Galicia alerta tras acoger a 150 menores migrantes en un año: "Ya no tenemos recursos para seguir a este ritmo"

La Xunta asegura que el sistema de protección de la infancia está "al límite" y denuncia un recorte del 82% de la financiación estatal y un "trato desigual" entre comunidades

La Razón, Javier Presas, 23-09-2026

El sistema gallego de protección de la infancia se encuentra

“al límite” después de haber acogido durante el último año a 150 menores migrantes no acompañados. Así lo aseguró este miércoles la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, durante una intervención en el Parlamento de Galicia en la que advirtió de las dificultades para mantener el actual ritmo de acogida.

García abordó la situación de los menores que todavía permanecen en Ceuta durante la respuesta a una pregunta oral en el Pleno. La responsable autonómica defendió la

“solidaridad indiscutible”

demostrada por Galicia, pero sostuvo que la llegada de 150 menores durante el último año ha llevado al sistema de protección de la infancia por encima de su capacidad.

“Galicia ya no tiene recursos para seguir acogiendo menores con esta intensidad”

, afirmó la conselleira, que enmarcó esta situación no en una falta de solidaridad, sino en una cuestión de “responsabilidad”.

La titular de Política Social e Igualdad responsabilizó al Gobierno central de la situación y denunció lo que calificó como “mala gestión e irresponsabilidad” en relación con los menores que permanecen en Ceuta. También cuestionó el reparto de recursos entre las comunidades autónomas y denunció un “trato desigual”.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por la Xunta es la reducción de los fondos estatales destinados a esta materia. García cifró el

recorte en un 82%. Según datos trasladados anteriormente por el Gobierno gallego, la financiación habría pasado de 4,2 millones de euros a 750.000 euros.

La conselleira insistió en que la capacidad de acogida debe ir acompañada de recursos suficientes para garantizar la atención de los menores y mantener el funcionamiento del sistema autonómico de protección. En este sentido, reclamó que las decisiones sobre la distribución de menores

tengan en cuenta tanto la capacidad de las comunidades como la financiación disponible.

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