La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga este miércoles, a partir de las 11.30 horas, a Mohamed Sharjhan Sheak, el ciudadano bangladesí de 51 años al que los investigadores conocen por el alias de Mastermind y al que la Fiscalía sitúa como el jefe de la organización que trasladaba a ciudadanos de Bangladés y Pakistán desde Asia hasta Canarias en pateras y cayucos. El Ministerio Público le atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y reclama para él ocho años de prisión.

El escrito de acusación, firmado por la fiscal delegada autonómica de Extranjería y Trata de Seres Humanos, Teseida García, arranca en 2020. Las pesquisas de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) permitieron constatar la existencia de una estructura formada por ciudadanos bangladesíes que ofrecía en su país, y también a personas de origen pakistaní, un trayecto completo hasta Europa a cambio de un pago inicial de 13.000 a 14.000 euros. La puerta de entrada al continente era siempre España, aunque en el discurso comercial de la red ese detalle quedara difuminado tras la promesa de un viaje en avión.
El itinerario prometido era, en efecto, aéreo y discreto en su primer tramo: un vuelo desde Bangladés hasta Dubái, donde la organización disponía de colaboradores, y desde allí a Mauritania, con las escalas que resultaran necesarias. La entrada en territorio mauritano estaba resuelta de antemano. La acusación sostiene que una persona con contactos en los controles de inmigración del aeropuerto facilitaba el paso de los viajeros pese a que portaban documentación falsificada.

A partir de ese momento el viaje cambiaba de naturaleza. Los migrantes quedaban a expensas de la organización asentada en el país africano y la mayoría terminaba trabajando, sin derecho a cobrar por ello, en el restaurante de sus máximos responsables. Ese local, el Al Madina Dhaka, era propiedad del ya condenado Shipon Miah y fue traspasado en 2024 al ahora acusado, que lo rebautizó como The Master Food. Mientras esperaban, los viajeros se alojaban en las casas que el acusado y el propio Miah tenían en Mauritania, y allí permanecían hasta reunir la parte del precio que les faltaba.

La captación funcionaba con una doble puerta de entrada. En Bangladés, los interesados contactaban con el acusado o con personas que trabajaban para él, entre ellas su propio hijo, el llamado Shojag, encargado de informarles del dinero que había que abonar y de la forma de hacerlo. La Fiscalía añade que también se captaban clientes a través de una sociedad de aquel país, Eduhub Global Consultancy, dedicada en apariencia a informar y a tramitar visados de estudiante, de trabajo y de turista para viajar a otros países.

El cobro, en cambio, se centralizaba en el entorno familiar más estrecho. El pago se realizaba a la esposa del acusado, Jusna Akter, que se habría servido de una empresa pantalla, SS Enterprise, tanto para recibir el dinero como para gestionar el desplazamiento desde Bangladés hasta Mauritania. Ese esquema permitía, sostiene la acusación, separar la captación del cobro y dejar fuera del circuito bancario visible al hombre que daba las órdenes.

Ya en Nuakchot, el acusado se apoyaba en una red de subordinados estable. El escrito identifica entre ellos a Doyal Das, bangladesí asentado en Mauritania, y a los conocidos como Humaiun Alí, Omar Faruk y Bodrul, además de Sumon Shahbag, alias Sumon Bapari, del que la Fiscalía apunta que habría logrado llegar a Europa. Eran ellos quienes sostenían el día a día de la espera: los alojamientos, los turnos en el restaurante y el control de quién había pagado y quién no.

El tramo más peligroso
El último tramo del viaje, el único verdaderamente mortal, no lo ejecutaba la organización con medios propios. Cuando el migrante reunía el dinero que le faltaba, los responsables del grupo subcontrataban a los organizadores de pateras de subsaharianos instalados en Mauritania y Marruecos. Lo hacían, sostiene la acusación, a sabiendas de la precariedad de unas embarcaciones que carecían de medidas de seguridad.

Satisfecha la totalidad del precio, el acusado facilitaba el traslado de sus clientes hasta la localidad desde la que zarparía la embarcación, Tan Tan o Dajla, en Marruecos, y los ponía en manos de intermediarios con infraestructura propia para fletar cayucos. El escrito menciona a la persona identificada como Ali Sangare, sobre la que pesa una orden internacional de busca y captura y que, sin pertenecer directamente a la organización del acusado, colaboraba con ella a través de su estructura, y a Saydu Sy, asentado en Mauritania y también dueño de sus propios medios para fletar embarcaciones.

