El empresario guipuzcoano acusado de contratar ilegalmente a ocho inmigrantes colombianos, cinco de ellos hombres y tres mujeres, no les hizo contrato alguno, no les dio de alta en la Seguridad Social, les dejó a deber salarios y a algunos de ellos nunca les llegó a pagar, según han declarado este lunes varias de sus víctimas.

Los hechos, que están siendo enjuiciados durante esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, se remontan al año 2019 cuando, como han desvelado los perjudicados en la primera sesión de la vista, fueron contactados por el procesado para distintas labores que consistían en desmantelar el local de una discoteca de Lesaka de la que debían sacar maquinaria y diferentes objetos que luego trasladaban a una nave de Astigarraga.

Los varones realizaban labores de mantenimiento, reparto, carga y descarga y conducción de vehículos, mientras que las mujeres llevaban a cabo trabajos de cocina y limpieza por los que, según los casos, supuestamente cobraban entre 10 y 12 euros la hora en jornadas que podían superar las 12 horas dependiendo de los días.

Nave de Astigarraga

Una parte de los inmigrantes han explicado que vivían en la citada nave de Astigarraga, que no estaba preparada para ser una vivienda, aunque había varias camas y una cocina para hacer la comida que compraba el acusado. En algunas oportunidades éste también pagó las comidas a varios de ellos en restaurantes, bares o sidrerías.

Varias de las víctimas han explicado que entraron en contacto con el procesado cuando ya vivían en España y que dejaron de trabajar con él después de que éste les dejara de pagar el dinero que les abonaba semanalmente en metálico, lo que les obligó a recurrir puntualmente a Cáritas para subsistir.

Otros nunca llegaron a percibir cantidad económica alguna y han comentado que no dejaron de trabajar para el encausado porque la necesidad les obligaba a quedarse en la nave de Astigarraga, ya que no tenían adonde acudir.

En este sentido, uno de los trabajadores ha recordado que él llegó a España con una promesa de contrato por parte del empresario que nunca se llegó a sustanciar, después además de haber pagado el billete de avión, y sin que el acusado cumpliera tampoco su promesa de proporcionarle un piso para vivir.

Este afectado ha relatado también que en una ocasión tuvo un percance durante el trabajo en el que se le introdujo una sustancia en el ojo y el acusado se negó a llevarlo al hospital porque, según le indicó, si lo hacía se le podía “caer el pelo”.

Los declarantes han asegurado que el empresario era conocedor de su situación irregular en España y uno ha recordado que en las ocasiones en las que le reclamó el dinero el hombre le daba largas (al igual que a las otras víctimas), si bien en una oportunidad llegó a amenazarle con llamar a la Policía para que lo devolviera a Colombia.

Los inmigrantes alojados en la nave han desvelado que residieron allí hasta que en una ocasión acudió al lugar una persona que les dijo que debían abandonarla en cinco minutos y sacar sus enseres de allí porque de lo contrario avisaría a la Policía.

La Fiscalía reclama tres años de cárcel para el procesado, mientras que la Tesorería de la Seguridad Social, también personada en este procedimiento, pide penas de entre tres y seis años de prisión como responsable de distintos delitos contra los derechos de los trabajadores.

Por su parte, la acusación particular, en representación de los trabajadores, solicita una pena de nueve años de cárcel por cada uno de los ocho afectados con la aplicación de las agravantes de alevosía, abuso de superioridad y de género.

El Ministerio público sostiene que el empresario “nunca tuvo intención de cumplir los compromisos alcanzados verbalmente” con los perjudicados" y “de hecho nunca los cumplió”.

Destaca asimismo que los inmigrantes desarrollaron sus labores “bajo la creencia ficticia” de que el empresario “regularizaría tanto su situación laboral como la personal, dado que así se lo había transmitido a cada uno de ellos”.

La Fiscalía reconoce no obstante que el acusado “actuó con sus facultades intelectivas y volitivas afectadas moderadamente, debido a un trastorno bipolar y a un trastorno por consumo de alcohol, actualmente en abstinencia, pero que padecía en el momento de los hechos”, por lo que accede a aplicarle esta circunstancia como atenuante.