«En el marco de las funciones de gestión y supervisión de las actuaciones vinculadas a los locales municipales, se le requiere para que cese en el uso de pernocta en el local de manera inmediata». Así lo establece la misiva remitida por el Ayuntamiento de Gasteiz, gobernado por PSE y PNV, a la asociación vecinal Salburua Burdinbide, que durante meses ha dado cobijo a refugiados malienses por razones humanitarias.
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La propia asociación dio cuenta de esta actividad «excepcional» al Consistorio, que insiste en que «el uso del local como espacio de pernocta no se encuentra comprendido entre los usos previstos en la autorización de cesión de los locales municipales», y advirtió de que «la continuación del uso del local como espacio de pernocta puede conllevar la revocación de la autorización de uso del local». La carta, fechada el 21 de julio, estuvo precedida de una reunión en la que el Gabinete de Maider Etxebarria dio a la asociación diez días para desalojar a las personas migrantes.

Tras el envío, a mediados de agosto, responsables municipales se pusieron en contacto con el presidente de Salburua Burdinbide advirtiéndole de que existen tres requerimientos para que entregue las llaves de los locales.

Posteriormente, la asociación logró hablar con el director general de Gobierno Abierto y Centros Cívicos para llegar a un acuerdo. Pero el proceso no prosperó y el 3 de septiembre las personas procedentes de Mali volvieron a la calle, en concreto a los soportales de la calle Oñati, frente a la comisaria de la Policía española, donde esperan una cita para tramitar su solicitud de asilo.

DE NUEVO A LA INTEMPERIE
Salburua Burdinbide trabaja desde hace tiempo codo con codo con Salburuko Harrera Sarea, que ayer difundió un vídeo en redes sociales.

Además, explicó toda la secuencia de los hechos en una nota de prensa. Comienza explicando que «durante los últimos seis meses, la asociación vecinal ha puesto su local a disposición de estas personas para que, al menos durante la noche, pudieran tener un techo bajo el que dormir. Una respuesta vecinal de emergencia ante una situación que las instituciones no estaban resolviendo».

«Sin embargo, este verano el Ayuntamiento de Gasteiz decidió intervenir. Y no lo hizo para ofrecer una alternativa a quienes estaban durmiendo en el local, sino para exigir el fin de la acogida», explica. Como consecuencia, «desde el 3 de septiembre, las personas solicitantes de asilo que estaban siendo acogidas han vuelto a dormir a la intemperie».

A juicio de la plataforma solidaria, «se ha dado un paso más: en lugar de solucionar el problema, se actúa contra quienes intentan paliar sus consecuencias». Además, lo ligan con lo ocurrido en Donostia con el veto a las cenas solidarias de KAS.