Madrid eleva el tono contra el Ejecutivo central. Tras recurrir ante el Supremo el decreto que regula el reparto de menores migrantes, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales acusa al Gobierno de imponer decisiones que corresponden a las comunidades autónomas y

de actuar con criterios políticos en lugar de priorizar el interés de los menores.

La crisis en Ceuta suma un nuevo «fracaso» a la improvisación del gobierno de Sánchez.

La semana pasada conocimos que Madrid ha recurrido ante el Supremo el decreto que prorroga el reparto forzoso de menores no acompañados porque invade las competencias…

Está relacionado con el Real Decreto – ley en el que alegamos una invasión de competencias porque el sistema de protección de menores no es del Gobierno central, es de las comunidades autónomas. La entrada masiva de menores ha provocado que exploten los sistemas de protección porque no están concebidos para esto, no están concebidos para ser un albergue de menores a pocos días o meses de cumplir la mayoría de edad. Reclamamos que nos dejen actuar bajo un sistema de protección de la infancia que funciona.

Ya tenemos seis procedimientos legales en base a estos repartos.

En uno se adoptaron medidas cautelares y el Tribunal Supremo aceptó que el Gobierno se hiciera cargo de los menores solicitantes de asilo o protección internacional, que esa sí es su responsabilidad por ley.

Entrevista con Ana Dávila – Ponce de León, Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de

Alberto R. Roldán

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¿Considera que el Gobierno central está fracasando en su política respecto a los menores no acompañados?

Por supuesto que sí. Hay menores que han trasladado en contra de su voluntad; menores que tenían familiares en otra comunidad autónoma y les han trasladado a Madrid; menores que cuando cumplen la mayoría de edad se sacan un billete y se vuelven a la comunidad autónoma de origen donde tenían arraigo. No se puede hacer un traslado masivo de personas como paquetes a las comunidades autónomas. Esto tiene un trasfondo político: ¿por qué se ha excluido a Cataluña y al País Vasco, que tienen unos sistemas de protección a la altura?

Se ha utilizado como moneda de cambio a los propios menores.

¿Le ha trasladado el Gobierno la posibilidad de que alguno de los menores que ahora están en Ceuta sean trasladados a la Comunidad de Madrid?

El Gobierno tiene un tejemaneje extrañísimo. El ministro Ángel Víctor Torres ha dicho que van a retornar todos con sus familias en Ceuta. Pero la opinión de la ministra de Infancia es que tienen que ser trasladados como paquetes a las comunidades autónomas sin escucharles, cuando hay menores que quieren retornar con sus familias y familias que quieren que vuelvan. La ministra hizo el intento de involucrarnos en un nuevo reparto forzoso, pero no es una llegada humanitaria en la que tengamos que atender a menores en dificultad: es una invasión.

La Comunidad exigió a la Delegación del Gobierno la tramitación de expedientes de reagrupación de menores conflictivos. ¿Ha habido contestación?

Son 136 expedientes de menores que técnicamente se ha decidido que el interés superior del menor indica que la mejor opción es que procedan a la reunificación familiar. El delegado del Gobierno reconoce en su carta que va a seguir sin hacer nada, y me parece tremendamente grave.

Estos menores que están en centros de la región, ¿han cometido delitos?

Son 400 incidencias con cerca de 300 denuncias; en muchos casos agresiones, agresiones sexuales, hurtos, robos o tenencia ilícita de armas. Nos trasladan a menores a semanas de cumplir la mayoría de edad, no se integran y vienen de las manos de las mafias, con consumos de droga y conductas delictivas. Sobrepasamos el 136% de ocupación.

Cambiando ya un poco de asunto, nos encontramos ya ante el último esprint de la legislatura. ¿Cuáles serán las principales actuaciones de la consejería en Dependencia?

Hemos transformado durante estos tres años el sistema de atención a la dependencia para mejorar la calidad, los cuidados, la atención centrada en la persona y el apoyo a las familias. Por eso hemos impulsado medidas de impacto tanto en residencias como en atención domiciliaria. Con proyectos como el Plan 40/40 hemos transformado la forma de atender en las residencias identificando perfiles de usuarios. En domicilio estamos haciendo lo mismo con el Servicio de Ayuda a Domicilio, más especializado, con profesionales más formadas, mejor remuneradas y adaptadas al tipo de perfil que atienden.

