Habían salido a caminar por los alrededores del río San Lorenzo, en el departamento de Ahuachapán, un sitio repleto de puestos de venta y familias de paseo, al que José Martínez llevó a su esposa Patricia González para que viera cuán hermoso era El Salvador, el país del que se fue hace casi una vida y al que, en un tiempo, pretendía volver para no irse más. Un policía les salió al paso y pidió sus identificaciones. “Somos ciudadanos en Estados Unidos, pero dejamos nuestros pasaportes en la casa”, le dijeron ellos. González echó mano de una credencial mexicana. No tuvo problemas. Martínez mostró el Documento Único de Identidad (DUI) que había obtenido días antes. “Ah, ¿eres salvadoreño?”, se asombró el policía. Luego se fijó en el tatuaje de tres puntos que tenía en la mano derecha.

Desde entonces, su esposa no lo ha visto más, ni ha podido saber cómo se escucha su voz desde el interior de una de las cárceles del gobierno de Nayib Bukele. “Si yo fuera salvadoreña, también estaría detenida”, dice González desde su casa en la ciudad de Compton, en California. “El único error de mi esposo fue haber ido a su país, un lugar que tanto añoraba”.

Martínez llevó a González a conocer El Salvador hace tres años, y valoró la posibilidad de comprar un terreno y construir una casa en la zona de Santa Ana. Ella no estaba muy convencida, pero era el sueño de su esposo. Ahora él tiene 50 años, pero con 14, siendo casi un niño, partió junto a una hermana mayor hacia los Estados Unidos. Se hizo ciudadano en el año 2006. Hace casi 18 años se conocieron y trabajaron duro. Él en la construcción, ella como maestra de kínder. ”Pero él siempre quiso volver a El Salvador”, asegura González. En marzo de 2025, Martínez regresó a supervisar la compra de la casa. El 6 de noviembre del mismo año, cinco días después de llegar con su esposa al país, la vida comenzó a ser otra.

“¿Tú sabías que ese tatuaje es prohibido?”, le preguntó el policía a Martínez durante el paseo de aquel 6 de noviembre del año pasado. Él dijo que no estaba enterado. “En Estados Unidos no está prohibido”, le contestó. “En Estados Unidos no, pero aquí sí”, respondió el policía. Lo que vino después, González aún lo recuerda con temor: aparecieron otros oficiales que le apuntaban con largas armas, llevaron a su esposo hasta detrás de un árbol, le registraron todo el cuerpo, husmearon en su mochila, contaron el dinero que cargaban. Ella quiso llamar por teléfono para pedir a la familia que les alcanzara los pasaportes estadounidenses, pero las autoridades se negaron. Le pidieron a González que los condujera en su carro a la comandancia.

“Yo pensé que lo iban a matar”, cuenta González. “Desde dentro de la comandancia yo nada más oía gritos que le decían: ‘¿a qué perteneces? ¿De dónde eres?’ Y él decía: ‘no, es que yo no vivo aquí. Yo me fui a los 14 años, ni siquiera conozco bien El Salvador’”. Luego salió un oficial y le dejó saber a González que su esposo estaba acusado de “terrorismo”. Dice que casi se desmaya. Antes de irse, pidió verlo. “Le dije: ‘Que Dios te bendiga’. Me dio un abrazo y un beso. Fue el último”.

Martínez fue trasladado a la cárcel de Santa Ana y suman casi 10 meses en los que su esposa no ha tenido ningún tipo de comunicación con él.

José Martínez.
José Martínez en una foto sin datar.
CEDIDA
Carlos Hernández, el padre de Nelson Vladimir Hernández Tovar, un ciudadano estadounidense de 31 años, también le perdió el rastro a su hijo desde que el joven fue a visitar a su novia y pasar las Navidades en El Salvador en 2022. Y un familiar de Walter Josué Huete Alvarado, de 33 años, quien nació en Los Ángeles, no ha podido verlo más desde que él viajara a ese país a resolver un trámite consular de su hija y terminara acusado de pertenecer a la pandilla MS-13.

