La crisis de Ceuta tiene desde este fin de semana un

nuevo actor y también nuevas incógnitas. Una furgoneta salió de Pamplona con destino a la ciudad autónoma cargada de ayuda para los migrantes, pero entre mantas y productos básicos viajaba un material mucho más sensible en una frontera sometida desde finales de julio a una presión extraordinaria:

teléfonos móviles, cargadores y baterías externas.

La expedición pertenece a

Negu Gorriak/Derecho a Techo

, un colectivo nacido en Pamplona y vinculado al activismo en favor de migrantes y personas sin hogar que ha decidido trasladar ahora su actividad a Ceuta. No será un viaje aislado porque sus responsables han anunciado

dos brigadas

y aseguran que el material que no haya podido viajar en la primera será transportado por una segunda expedición todavía sin fecha conocida. Lo que tampoco se conoce es cuántos teléfonos han reunido, quién los recibirá en Ceuta, mediante qué organizaciones se distribuirán, qué control habrá sobre su entrega ni quién está financiando los desplazamientos. Son preguntas relevantes porque la iniciativa no se presenta únicamente como una operación asistencial:

el propio colectivo anuncia que pretende realizar «observación activa» sobre el terreno y «poner el cuerpo como escudo»

frente a lo que define como violencia contra los migrantes.

Negu Gorriak sostiene que los móviles constituyen uno de los materiales más demandados por las organizaciones humanitarias que trabajan en Ceuta y asegura que se están documentando casos de sustracción y destrucción de terminales con el propósito de impedir que los migrantes puedan solicitar asilo, puesto que muchos conservarían su documentación en formato digital.

La acusación es grave, pero hasta ahora las informaciones disponibles la atribuyen al propio colectivo y no aportan una constatación independiente de que Policía, Guardia Civil o Ejército estén destruyendo teléfonos con esa finalidad. Tampoco se ha identificado públicamente qué organizaciones humanitarias han solicitado los terminales, cuántos necesitan, quién se encargará de repartirlos ni cuáles serán los criterios para entregarlos. Es precisamente ahí donde comienza una de las incógnitas de esta operación:

una cosa es proporcionar asistencia humanitaria y otra distinta dar por acreditada una acusación contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, hasta el momento, aparece sustentada en la denuncia de quienes promueven la brigada.

El perfil de la organización añade una

dimensión política

que no es irrelevante. Negu Gorriak/Derecho a Techo no se define como una ONG humanitaria convencional. Durante los últimos meses ha participado en Pamplona en movilizaciones por el alojamiento y la regularización de migrantes, ha denunciado actuaciones policiales y ha reclamado espacios públicos para gestionar alojamientos de forma autogestionada.

Apenas unos días antes de emprender el viaje a Ceuta se presentó en Pamplona

Fraktal,

un proyecto impulsado por Katakrak y Koop57 que prevé habilitar un albergue para la emergencia habitacional migrante gestionado con Negu Gorriak, además de espacios para el Centro de Estudios de Katakrak, la denominada Agencia Europea Antifronteras y otras iniciativas. Precisamente la sede de Fraktal ha servido como punto de recogida de los móviles, cargadores y baterías solicitados para Ceuta. Pero tampoco aquí está despejada una cuestión fundamental:

no consta en las informaciones consultadas qué presupuesto tiene la operación de Ceuta, de dónde procede el dinero necesario para los desplazamientos, alojamiento y logística de las dos brigadas ni si existe financiación pública directa o indirecta destinada específicamente a esta expedición.

La organización, en cualquier caso, no oculta el contenido ideológico de su iniciativa.

Responsabiliza de la situación de Ceuta a las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea y de los sucesivos gobiernos españoles, habla de «capitalismo racial» y de «necropolítica del Estado español y del Estado marroquí»

y atribuye a Ceuta un papel relacionado con los intereses del capital y de la industria de la guerra. Su intención declarada es incorporarse a las tareas de emergencia, pero también observar, denunciar e intentar frenar lo que considere agresiones contra migrantes. Sus promotores han llegado a establecer una analogía explícita con la movilización propalestina al asegurar que quieren reproducir, a una escala menor, el espíritu de solidaridad de la Flotilla a Gaza y afirmar que «Gaza está en Ceuta». La comparación, por tanto, no procede de sus críticos: forma parte del discurso público del propio colectivo.

La llegada de la primera brigada terminó además chocando con el clima de máxima tensión que vive la ciudad. Decenas de vecinos se concentraron el domingo en la salida de vehículos del puerto después de que circularan por grupos de WhatsApp mensajes sobre la llegada del colectivo. Durante los incidentes fue atacado el coche de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, en el que también viajaban el abogado y activista Rafael Borrego y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años por su presunta participación en los hechos y la Policía Local identificó a otra persona por resistencia a la autoridad. La investigación continúa abierta. Las informaciones disponibles señalan además que Borrego fue identificado por algunos manifestantes como miembro de Negu Gorriak, algo que él niega.

Mientras,

el movimiento político más significativo se ha producido a más de mil kilómetros de Ceuta. En el Parlamento de Navarra,

PSN, EH Bildu y Geroa Bai

presentaron conjuntamente una declaración que pretendía rechazar los actos de violencia y racismo contra migrantes, las presiones contra ONG y activistas, los incidentes del domingo y, de manera expresa, las amenazas contra Negu Gorriak por su «labor humanitaria y de denuncia social» en Ceuta. Contigo – Zurekin respaldó el texto, UPN se abstuvo y PPN y Vox votaron en contra, por lo que no se alcanzó la unanimidad necesaria para convertirlo en declaración institucional. El dato introduce una derivada política relevante: los socialistas navarros han compartido iniciativa con EH Bildu y Geroa Bai para defender al colectivo frente a las amenazas, aunque de ese respaldo no puede deducirse que el PSN haga suyas todas las acusaciones de Negu Gorriak contra las Fuerzas de Seguridad o el Ejército.

La posición socialista resulta especialmente significativa porque

el colectivo al que el PSN ha respaldado frente a las amenazas responsabiliza expresamente al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener las políticas europeas de externalización de fronteras y acusa al Estado de ejercer una política represiva contra los migrantes.

La organización critica tanto al Ejecutivo actual como a los anteriores y cuestiona la cooperación española y europea con Marruecos. Es decir, el PSN ha promovido una declaración de solidaridad con un colectivo que, al mismo tiempo, dirige una parte sustancial de sus acusaciones contra las políticas migratorias del Gobierno socialista.

Queda además por aclarar qué conocimiento tiene el Gobierno de la actividad que las brigadas pretenden desarrollar en Ceuta.

Sus integrantes anuncian que observarán la actuación de Policía, Guardia Civil y Ejército y que pretenden intervenir para «frenar» lo que consideren ataques contra migrantes. Hasta ahora no consta públicamente qué coordinación mantienen con las autoridades, si han comunicado formalmente sus actividades, qué organizaciones ceutíes colaborarán con ellos o dónde desarrollarán su trabajo. Tampoco está claro quién custodiará y distribuirá los teléfonos ni si existe algún protocolo para hacerlo. Son cuestiones especialmente sensibles después de casi dos meses de una crisis en la que las comunicaciones, las redes sociales y los teléfonos móviles han desempeñado un papel central tanto antes como después de las entradas masivas.