El auto en el que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acordó el pasado miércoles la práctica de una docena de diligencias planteadas por la Fiscalía para investigar la existencia de posibles delitos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta supone un despliegue policial inédito: una docena de unidades y estructuras de la Policía Nacional y seis de la Guardia Civil, además de tres organismos de inteligencia, entre ellos el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han recibido encargos de la magistrada de elaborar informes sobre la llegada irregular “de entre 75.000 y 85.000 personas” a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio. Además, una empresa privada también participará. La complejidad de parte de las encomiendas ―en algunas de las cuales varias unidades deberán trabajar en paralelo― y la incertidumbre sobre si se podrán alcanzar los resultados solicitados por la magistrada auguran una investigación prolongada en el tiempo, señalan fuentes policiales.

La jueza dirige el grueso de las peticiones a la Policía Nacional, como titular de las competencias de extranjería y, sobre todo, al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad que elaboró a finales de agosto un informe que apuntaba al supuesto “guiado activo” de migrantes por parte de agentes marroquíes. A este centro le ha encomendado ahora cinco informes. En uno de estos encargos, los agentes del CENIF deben recoger la “organización digital” del salto masivo al que hacían alusión en su primer documento. Es decir, “la relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada”, detalla Tardón.

Con esos primeros datos, el CENIF deberá elaborar un segundo informe que incluya teléfonos, perfiles, geolocalización y relación de usuarios de los perfiles de estas redes sociales implicados. La magistrada anuncia en la misma resolución la tramitación de comisiones rogatorias (solicitudes de colaboración judicial) a empresas como Meta o Google para recabar datos en este sentido. También ha pedido a este grupo policial que elabore un informe sobre quién pudo planificar y coordinar el traslado de los migrantes hasta la frontera y los supuestos vínculos entre organizadores, dinamizadores y los propios participantes en el salto.

Además, el CENIF deberá completar los datos contenidos en su primer informe sobre los traslados ilegales de migrantes desde Ceuta a la península en las últimas semanas ―la Policía Nacional ha desarticulado varios grupos que cobraban hasta 9.000 euros― y realizar un análisis biométrico y reconocimiento facial de los supuestos “dinamizadores” de la entrada masiva a partir de las fotografías que incluyó en su informe de finales de agosto, que generó una polémica política por apuntar al supuesto papel de “agentes marroquíes no uniformados” en la misma.

Captura del informe de la Policía Nacional sobre la entrada masiva a Ceuta en la que se muestran a agentes “dinamizadores” de Marruecos.
Esta labor de identificación a través de estudios biométricos y faciales también se la ha encargado la juez a otras unidades de la Policía Nacional. En concreto, a la Comisaría General de Policía Científica ―integrada por expertos en aplicar métodos científicos y técnicos en la investigación de delitos―, a la Comisaría General de Información ―responsable de la lucha contra el terrorismo y otras amenazas graves― y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) ―dedicada a la captación y análisis de información de grupos criminales y que forma parte de la Comisaría General de Policía Judicial―. A todos ellos les pide que comparen las imágenes de estos supuestos “dinamizadores” con las contenidas en bases de datos de organismos policiales internacionales como Interpol y Europol.

A la Comisaría General de Información le ha encomendado además elaborar un estudio sobre personas, grupos u organizaciones con capacidad para planificar y coordinar una entrada tan masiva como la de Ceuta. Idéntico encargo han recibido el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (Cefront), la Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica y la Unidad Central de Fronteras, todas ellas integradas en la Comisaría General de Extranjería. En todos los casos, la magistrada les pide que también remitan el flujo de alertas, informes, comunicaciones, correos electrónicos y documentación operativa que manejaron entre el 20 de julio y el 7 de agosto sobre el posible riesgo de una entrada masiva en Ceuta, parte de la cual fue desclasificada por el Gobierno el pasado 9 de septiembre.

Similar solicitud ha hecho la magistrada al Centro Nacional de Comunicaciones ―que depende de la Dirección Adjunta Operativa (DAO)―, a la unidad de coordinación de la Comisaría General de Información y a la Jefatura Superior de Ceuta, a la que reclama también las imágenes grabadas por el sistema de videovigilancia fronterizo, sobre todo en la zona cercana al espigón de El Tarajal, donde se produjo la entrada masiva. También ha solicitado información sobre las comunicaciones intercambiadas aquellos días a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, al Ministerio del Interior y al director del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) de Ceuta, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por otra parte, la jueza pide a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe sobre el origen de la posible financiación de la movilización, incluyendo posibles movimientos de dinero por el sistema conocido como hawala (transferencias de fondos que no dejan rastro bancario y que es utilizada tanto por emigrantes como por redes criminales), así como la logística utilizada en el traslado de migrantes hasta la frontera. Dependiendo de los datos aportados por esta unidad, la jueza no descarta requerir un informe al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). A la propia Dirección General de la Policía le pide que designe expertos para identificar a sus agentes que aparecen en las imágenes y vídeos de aquellos días para determinar “unidad, rango, funciones y reconstruir la cadena de mando operativa”.

La magistrada ha hecho esta misma petición a la Dirección General de la Guardia Civil, cuerpo en el que ha implicado a otras cinco estructuras. Así, a la Jefatura de Información (responsable de la lucha antiterrorista y contra graves amenazas) le ha pedido que le remita un análisis de los posibles organizadores y de situaciones anteriores comparables a la entrada masiva de julio, como la de mayo de 2021. Además, a uno de sus grupos, la Unidad Central 3, le reclama las alertas, informes y comunicaciones previas que apuntasen a que podía ocurrir lo que finalmente pasó. Idéntica petición ha hecho a la Jefatura Fiscal y de Fronteras, y al Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras. Por último, a la Unidad Central Operativa (UCO) le reclama un informe similar al de la UDEF sobre el origen de la posible financiación de la entrada masiva.

Más allá de ambos cuerpos policiales, la jueza se ha dirigido al CNI y al Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Al servicio secreto le reclama toda la documentación que tuviera sobre la situación en la frontera de Ceuta antes, durante y después de la entrada masiva. Además, le encarga un informe sobre posibles organizadores, promotores o grupos implicados en las mismas, así como recopilar toda la información posible sobre las campañas en redes sociales que hubieran podido influir en el suceso. Al EMAD le requiere que aporte las imágenes satelitales de la zona de Ceuta y Fnideq (la antigua Castillejos) obtenidas por su Mando de Operaciones (MOPS), el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), así como las obtenidas por medios aéreos, terrestres o marítimos de las Fuerzas Armadas o por los sistemas de vigilancia de la frontera. También le reclama que le informe sobre las alertas, comunicaciones y evaluaciones de riesgo que hubiera emitido y sus destinatarios.

A la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (organismo integrado en Interior que se encarga de coordinar actividades de ciberseguridad y la lucha contra la delincuencia en internet) le pide la elaboración de informes sobre la actividad digital detectada antes y durante la entrada masiva, así como las posibles campañas en redes sociales y canales de mensajería ligadas a la convocatoria del salto. Por último, solicita a la empresa madrileña IH Iberia ―que comercializa un sistema de análisis automático por inteligencia artificial de imágenes satelitales conocido como SEDA― que le informe de las peticiones de imágenes que recibió antes, durante y después de la entrada de julio de la zona fronteriza de Ceuta con Marruecos hasta cinco kilómetros dentro del país africano, así como la identidad de quién las solicitó.