizante y por afectar a amplias capas de la población, entre otros a su familia: su padre cumplió condena en una prisión federal en el 2005 por evasión fiscal.

“En los últimos años ha llevado a cambios”, explica a Vanguardia Dossier José Ángel Brandariz, catedrático de la Universidade da Coruña especialista en el sistema penal estadounidense, y estos “conectan con su privatización”.

Y es que desde la década de 1980 y la presidencia de Ronald Reagan, los reclusos y centros de reclusión privada vivieron durante años un boom que, con todo, con la austeridad pública que siguió a la crisis financiera del 2008, “entró en crisis”, expresa Brandariz. Aunque añade: “La política contra los inmigrantes se expande justo cuando el sistema penitenciario empieza a replegarse. Y esto se une a su privatización, porque la inversión que se hacía en centros privados en la primera década de los 2000 ve entonces que no se va a expandir y que tiene riesgos y ya entonces y de manera pública se plantea que la salida a la acumulación de prisiones privadas sea invertir en detención migratoria. Esto crecerá de forma desaforada con Trump”.

Así es que si bien los encarcelados decaen de forma sostenida en paralelo a la crisis financiera promocionando penas alternativas a la prisión, excarcelaciones anticipadas, también porque la guerra contra las drogas pasa de página y hoy el número total de personas encarceladas es cerca de un 30% menor, de la mano de Trump la tendencia vuelve a ir en aumento, si bien hoy de la mano de los operativos del ICE y con recursos abultados que acaban en manos privadas.

Porque en EE.UU. se cuentan 158 prisiones privadas en funcionamiento que operan bajo contrato con el gobierno federal, las administraciones estatales y varias agencias en una treintena de estados. Acogen a unos 100.000 reclusos. CoreCivic y GEO Group son aquí dos conglomerados centrales y muy en especial para el ICE: las empresas privadas gestionan más del 80% de sus plazas destinadas a detención, pero es que estas dos compañías operan sobre tres cuartas partes de ese total. Así, los ingresos del ICE un pilar esencial de su negocio; un negocio que además apunta a ir a más.

David Hausman y Graeme Blair, profesores de la Universidad de California en Berkeley y Los Ángeles, lo concretan en su Deportation Data Project a partir de datos del propio ICE: respecto a los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden, las detenciones se multiplicaron por más de cuatro; los traslados al ICE desde cárceles y prisiones (que antes suponían la mayor parte de sus detenciones) se duplicaron; y las detenciones realizadas por la agencia en la vía pública (incluyendo redadas en barrios, en los tribunales de inmigración o en las oficinas territoriales del propio cuerpo en las periódicas comparecencias de los inmigrantes) se multiplicaron por once.

Su consecuencia es que la Administración multiplicó 4,5 veces el número de plazas de internamiento para personas detenidas dentro de EE.UU., resumen Hausman y Blair. Y siguen: “Las detenciones fuera de cárceles y prisiones de esta magnitud constituyen un fenómeno nuevo”, aún más porque la detención de personas sin condenas penales aumentaron por más de ocho. Y todo en un sistema penitenciario crecientemente privatizado.

“El nivel de detenciones es absolutamente nuevo y en muchos casos, con violencia policial. Su novedad es que, en paralelo al cierre de fronteras, hay un control dentro del territorio, que es más problemático por su extensión, por ejemplo, y la razón por la que no suele darse a la vez”, incide Brandariz.

George W. Bush hizo redadas de la mano del programa Secure Communities en los primeros años 2000. Obama volvió a limitarse al clásico control de delitos y fronteras. Y ahora Trump vuelve a cambiar de la mano de nuevas órdenes y decretos, no de nueva legislación ya que esta se modificó por última vez en 1996, en la época de la Administración Clinton, con la política centrada en la guerra contra las drogas. Ahora EE.UU. une al control fronterizo redadas dentro del país por parte del ICE y su consecuencia menos elocuente es que con ello alimenta a la par un inmenso negocio de seguridad privada.

Detener es más fácil que deportar, se insiste. El asesinato de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis por agentes de inmigración a principios del 2026 apenas alteraron esta tendencia. Los cambios han llevado a que si bien históricamente se ha denunciado el “racismo estructural” del sistema de prisiones de EE.UU. por la sobrerrepresentación de reclusos negros, ahora ésta afecta sobre todo a la población de origen latino. Trump, con todo, no ha logrado – hasta el momento – el nivel de deportaciones de Obama, en parte por la resistencia que ha hallado en ámbitos administrativos como el judicial o las ciudades santuario. Pero en un contexto de repliegue carcelario, el ICE con Trump ya es la fuente de más detenidos, votos antiinmigración y también de un suculento negocio privado.