Nicolas Sarkozy cierra en Dakar un acuerdo «histórico» que permite el despliegue de patrullas para frenar la salida de ‘sin papeles’ Ségolène Royal, aspirante socialista a la Presidencia, había anunciado su intención de visitar esta noche Dakar en clave preelectoral – nació allí hace 53 años – , pero Nicolas Sarkozy le adelantó por la derecha – no podía ser de otra manera – y protagonizó el sábado un viaje relámpago para firmar un «acuerdo histórico» de imigración, cuya letra consiente a Francia el despliegue de la Armada en las costas senegalesas.

Puede que el ministro de Interior exagere a beneficio propio al redundar en las dimensiones del documento, pero es indudable que el proyecto francés resulta mucho más concreto del que el Gobierno español logró para contener la marea de cayucos en las islas Canarias.

De hecho, Francia y Senegal se han puesto de acuerdo para concertar bilateralmente los flujos de inmigración y los mecanismos de expulsión que van a arbitrarse cualitativa y cuantitativamente de inmediato. Todo ello partiendo del principio de la inmigración a la carta. Es decir, que París, en sintonía con el Gobierno de Dakar, será generosa en la concesión de visados a estudiantes, hombres de negocios, artistas y deportistas, pero implacable con los sin papeles, los cayucos y la circulación masiva de senegaleses que pretendan alojarse en territorio galo.

En este sentido llama la atención que el país africano haya autorizado a Francia desplegar incondicionalmente sus efectivos militares para controlar las costas y el ajetreo de las embarcaciones clandestinas.

La vigilancia se realizará en sintonía con el Gobierno senegalés y con la recién creada Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras Extracomunitarias (Frontex), aunque París aportará «medios excepcionales», tal como confirmaba anteanoche el ministro de Interior local, Ousmane Ngom. Nada que ver con los pobres recursos que Alfredo Pérez Rubalcaba acordó en Dakar el pasado mes de agosto – un helicóptero y dos patrulleras de la Guardia Civil – para ayudar en clave logística a un Estado cuyo litoral rebasa los 600 kilómetros y cuyas costas han arrojado 25.000 inmigrantes clandestinos a Canarias desde el inicio del año.

Regularización

Sarkozy, radicalmente contrario a la política de regularización de Zapatero, ha tenido en cuenta el escarmiento español. Sobre todo porque los hilos históricos coloniales y el argumento de la francofonía convierten a Francia en un territorio fértil a los flujos de población senegalesa.

Para contenerlos, el ministro de Interior defiende a ultranza el programa de inmigración concertada rubricado en Dakar: «Es un ejemplo que tiene que cundir en otros países. Ni Europa ni Francia pueden convertirse en Eldorado. Seamos conscientes de que la apertura general de las fronteras implicaría en poco tiempo una desestabilización de nuestras sociedades y traería consigo la llegada al poder de los partidos xenófobos», explicaba Sarko antes de regresar a París.

El acuerdo bilateral también supone que Francia se compromete a financiar proyectos de desarrollo económico en Senegal. Empezando con una partida de 2,5 millones de euros para programas agrícolas en las zonas más pobres del país subsahariano. Todo ello, en un contexto electoral – los comicios presidenciales se celebran en primavera de 2007 – , puesto que la inmigración figura entre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos franceses.

Sarkozy, virtual candidato de su partido (UMP), madrugó más que Ségoléne Royal, quizás porque conocía que su rival había anunciado un viaje a Dakar los días 25 y 26 de septiembre. «¿Ha venido usted a Senegal porque iba a hacerlo la señora Royal?, le preguntaron capciosamente. Sarkozy aceptó la cuestión deportivamente, pero respondió malicioso: «Hagamos la pregunta al revés. ¿No será que Ségolène Royal viene a Dakar porque sabía que iba a hacerlo yo?

Rivalidades al margen, el ministro de Interior francés explicó el modelo de permiso que iba a establecerse para los ciudadanos senegaleses. Podrán permanecer en Francia tres de cada seis meses y tendrá un vigor de cinco años en espera de renovarlo con mayores derechos y privilegios.