En declaraciones a EL PAÍS, las tres familias han confirmado que los detenidos son ciudadanos de los Estados Unidos, que fueron acusados de pandilleros con la única prueba de tener tatuajes en su cuerpo o presentar “nerviosismo” cuando se acercó la policía; que desde entonces no se les permite ningún tipo de llamada telefónica ni visita de abogados; que no han sido procesados judicialmente y que, cada cierto tiempo, solo tienen noticias de ellos a través de la embajada estadounidense en San Salvador.

“A mi hijo lo capturó la policía y dice que lo vio sospechoso, que estaba nervioso. Ahora dicen que es parte de una pandilla”, dice Hernández, el padre de Nelson, un joven que, además de trabajar con él en la construcción, componía canciones de rap. El padre llegó antes a Estados Unidos, en 1997, luego trajo a su hijo y, para 2018, Nelson pudo hacerse ciudadano. Aun así, el padre siempre tuvo temor de que regresara a su país natal. “Cuando él iba, primero mi miedo era por las pandillas, que le hicieran algo. Pues ahora no son las pandillas, ahora es el mismo gobierno con la policía, que tiene la autoridad para hacer y deshacer”.

Ni los salvadoreños naturalizados estadounidenses que visitan su país han logrado escapar de las secuelas del “estado de excepción” de Bukele. Lo que en un primer momento iba a ser una medida extraordinaria de 30 días, ha durado más de cuatro años: en El Salvador, dicen, la gente ya camina más las calles o los negocios cierran mucho más tarde, y el país pasó de tener una de las tasas de homicidio más altas del mundo a registrar cifras mínimas. El pago humano, sin embargo, ha sido notable: suman más de 90.000 salvadoreños arrestados, cerca del 2% de la población, y los expertos creen que hasta la mitad de las personas detenidas no tenía vínculos conocidos con pandillas.

Nelson Vladimir Hernández Tovar.
Nelson Vladimir Hernández Tovar.
CEDIDA
Entre esas cifras de detenidos sin rostro, hay varios ciudadanos salvadoreño-estadounidenses. “Lo que les ha sucedido a estas personas es parte de ese patrón, de una política de detención arbitraria masiva”, asegura Noah Bullock, director de Cristosal, una organización de derechos humanos en Centroamérica. El estado de excepción permite a las autoridades arrestar a cualquier persona sospechosa de pertenecer a pandillas, eximiéndolas también de cualquier garantía legal. “El problema es que, cuando las personas son detenidas, desaparecen en los centros penales. No tienen acceso a la visita familiar y tampoco a la defensa. Por eso es válido decir que son personas desaparecidas”.

Se desconoce el número de ciudadanos estadounidenses que permanecen encarcelados en prisiones en El Salvador, y por el momento ninguno de los dos gobiernos se pronuncia sobre estas detenciones. Tanto Bukele como Trump han demostrado tener, en los últimos tiempos, una estrecha alianza que los llevó a firmar un acuerdo para enviar a una megacárcel salvadoreña a cientos de migrantes venezolanos acusados sin pruebas de ser pandilleros del Tren de Aragua.

Perdidos en un laberinto político
El señor Hernández recibe un mensaje de parte de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Por fin le traen noticias de su hijo. Los funcionarios le dejan saber que fueron a visitar a Nelson, y le envían el recado que el joven quiere hacerle llegar:

“Hola papá, ha sido difícil para mí estar en esta posición. La mayoría del tiempo solo me frustra porque solo pensamos en el futuro. He estado teniendo dolor de cabeza y ansiedad. No sé si soy hipertenso porque no me chequeé”, se lee en el mensaje. Luego Nelson le agradece “por todo”, le dice al padre que lo extraña, que llame a la abuela y que le manda un fuerte abrazo a la familia.

Cada dos meses, las autoridades consulares visitan a Nelson y le piden al padre que le mande un mensaje corto. En un párrafo, Hernández le explica que están bien, que lo quieren, que siguen pagando, en Carolina del Norte, su carro y su apartamento. Los familiares de los otros detenidos que fueron entrevistados por este diario confirmaron que también ha sido solo a través de la embajada estadounidense que han sabido de sus esposos o hijos.

