Hay una pregunta que empieza a repetirse en los ministerios y que nadie se atreve a responder con seguridad: ¿cuánto tiempo queda?

No para las próximas vacaciones. Ni para el siguiente Consejo de Ministros. Si no cuánto tiempo queda de legislatura. Cuántos meses tienen todavía los ministros para abrir sus carpetas, rescatar las leyes atrapadas en el Congreso y conseguir que lleguen al BOE antes de que

Pedro Sánchez

pronuncie las palabras que acabarán con todo: elecciones generales.

La respuesta sólo la conoce una persona. Pedro Sánchez guarda con celo la fecha. Es más, juega con ella. Y alrededor del presidente se ha instalado uno de esos ejercicios tan habituales al final de las legislaturas: interpretar al jefe. Los ministros escuchan sus palabras, estudian sus movimientos y hacen apuestas. También sus diputados, que incluso preguntan a los propios periodistas. Una declaración aquí. Un viaje allá. Los Presupuestos. La agenda internacional. El calendario parlamentario.

Cualquier pista sirve para intentar averiguar cuándo piensa pulsar el botón. Pero nadie lo sabe.

Y esa incertidumbre empieza a provocar inquietud en diferentes departamentos del Gobierno. Porque detrás de la quiniela electoral existe un problema mucho más prosaico: hay ministros que no saben si tendrán tiempo de terminar lo que empezaron. Y para un ministro, su carpeta de reformas es el aval con el que intentar tener algo que decir en el próximo ciclo dentro del PSOE.

En alguno de los escenarios que circulan dentro del Ejecutivo quedarían apenas cuatro meses efectivos de legislatura. Cuatro meses para desatascar un Congreso donde se acumulan las normas pendientes y donde el Gobierno necesita construir una mayoría imposible cada vez que quiere aprobar algo. Los ministros hacen cuentas. Hay proyectos que llevan meses esperando.

Otros necesitan todavía una tramitación demasiado larga.

Y algunos departamentos ni siquiera tienen constancia de cuáles de sus iniciativas entrarán finalmente en la lista de prioridades para el último “sprint” parlamentario. El atasco obliga a escoger. Y escoger significa también asumir qué leyes pueden morir con la legislatura.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal

está entre las reformas para las que difícilmente existiría ya tiempo material si se impusiera el calendario más corto, mientras que la modificación de la denominada ley mordaza estaría entre aquellas que el Ejecutivo todavía podría intentar desencallar. En cualquier caso, todo conduce a diciembre.

Una de las hipótesis que se maneja en el Gobierno pasa por presentar unos Presupuestos Generales del Estado navideños, cargados de contenido social y usarlos como gran cartel electoral. De manera que si las cuentas fueran rechazadas, se abriría un escenario que podría conducir a las urnas a finales de febrero o principios de marzo.

Esa es la fecha que más suena.

Sánchez, mientras tanto, mantiene públicamente su intención de llegar a 2027.

Ha descartado hacer coincidir las generales con las municipales y autonómicas. Pero entre decir 2027 y señalar un domingo concreto hay varios meses de diferencia. Y para un ministro esos cuatro meses pueden ser casi una legislatura entera. En ese momento comenzará la carrera para tomar posiciones.

El gran problema es que en todos esos cálculos se ha cruzado Ceuta. El Gobierno había imaginado otro comienzo de curso. Después de meses soportando el desgaste provocado por los casos de corrupción, Moncloa pretendía recuperar el control de la conversación pública y volver a hablar de vivienda, protección social y gestión.

El plan consistía en abandonar poco a poco el terreno defensivo y empezar a enseñar la obra de gobierno con la que Sánchez quiere presentarse de nuevo ante los españoles cuando llegue el momento de las urnas.

Pero Ceuta ha devorado ese plan. La crisis ha demostrado al Ejecutivo hasta qué punto resulta difícil gestionar una emergencia de semejante dimensión y, simultáneamente, desplegar la agenda política que tenía preparada. Dos actos recientes de Sánchez sobre vivienda apenas consiguieron abrirse paso en la conversación pública. «Tenemos todo parado, la verdad», concede una ministra.

Y en Moncloa han tomado nota. Algunos planes y anuncios de medidas sociales se han ralentizado. No necesariamente porque hayan desaparecido de la agenda, sino porque existe el riesgo de consumirlos en un momento en el que Ceuta ocupa prácticamente todo el oxígeno político.

Un Gobierno que quería empezar a hablar de futuro continúa obligado a explicar el presente. Pero el calendario no concede treguas.

Cada semana dedicada a Ceuta es una semana menos para intentar cambiar el marco político. Cada anuncio aplazado se acerca un poco más a unas elecciones cuya fecha desconocen incluso quienes se sientan cada martes alrededor de la mesa del Consejo de Ministros. Y cada ley que permanece atrapada en el Congreso empieza a competir contra el reloj. Por eso los nervios no tienen que ver únicamente con las elecciones.

Tienen que ver con lo que ocurrirá antes.

Los ministros siguen reuniendo a sus equipos, preparando proyectos y defendiendo sus respectivas agenda

s. Pero ahora trabajan con una incógnita sobre la mesa. No saben cuáles de sus leyes llegarán al BOE, cuáles morirán en el Congreso ni cuánto tiempo tienen para intentarlo. Sánchez sigue guardando la fecha. Y mientras el presidente mira hacia las urnas, sus ministros empiezan a mirar el reloj. Las fuentes consultadas admiten, además, que la posibilidad de revalidar el Gobierno es casi cero.

Tanto en el PSOE como en el Gobierno se ha instalado la certeza de que el objetivo es intentar salvar los muebles y evitar un batacazo estrepitoso. Todos dan por hecho que el PP y Vox sumarán una mayoría suficiente y que, tras los pactos en Andalucía, Aragón y Castilla y León, la derecha firmará un pacto para entrar cogida de la mano en el Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez necesita volver a convencer a los suyos. Ceuta no sólo ha abierto una crisis en la frontera. También ha abierto una grieta de credibilidad entre el presidente y una parte del electorado socialista y de izquierdas que inquieta en La Moncloa. El diagnóstico ya está hecho. Ahora toca intentar repararla como sea.

Y para hacerlo, el Gobierno quiere volver a sacar a Sánchez al escaparate.

Fuentes de su núcleo duro consideran que ha llegado el momento de aumentar la exposición pública del presidente y «optimizar» su figura para recuperar una iniciativa política que perdió durante el verano, cuando la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio convirtió Ceuta en el centro de gravedad de toda la legislatura sin marcha atrás.

El movimiento ya se percibe. Sánchez ha concedido varias entrevistas en apenas unos días y su entorno prepara nuevas apariciones. En Moncloa creen que el presidente debe asumir personalmente una parte mayor de la explicación de lo ocurrido. Que sea Sánchez quien explique a Sánchez. Y que utilice esa exposición para intentar reconstruir el vínculo con unos votantes progresistas que, según el análisis interno del Ejecutivo, no han terminado de asumir el relato con el que el Gobierno ha explicado la crisis.

Porque el problema ya no consiste únicamente en recuperar minutos de televisión o cambiar la conversación pública. El problema es la credibilidad. Desde que decenas de miles de personas atravesaron la frontera desde Marruecos, el Gobierno se ha visto obligado a corregir, completar o matizar algunas de las explicaciones ofrecidas sobre lo sucedido. En verdad, en Moncloa hay quien asume que el golpe final lo ha dado Ceuta. Y por eso algunos ven al presidente «fuera de sí mismo», como si hubiera perdido por completo la conexión con la realidad tras ocho años al mando.