La democracia no soporta las políticas de odio

La Voz de Galicia, Laura Tuero Sánchez, 23-09-2026

orge terminó inconsciente en el suelo mientras seguían pateándole la cabeza. Rubén acabó con cinco puntos de sutura en la frente. A los activistas de AMA les agredieron mientras les gritaban: «maricones», «rojos de mierda». Sucedió en plenas fiestas de San Mateo de Oviedo, ocho frente a dos.

Días después saltó la noticia de que la noche de Reyes pasada una mujer trans fue agredida en Castrillón por cinco individuos jóvenes. Mientras la golpeaban le profirieron amenazas de muerte e insultos tránsfobos. Acabó ingresada en el hospital por la gravedad de las lesiones.

Según el Ministerio del Interior, los delitos de odio han aumentado un 23,6 % en 2025. Máximo histórico. El racismo y la xenofobia encabezan la lista, seguidos por las agresiones contra la orientación sexual e identidad de género. Más del 37% de los autores identificados por estos delitos son menores y jóvenes de entre 18 y 25 años.
El Ministerio Fiscal señala desde hace años que la «excesiva crispación y polarización» presentes en los discursos políticos son el caldo de cultivo adecuado para la comisión de comportamientos intolerantes y cada vez de más agresiones violentas. A esto se suma la difusión maliciosa de bulos contra colectivos vulnerables. Al deshumanizar a un grupo mediante palabras, se legitima e incentiva la violencia real contra él.

Odio y tribuna

España evoluciona de la consolidación democrática a la intransigencia y el señalamiento, impulsados por la aparición de mesiánicos políticos ultraconservadores y conservadores que, bajo la falsa promesa de restaurar una democracia exclusiva —esa «prioridad nacional» que «es lo justo y de sentido común», como decía la portavoz de Vox en la Junta General—, crean enemigos a través de la repetición constante de discursos y de relatos simples, emocionalmente sobrecargados y sarcásticos.

Frases de diputados de Vox repetidas en la Junta General como la «imposición de centros de menas» —Carolina López— o «se escandalizan al oírnos hablar de prioridad nacional pero sin embargo en Asturias van a imponer la prioridad trans» —Javier Jové—, fijan en la diana del odio a migrantes, minorías étnicas, personas LGTBIQ+, feministas, etc. culpabilizándoles de todos los males sociales. No podemos permitir propagar ni normalizar en las instituciones públicas estos discursos excluyentes que nos retroceden a ideologías antidemocráticas de hace cincuenta años y provocan que los y las ciudadanas se enfrenten entre ellos. Promueven de manera calculada las violencias y el odio, utilizan a la ciudadanía y las necesidades y demandas de entidades y asociaciones de manera calculada con el único fin de lograr sus objetivos, que no son otros que tomar las instituciones democráticas para desmantelarlas desde dentro y vaciar de contenido los derechos que tanto nos costó conquistar.

En el Partido Popular, su portavoz —Alvaro Queipo— y sus diputados intentan implantar la idea, desde hace más de un año, de imposición y dictadura en Asturias con un sintagma que repiten en sus intervenciones: «régimen socialista». El lenguaje no es neutral, lo saben, el Partido Popular no se queda a la zaga en fomentar el odio, la mentira y la crispación entre los y las ciudadanas.

Sara Rouco, diputada de Vox, le espetó a la diputada progresista y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, en una Comisión de la Junta General que era «una sinvergüenza», una «perversión del sistema» y la acusó de no representar «a nadie». Tomé acabó expulsada por protestar ante estos intolerables ataques personales. La Comisión estaba presidida por una diputada del PP, que fue quien la expulsó.

Tampoco nadie que sea demócrata imaginó que podría escuchar frases para justificar la agresión de Rubén y Jorge: «son chavales, no creo que sean mala gente», decía Alfredo Canteli, el alcalde derechista de Oviedo, del Partido Popular. O al diputado por Asturias de Vox en el Congreso, José María Figaredo, decir a finales de julio, en referencia a las personas migrantes llegadas a Ceuta que: «hay que cazarlos a todos, uno por uno», «en la calle».

No solo el discurso, también las acciones están programadas para generar odio y degradar las instituciones democráticas. El diputado Javier Jové sabía muy bien lo que hacía cuando tocó la flauta en la Junta General. Con sus «bromas» y utilizando la ironía y el espectáculo busca la viralidad en las redes sociales, que su mensaje llegue a los máximos votantes posibles y además busca degradar la institución, restar seriedad al debate público; con ello se logra debilitar la confianza de la ciudadanía en los mecanismos democráticos. No sólo él, otros diputados de extrema derecha y derecha construyen en torno a ellos la narrativa de ser outsiders dentro de la institución, alimentando el relato de que las élites políticas viven ajenas al ciudadano, menos ellos. Irónicamente, todo esto lo hacen desde dentro de las propias instituciones y sin renunciar a sus sueldos como diputados o concejales.

Las garantes de la democracia

El mandato democrático de las instituciones es el ampliar derechos y libertades, afianzar y ampliar la democracia y preservar los derechos humanos. Las instituciones han de ser el dique de contención de los discursos de odio y de los bulos, no su altavoz.

En el Parlamento Europeo ante el lenguaje ofensivo, el comportamiento difamatorio, racista o xenófobo y cualquier actitud que altere el orden de las sesiones se aplican medidas que van desde la retirada de la palabra hasta la suspensión temporal de la actividad parlamentaria o la pérdida de indemnizaciones. El Parlament de Catalunya camina hacia la misma reforma de su Reglamento. La doctrina europea es clara: la libertad de expresión no ampara la discriminación ni la violencia, y la inviolabilidad de los cargos públicos no puede ser el escudo para deshumanizar a los vulnerables.

En Asturias, la Junta General debe reformar de manera urgente su Reglamento. Es imperativo adaptar nuestras normas a una realidad que no admite más demora; mirar hacia otro lado es complicidad por omisión. Ni podemos ni debemos permitir que el miedo y la amenaza se conviertan en la norma y menos en la casa de todos y todas las asturianas.

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