Tras la llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas, especialmente a las canarias, este verano, el Gobierno español firmó a finales de agosto un memorándum de entendimiento para frenar la emigración clandestina procedente de este país africano. En virtud del convenio, que entró en vigor el pasado 24 de agosto, ambos países acordaron patrullar conjuntamente las aguas territoriales senegalesas, para lo que España pondría a disposición de Senegal dos patrulleras de la Guardia Civil y un helicóptero. El esquema es similar al que funcionaba en Mauritania y permitió interceptar a 1.200 inmigrantes prodedentes de ese país.

El Gobierno, según informó entonces el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, podría ampliar la dotación hasta cuatro patrulleras para cubrir los 700 kilómetros de costas, donde se han detectado hasta un centenar de puntos de salida de cayucos. Estas patrulleras se sumarán a la vigilancia prevista dentro del dispositivo europea Frontex, según informó la agencia Efe.

Los gobiernos de España y Senegal han reconocido que la raíz del problema es la pobreza, un drama que es una de las principales causas de la emigración clandestina. España también se comprometió a una ayuda de ocho millones de euros.

Sin embargo, las autoridades senegalesas han llegado a alegar que la leyes españolas han fomentado la ola de cayucos. En un reciente viaje a Madrid, el ministro del Interior senegalés, Ousmane Ngom, dijo que el mecanismo que rige en España, que permite que los clandestinos sean repatriados o liberados en territorio español tras 40 días en centros, suponía, a su juicio, «un estímulo a la inmigración».