“Ellos lo van a ver, pero yo no sé por mí misma que él está bien. Los funcionarios solamente dicen que lo han visto, que manda recados”, cuenta el familiar de Walter Josué Huete Alvarado, quien pidió permanecer en anonimato por motivos de protección. Alvarado fue detenido en el año 2023 cuando viajó para acompañar a su hija de dos años a una cita con la embajada de Estados Unidos en San Salvador, para poder traerla a vivir con él. Durante una fiesta, el día antes de regresar a Los Ángeles, fue detenido por las autoridades salvadoreñas, a pesar de que su única nacionalidad es la estadounidense. Tenía un tatuaje en la mano con las letras LA, la ciudad donde nació, y eso les bastó. Hasta hoy se mantiene en el centro penitenciario de Santa Ana, desde donde, a través de las autoridades consulares, envía mensajes a la familia cada cierto tiempo: que cuiden a la niña, que ya no quiere estar ahí, que hagan lo posible por sacarlo.

EL PAÍS se comunicó con la embajada estadounidense en San Salvador para conocer sobre la situación en que se encuentran estas personas, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta. Las autoridades consulares en Estados Unidos también fueron contactadas con la intención de saber por qué estos ciudadanos permanecen detenidos y si la Casa Blanca podía intervenir en dichos arrestos, pero tampoco contestaron.

En 2023, el Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje en la que reconocía que “varios ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades han sido detenidos bajo el estado de excepción”, y advirtió de los riesgos de viajar a ese país. Un portavoz del Departamento de Estado aseguró a este diario que estaban “al tanto de la detención reportada de un ciudadano estadounidense en El Salvador” y que “debido a consideraciones de privacidad y otros factores” no harían más comentarios al respecto.

“La Administración Trump se toma muy en serio su compromiso con los estadounidenses en el extranjero y está preparada para brindar asistencia consular”, dijo el portavoz a través de un correo electrónico. No obstante, insistió en que los ciudadanos estadounidenses están sujetos a las leyes de los países extranjeros que visitan o donde residen, “incluso cuando esas leyes difieren de las leyes estadounidenses”.

A la espera de un juicio masivo
Hasta ahora, ninguno de estos tres ciudadanos ha tenido juicio, ni conocen hasta cuándo permanecerán en cárceles salvadoreñas, lejos de la vida que habían construido en los Estados Unidos. Lo que probablemente suceda, según varias organizaciones de derechos humanos, es que sean sometidos a audiencias penales masivas, una medida del régimen de excepción.

Walter José Huete Alvarado.
Walter Josué Huete Alvarado.
CEDIDA
“Ese es el riesgo que corre mucha gente que no tiene o ha tenido vínculos con estructuras delincuenciales y van a responder por los delitos de una pandilla a la cual nunca ha pertenecido”, asegura Antonio Palacios, miembro del grupo Socorro Jurídico Humanitario, que presentó el caso de Walter Josué Huete Alvarado ante Naciones Unidas. Varios abogados de Cristosal han participado en estas audiencias, en la defensa de personas inocentes. “Vemos juicios de 600 o 1.600 personas, todos acusados del mismo delito, que es agrupaciones ilícitas, casi sin pruebas y sin la posibilidad de poder presentar pruebas de descargo en la defensa”, sostiene Noah Bullock.

El abogado de José Martínez solicitó una audiencia para marzo, pero dice su esposa que se la negaron. Puso una fianza y tampoco la aceptaron. “Dijeron que si le daban la libertad condicional, él se iba a venir para Estados Unidos”, cuenta Patricia González.

El familiar de Walter Josué Huete Alvarado ya no sabe qué hacer. “Ya son cuatro abogados los que hemos puesto y ninguno ha hecho nada”, cuenta. El pasado 7 de agosto aparentemente tenía el juicio y lo suspendieron.

Y Carlos Hernández, el padre de Nelson Vladimir Hernández Tobar, dice que después de tanto tiempo sin que suceda nada con su hijo, ha perdido cualquier esperanza de verlo otra vez.