Con críticas de Amnistía Internacional y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha sido recibida la nueva legislación en materia de asilo y extranjería aprobada ayer en referéndum por una aplastante mayoría de suizos. Suiza se convierte así en uno de los países europeos que regula de manera más drástica el ingreso de potenciales refugiados e inmigrantes. De hecho, limita la inmigración de ciudadanos extracomunitarios a personas cualificadas, condiciona las reunificaciones familiares y prevé incluso el envío a prisión de los sin papeles que se nieguen a dejar el país. La situación puede entenderse mejor si se tiene en cuenta que, según cifras oficiales, una de cada cinco personas en Suiza es de origen extranjero (más del 20% de la población), muy por encima de la media de la UE. El ministro de Justicia, promotor del cambio legislativo, lo fundamentó así: «No hay sitio para todos».