Los hechos son de sobra conocidos. Unas 80.000 personas, según las cifras extraoficiales, cruzaron masivamente la frontera de España con Marruecos entre los días 30 y 31 del pasado mes de julio. A las pocas horas, el presidente del Gobierno,

Pedro Sánchez

, se desplazó hasta la ciudad de Ceuta, habló de «un ataque, una violación a la integridad territorial» y se marchó a descansar a La Mareta, residencia oficial de veraneo en Lanzarote. Por más de tres semanas.

Fernando Grande – Marlaska, ministro del Interior, permaneció un día y medio de guardia. La idea que transmitió Sánchez es que no se iría hasta que la situación estuviera bajo control. A tal conclusión llegaron el 1 de agosto. En rueda de prensa, Marlaska proclamó que casi todos los que entraron habían retornado y que, como mucho, quedaban unos 2.000. El ministro de Transportes, Óscar Puente, escribió en su trinchera:

«Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez». Y el tres de agosto todos estaban de vacaciones.

Todos, menos un político austriaco que decidió postergar unos días su periodo estival por la crisis de Ceuta. Su cargo: comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones. Su nombre:

Magnus Brunner. Según ha podido saber LA RAZÓN por fuentes del ejecutivo comunitario, el comisario, en los días posteriores de estallar la crisis

«quiso viajar a Ceuta y el Gobierno de España le dijo que no».

El argumento fue: «La situación está prácticamente solucionada». Mismo argumento de puertas para fuera que de puertas para dentro. Pero, además, el Gobierno le comunicó al comisario que no habría nadie para acompañarle en una hipotética visita.

«Los ministros están de vacaciones».

El 4 de agosto, de hecho, el comisario declaró en una conferencia de prensa desde la delegación de la Comisión en Bruselas que Europa había «superado la prueba» tras la crisis migratoria de Ceuta al lograr controlar la situación y evitar movimientos hacia el resto del espacio Schengen.

No obstante, entonces, defendió que el episodio obligaba a extraer

«las lecciones correctas»

y a acelerar la aplicación de las nuevas políticas europeas en materia de fronteras y migración. Y lanzó una crítica hacia la regularización masiva acometida por el Gobierno:

«No es una buena señal».

Un discurso que en nada se parecía a la realidad de Ceuta, donde todavía hoy permanecen más de 10.000 inmigrantes. Aunque no existe un dato oficial. En los albergues habilitados por el Gobierno hay 6.000 personas. Los servicios de acogida de la administración local tienen registrados a más de 2.000 menores no acompañados. Y las calles de la ciudad autónoma todavía están repletas de gente que duerme al raso o en los asentamientos ilegales.

Nada parecido a la normalidad que quiso decretar el Ejecutivo en los días posteriores a la invasión. Y que sirvió de pretexto para disuadir al responsable europeo de Inmigración a hacer un viaje al epicentro de la emergencia.

El pasado 8 de septiembre, el presidente ceutí,

Juan Jesús Vivas

, acudió a Bruselas para reunirse en primera persona con la presidenta del Parlamento,

Roberta Metsola

, con el comisario Brunner y con la comisaria del Mediterráneo. El primer paso de un camino trazado por su formación para conseguir una mayor implicación de Europa en la resolución de la crisis. Vivas cursó entonces una invitación para que la presidenta de la Comisión,

Úrsula Von der Leyen

, acuda a visitar Ceuta.

Por su parte, Brunner se desplazó el pasado jueves hasta Madrid, donde tuvo distintos encuentros: con los ministros de Interior y Migraciones: Marlaska y Elma Saiz, y con el líder del PP,

Alberto Núñez Feijóo. Génova, en una nota que envió a los medios, informó: «Ambos han coincidido en la necesidad de habilitar todos los recursos del Estado para

proceder al retorno inmediato de todas las personas que entraron irregularmente

, de conformidad con la legislación nacional y europea».

El objetivo del PP es recabar el apoyo de las autoridades europeas para que la solución de Ceuta venga por una política de «retornos» y no de «repartos», como denunció en estas páginas la responsable de Coordinación Sectorial,

Alma Ezcurra.

«Se utiliza mucho como argumento el derecho internacional, europeo y hasta el nacional como excusa para decir que no es tan fácil o no se puede hacer. No es verdad. Hay instrumentos nacionales y europeos que permiten el retorno y la reagrupación familiar en el caso de los menores.

Quiero recordar que está en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo

, que prevé que todas las personas que entran de forma irregular en las fronteras de un Estado miembro tienen dos vías: retorno o asilo», recalcó en la entrevista que publicó este domingo LA RAZÓN.

La semana pasada, el PP europeo, con el voto favorable de liberales y conservadores, logró aprobar una resolución en el Pleno de la Eurocámara que ponía deberes al Gobierno de Sánchez. Le emplazaba a poner todos los medios a su alcance para zanjar la crisis. También calificaba como

«invasión»

lo ocurrido y recordaba a Marruecos la soberanía española de Ceuta y Melilla.

Hoy, se desplazará hasta Ceuta una delegación del PP europeo encabezada por su máximo responsable:

Manfred Weber. Junto a él, estarán el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas y Feijóo. Otro paso en su afán por «europeizar» una crisis que sigue lejos de resolverse.