Los solicitantes de asilo han de acreditar su identidad con un pasaporte y al ser rechazados pueden ser encarcelados hasta dos años La neutral Suiza votó ayer a favor de un endurecimiento de la ley de asilo y de extranjería que puede sentar un precedente en Europa. Los demandantes de asilo que sean rechazados por la Administración pasarán hasta dos años en la cárcel si se niegan a ser repatridados. Sigue en

El sí de los ciudadanos de este país, sede de varias agencias humanitarias, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, al endurecimiento de la ley de asilo y de extranjería fue abrumador. En los 26 cantones de la Confederación Helvética triunfó el sí de forma clara en el referéndum. Y muchos en Europa tomarán nota. Los analistas dan como «ganador» de la jornada al ministro de Justicia y líder de la Unión Democrática de Centro, Christoph Blocher, impulsor de las reformas.

En el caso de la ley de asilo, un 67,75% de los electores dio su visto bueno a unas normas que hacen casi imposible recibir el estatus de refugiado en este país. Los demandantes de asilo han de presentar su pasaporte o un documento de identidad válidos en el plazo de 48 horas, y en caso de carecer de ellos su solicitud será rechazada automáticamente. Muchos de estos sin papeles han salido de sus países de origen sin estos documentos precisamente por sufrir persecución. Por ello, hasta ahora servía un certificado de estudios o el carné de conducir para acreditar la identidad. A partir de 2008, los demandantes que han recibido una respuesta negativa no podrán beneficiarse de ayudas estatales.

Asimismo, quienes sean rechazados y se nieguen a ser repatriados se arriesgan a penas de cárcel de hasta dos años. Los insumisos y los adolescentes entre 14 y 18 años también podrán ir a prisión. El envío al país de origen podría anularse en caso de guerra civil, violencia o problemas de salud.

Esta legislación entrará en vigor en enero y se basa, al igual que la ley de extranjería, en los textos elaborados por el partido de extrema derecha, la UDC, sometidos a votación sin éxito hace cuatro años.

Según sus defensores, tiene como objetivo acabar con los abusos, disminuir el atractivo que ejerce Suiza sobre los extranjeros y acelerar los despidos.

En virtud de esta norma, los dispositivos en los aeropuertos se van a reforzar, se facilitará la comunicación de datos con el país de origen y los cantones podrán fijar perímetros de asignación o exclusión con el fin de prevenir el tráfico de drogas. La evolución de la política internacional, dominada por la radicalización islámica, y el sentimiento de inseguridad económica y social en un país que, a pesar de su alto nivel de vida tiene que realizar importantes reformas económicas y sociales, inclinaron la balanza a favor del sí.

Además de los ultras de la UDC, pidieron el endurecimiento de la legislación el Partido Democrático de Centro y el Partido Radical Democrático. Las regiones de la zona central y oriental fueron las que apoyaron con más entusiasmo el cambio de las leyes.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados lamentó, a través de un comunicado, la adopción de esta legislación y se declaró preocupado por la obligación que tendrán, a partir de ahora, los demandantes de asilo de presentar un pasaporte válido.

Su portavoz, William Spindler, subrayó que la Convención de 1951 sobre refugiados reconoce la existencia de razones válidas para que los demandantes de asilo no estén en posesión de documentos de identidad cuando tratan de huir de sus países. El año pasado solicitaron asilo en Suiza unas 10.000 personas, un 29% menos que el año anterior.

Respecto a la ley de extranjería, recibió el visto bueno del 67,96% de los votantes. La norma da prioridad a los europeos. Los trabajadores procedentes de otros países sólo podrán acceder al mercado laboral suizo si son trabajadores cualificados y si la empresa que solicita el permiso no encuentra otro europeo que pueda desempeñar estas funciones.