RAFAEL J. ALVAREZ

Aragón y País Vasco se suman a Madrid y Cantabria en la marea de repatriaciones de jóvenes tutelados declaradas ilegales por los jueces MADRID. – Expulsar a oscuras y sin todas las de la ley a menores tutelados va calando, un goteo de inmigrantes que las comunidades y el Ministerio del Interior suelta con nocturnidad como lastre de extranjería. A los casos denunciados de gobiernos autónomos como el de Madrid o el de Cantabria, se unen ahora otros: Aragón y País Vasco, intentonas paralizadas por jueces que ven el desorden legal de algunas órdenes de expulsión.

Aunque contradictoria en sí misma, la repatriación de un menor tutelado por una comunidad es una práctica legal… siempre que reúna un puñado de condiciones. La ley exige un informe previo de los servicios sociales sobre la integración del menor en nuestro país y un documento sobre la situación y la predisposición de la familia de origen a recibir al chico. En el caso de ambas circunstancias recomienden el regreso del menor a su país, el chaval debe ser consultado. Y, una vez dictada la expulsión, el menor tiene derecho a recibir la notificación antes y contar con asistencia letrada, como exigió el informe de 2005 del Defensor del Pueblo.

Los abogados cuentan que la posibilidad de repatriar a un menor es una puerta que se abre para casos excepcionales: chicos que quieren volver a su país, que han cometido aquí delitos o que tienen una familia que les reclama en su Tercer Mundo.

Para todo lo demás, la tutela debe significar tutela. Cuando un inmigrante acogido por una comunidad autónoma va haciendo su vida junto a otros menores nada inmigrantes, cuando estudia, cuando está mejor aquí que allí, entonces no puede ser expulsado.

Pero, el 5 de abril de 2006, el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 14 de Madrid colocó en la Justicia lo que ya estaba ocurriendo en los aeropuertos. Aquel día, un juez paralizó la orden de expulsión de B. E., un menor tutelado por la Comunidad de Madrid y esposado por la Policía Nacional camino de Marruecos. La orden del juez llegó a tiempo de parar el despegue y sacar al chico del avión. Desde entonces, varios autos judiciales han evitado otras repatriaciones ilegales.

Aragón: repatriar con el padre en la cárcel y la madre desaparecida.

A Wadie, un chaval tutelado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales desde el pasado febrero, lo quisieron mandar de vuelta a Marruecos este verano sin pedir permiso. El 22 de junio, la Subdelegación del Gobierno en Huesca emitió una orden de repatriación que debería ejecutarse el 3 de agosto. Pero los abogados del chico lograron que un juez estudiara el asunto unos días antes del viaje involuntario de Wadie. El magistrado López Causapé detuvo la expulsión el 31 de julio y citó a las partes cuatro días después en el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 1 de Huesca.

Aquel día, el Estado argumentó ante el juez que Wadir debía volver a Marruecos porque aquí no hay familiares que puedan hacerse cargo de él, lo que sí podrían garantizar sus padres, que residen en Nador, «o, en su defecto, los servicios de protección de menores de Marruecos».

El problema es que al magistrado se le despertaron dudas sobre las condiciones del reagrupamiento familiar que exige la ley española para repatriar. «La entrega de un menor ya tutelado por los servicios de protección a la infancia y adolescencia del Gobierno de Aragón a otros servicios de la misma naturaleza del Reino de Marruecos, probablemente dotados de menos medios materiales y personales, no obedece a los principios de reagrupación familiar», sospecha el auto del 4 de agosto.

Pero, el magistrado debió descubrir la chapuza gubernamental cuando oyó los informes del centro de tutela el chico. Una de las educadoras contó que el padre de Wadie está interno en una prisión marroquí y que la madre no tiene relación alguna con su hijo, entre otras cosas, porque «hay indicios de que la mujer está fuera de Marruecos».

Causapé estima que el interés del menor tiene una «especial protección frente al interés del Estado en cumplir la Ley de Extranjería». Y es que el Gobierno aragonés y el central querían deshacerse de un adolescente que había cursado «positivamente» 4º de ESO, que había sido ya admitido para la Formación Profesional y que había demostrado una «adaptación muy favorable». Sentencia: se suspende la repatriación.

País Vasco: repatriar sería un acto «irreversible».

El auto del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 4 de Bilbao firmado por el magistrado Fernando Goizueta el 18 de julio ha permitido a Bilal quedarse un poco más en España.

Sobre el joven pesaba una orden de repatriación de la Brigada de Extranjería de Vizcaya, pero los abogados del chico pidieron al juzgado la suspensión cautelar de la medida.

El auto de Goizueta es un recorrido técnico por la conveniencia de detener toda orden que no acredite hasta la última coma su legalidad. «Si bien es cierto que las actuaciones administrativas son ejecutivas (…), desde el punto de vista de los principios democráticos de división y separación de poderes (…) han de someterse plenamente al control jurisdiccional».

Sin siquiera entrar en el fondo, el juez estima que «si se procede a la ejecución de la salida del territorio consiguiente a la repatriación acordada en vía administrativa se produciría una situación irreversible». Y eso, «haría ineficaz la tutela judicial sin que pueda presumirse (… ) que de su adopción pueda seguirse una perturbación inmediata de los intereses generales o de terceros». Sentencia: se suspende la repatriación.