Acaba de mencionar el Plan de residencias 40/40. ¿Cuándo llegará el primer usuario a estos recursos?

Las empresas, desde el momento en el que se adjudica el contrato, tienen dos años para construir la residencia y recibir al primer usuario. Hace pocos meses licitamos la primera residencia en San Blas y también la de Vicálvaro. Antes de dos años veremos los primeros usuarios. Lo importante es que el plan está en marcha. Ya estamos en proceso de licitación y la presidenta anunció cinco más que saldrán en breve. Vamos a licitar este año la mitad de las 40 residencias y el próximo año la otra mitad. Hemos trabajado mucho con los ayuntamientos y con el Ayuntamiento de Madrid en la cesión de parcelas. Todas las comunidades autónomas se han fijado en el proyecto e incluso en Europa nos han felicitado por él.

¿Existe algún municipio en la Comunidad que se esté poniendo pegas para ceder ese espacio para poner en marcha este tipo de residencias?

La alcaldesa de Getafe, el alcalde de Alcorcón, el alcalde de Parla y el alcalde de Fuenlabrada no han querido cedernos ningún terreno. Allí donde la Comunidad de Madrid tiene una parcela, como en Alcorcón, habrá una residencia. En Fuenlabrada o Getafe intentaremos recepcionar una segunda parcela en municipios que sí han ofrecido suelo, como Leganés, para dar cobertura a esos mayores que están en lista de espera y cuyos alcaldes socialistas les están negando esta posibilidad.

¿Cuáles son las últimas ayudas que están poniendo en marcha en la Comunidad de Madrid para los enfermos de ELA?

Hay varias vías de ayudas. La primera es la de la Ley ELA. Fuimos una de las primeras comunidades autónomas en iniciar el procedimiento para que las personas con grado 3 plus y ELA o enfermedades neurodegenerativas similares reciban cuanto antes ayudas económicas. Ya tenemos a 135 personas con grado 3 plus reconocidas y recibiendo ayudas. Hemos eliminado todas las trabas posibles. Las personas reciben la visita de valoración en pocos días y el reconocimiento es prácticamente automático porque no pueden esperar. Están percibiendo íntegramente la cuantía solicitada, hasta el máximo de 9.980 euros, sin reducciones por renta, por prestaciones análogas ni copago. Consideramos que las personas con ELA grado 3 plus no pueden dedicar un euro de su patrimonio a sus cuidados. También hemos pensado en quienes no han alcanzado ese grado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció ayudas directas de hasta 18.000 euros anuales para todos los grados de la enfermedad: 9.000 euros para grado 1, 14.000 para grado 2 y 18.000 para grado 3. Son compatibles con cualquier ayuda de dependencia y servirán para cuidados, adaptaciones de vivienda o vehículos y otras necesidades derivadas de la enfermedad.Para ello habilitaremos un crédito de 10 millones de euros. Estas medidas se suman a todo lo que se está haciendo desde la Consejería de Sanidad, con el Hospital Enfermera Isabel Zendal, las unidades de ELA de los hospitales y la futura residencia para pacientes de ELA que se ubicará donde estaba el antiguo Hospital Puerta de Hierro.

Entrevista con Ana Dávila – Ponce de León, Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de

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Algunos enfermos a veces se quejan de lo que tardan en llegar. ¿Se está trabajando para agilizar que lleguen antes?

Desde luego que sí. En el proceso de solicitud de valoración de la dependencia ya hemos habilitado circunstancias específicas para que se valore inmediatamente la urgencia.

La semana pasada se trasladó hasta la zona de los incendios en la Sierra Oeste ¿Cómo está avanzando esa reconstrucción del territorio ?

La atención en residencias ha recuperado la total normalidad y los usuarios han retomado sus actividades cotidianas. En algunos casos existe una atención psicológica reforzada porque hay personas que han sufrido una afectación emocional importante tras la evacuación.Los centros de atención a personas mayores y con discapacidad funcionan con normalidad. También seguimos ayudando a las personas en domicilio que han necesitado apoyo adicional. Hemos habilitado un crédito de hasta 10 millones de euros y estamos realizando el seguimiento de más de 2.000 personas mediante ayuda a domicilio, apoyo psicológico, trabajo social y acompañamiento en gestiones.