El relato de la fiscal concreta esa actividad en seis embarcaciones de la ruta canaria en las que, junto a los pasajeros subsaharianos, viajaban clientes asiáticos de la red. La primera es una patera que zarpó de las costas africanas el 2 de junio de 2021 con 52 personas a bordo, 4 de ellas bangladesíes, y que naufragó sin que pudiera ser rescatada. A ella se suman la neumática que alcanzó Fuerteventura el 7 de septiembre de 2021 con 3 pakistaníes y 50 subsaharianos, la que llegó a Gran Canaria el 25 de enero de 2022 con nueve bangladesíes y 52 subsaharianos y la que arribó a Fuerteventura el 30 de enero de 2022 con 5 bangladesíes y 47 subsaharianos. El listado se cierra con el cayuco que tocó tierra en Gran Canaria el 18 de octubre de 2022, aquel en el que viajaba el propio Shipon Miah, y con otro llegado el 5 de febrero de 2024 en el que viajaba uno de los testigos protegidos de la causa.

El acusado ha llegado al banquillo por la vía de la cooperación internacional. Una vez que el juez instructor dictó una orden de busca y captura, fue identificado y localizado en Mauritania, donde la Policía española trabajaba desde hacía meses con la Gendarmería del país africano para frenar el intento de las mafias de la ruta atlántica de expandir su negocio a Asia. Fue detenido el 9 de agosto de 2024 y España cursó formalmente la petición de extradición el 21 del mismo mes. Las autoridades mauritanas lo entregaron el 18 de febrero de 2025 y desde esa fecha permanece en prisión provisional.

Precedentes
La vista de este miércoles no es el primer episodio judicial de la trama. En junio de 2024, la propia Sección Segunda condenó a Shipon Miah a tres años y seis meses de cárcel después de que reconociera los hechos y pactara la pena con la Fiscalía. Aquel acusado se encargaba de buscar y alquilar a su nombre los alojamientos donde esperaban los migrantes asiáticos en Mauritania, por los que cobraba 200 euros por persona, y de facilitar la entrada de viajeros en Mauritania, Argelia o Marruecos.

Su declaración resultó determinante. La ampliación de esa confesión, recogida en un acta de la UCRIF que figura entre la prueba documental del juicio de este miércoles, permitió poner nombre al resto de la estructura y dio pie a las órdenes europeas de detención y a las solicitudes de extradición que acabarían situando al acusado en un avión rumbo a Gran Canaria. La fiscal Teseida García advirtió entonces de que la organización «sigue operativa» pese a las detenciones, aunque sus miembros hubieran sido ya identificados en África.
Hasta 73 embarcaciones desde Mauritania, Sáhara y Marruecos
El alcance que la Policía atribuye a la organización desborda con mucho las seis embarcaciones que se juzgan. Los investigadores calculan que el grupo dirigido por el acusado fletó 73 embarcaciones precarias desde Mauritania, el Sáhara y Marruecos con destino a Canarias entre 2021 y 2025, con casi 3.600 personas a bordo, y sitúan en unas 180 las que murieron en el mar. Esas cifras, que no forman parte del escrito de acusación que se ventila este miércoles, explican por qué la operación fue considerada una de las más importantes abiertas contra la rama asiática de la ruta atlántica.

El rastro de ese negocio llevaba meses siendo visible en los muelles canarios. Los cayucos que llegaban a El Hierro o a Lanzarote no solo transportaban a ciudadanos de Mali, Senegal o Gambia, sino también a bangladesíes y pakistaníes que habían salido de Asia semanas antes en un vuelo comercial. Los propios migrantes relataron a las autoridades españolas, una vez en las islas, que los integrantes de la red empleaban la violencia, los coaccionaban para sacarles más dinero del acordado e incluso llegaban a secuestrarlos durante períodos de tiempo, agredirlos y emplear armas de fuego.

Mohamed Sharjhan Sheak, nacido el 3 de octubre de 1974 en Bangladés y sin antecedentes penales, se enfrenta a la vista amparado por la presunción de inocencia. La Fiscalía no aprecia en él circunstancias que modifiquen su responsabilidad criminal y le atribuye los hechos en concepto de autor. La defensa podrá exponer su versión en la sesión de este miércoles, en la que el tribunal escuchará por primera vez en una sala española al hombre al que los investigadores llaman Mastermind.