La crisis migratoria de Ceuta volvió a ser ayer motivo de bronca política en el Parlamento andaluz. Después de que en el último Pleno se debatiera una Proposición no de Ley (PNL) de Vox «mutilada» y los grupos de la izquierda vetaran una propuesta similar del PP, los populares intentaron de nuevo introducir en el orden del día de la próxima sesión una iniciativa relativa al «apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, la defensa de su integridad territorial y la exigencia de medidas para el restablecimiento inmediato de su normalidad».

El «modus operandi» del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía en la Junta de Portavoces fue el mismo: apelaron al artículo 171 del reglamento que prevé que las cuestiones sobre competencias del Estado necesitan de dos tercios o tres grupos parlamentarios para prosperar.

El tono del encuentro se elevó tras el bloqueo

y el portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, lamentó la «nueva censura» al debate sobre una cuestión que preocupa no solo a los ceutíes, sino a todo el país.

El PP había incluido en esta PNL la resolución del Parlamento Europeo aprobada la semana pasada con el voto en contra de los eurodiputados del PSOE «en relación con la política de regularización a gran escala aplicada por el Gobierno» de Pedro Sánchez, que «genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes». Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Cortés, aseguró que su grupo estaba «a favor» de que se incluyeran las dos PNL que inicialmente había propuesto el grupo popular, y subrayó que en su partido creen que hay que «instar al Gobierno de la nación» en relación a una «invasión» como la que se ha vivido en Ceuta, y atendiendo a su «competencia» al respecto.

El debate subió de intensidad. La portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, consideró que los representantes de los grupos

deberían darle «una pensada» a este tema de las PNL

, porque no puede haber «un conflicto cada vez» que se va a una Junta de Portavoces. También acusó al PP de utilizar el Parlamento andaluz «para confrontar con el Gobierno de España», y aclaró que desde el PSOE están «abiertos a todo tipo de debate», pero les «indigna» que el grupo popular presente, por ejemplo, «una iniciativa con 19 puntos» de los que «18 están afectados por el artículo 171, y el 19 es pedirle a la Junta de Andalucía que siga pidiéndole al Gobierno de España».

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, explicó que la posición de su grupo «siempre ha sido que este Parlamento tiene la soberanía, o debería tenerla, para poder hablar de cualquier tema con el único límite de cuestiones que vayan contra los derechos humanos». El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, defendió que «el artículo 171 del reglamento de la Cámara

no es ninguna triquiñuela»

, sino que «tiene la misma entidad jurídica que el resto del articulado y, por tanto, expresa la voluntad del legislador de establecer un criterio muy restrictivo a según qué debates», que «no se excluyen» si cuentan con «un consenso suficiente» y respaldado por «una mayoría muy cualificada», de «nada más y nada menos que dos tercios del número de diputados». Finalmente, Martín señaló que los partidos de la izquierda no van a callar a los representantes del PP «ni a los andaluces, en los Plenos, en las Juntas de Portavoces ni en ningún órgano».