Un empresario guipuzcoano se sienta desde hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Gipuzkoa por unos hechos que la Fiscalía considera constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que solicita una pena de tres años de prisión. El procesado está acusado de contratar de forma ilegal a ocho inmigrantes, cinco hombres y tres mujeres.

Los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando uno de los perjudicados, que había llegado a Gipuzkoa con un visado de turista pero con intención de buscar trabajo, recibió del acusado una oferta laboral por 600 euros al mes para trabajar de lunes a viernes. El acuerdo incluía, además, la promesa de regularizar su situación, formalizar un contrato de trabajo y darle de alta en la Seguridad Social.

Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, el procesado, «aprovechando la situación de necesidad», nunca tuvo intención de cumplir esos compromisos. El trabajador llegó a realizar jornadas de hasta 14 horas y a manejar «coches sin licencia». La relación laboral terminó el 10 de julio, cuando los responsables de la empresa le expulsaron de la nave industrial en la que pernoctaba.

El escrito detalla el caso de otro perjudicado que concertó una cita con el acusado el 1 de mayo de 2019. Ese mismo día comenzó a trabajar para él en una discoteca, después de acordar verbalmente un salario de 12 euros por hora, con una pausa para comer al mediodía. Según la Fiscalía, el trabajador se encontraba en una situación de precariedad y necesidad que el acusado conocía.

Durante los meses siguientes desempeñó tareas de mantenimiento, carga y descarga, así como labores de conducción de vehículos y maquinaria industrial en una nave que el acusado había solicitado que le cedieran. En ocasiones, siempre según el escrito de acusación, los trabajos se realizaban sin electricidad, a oscuras y en condiciones de elevada humedad, mientras recibía constantes gritos.

El hombre trabajó para el acusado hasta el 5 de julio de 2019. Durante ese periodo, este le prometió que formalizaría su situación mediante un contrato de trabajo y que le buscaría una vivienda para que pudiera traer a su madre. La Fiscalía sostiene que «nunca tuvo intención de cumplir» esas promesas.

El escrito recoge asimismo el caso de una mujer que comenzó a trabajar para el acusado el 3 de mayo de 2019. Sus labores se centraban en la limpieza y la cocina en una nave industrial. El acusado, según la Fiscalía, era «plenamente conocedor de que carecía de permiso de trabajo y de estancia».

La oferta consistía en un salario de ocho euros por hora y jornadas de entre ocho y diez horas, de lunes a domingo. También en este caso, según el escrito de acusación, el empresario prometió formalizar la relación laboral y darla de alta en la Seguridad Social, algo que finalmente no hizo. Cuando la mujer reclamaba su salario, la Fiscalía señala que el acusado se dirigía a ella con expresiones como «lenta» o «corta» y que incluso la amenazaba con enviarla de vuelta a su país.

Otra de las trabajadoras comenzó a trabajar para el empresario el 19 de mayo de 2019. La oferta inicial consistía en unos 500 o 600 euros al mes, aunque posteriormente pasó a ser de ocho euros por hora. La Fiscalía sostiene que el acusado, «aprovechando la situación de necesidad» de la mujer, incumplió los compromisos adquiridos, como en los casos anteriores. Según el escrito, cuando la trabajadora reclamaba el pago de su salario, el acusado se negaba y le ordenaba que callase, al tiempo que la amenazaba con avisar a la Policía.

El escrito de la Fiscalía recoge otros cuatro casos con un patrón similar. Uno de los trabajadores comenzó a trabajar realizando tareas de limpieza, mantenimiento y almacén y residiendo en la propia nave, «sin las adecuadas condiciones de higiene y seguridad». Otros dos hombres, que llegaron a España a principios de junio, fueron empleados como repartidores, conductores, limpiadores y en tareas de construcción y mantenimiento.

La Fiscalía sostiene que ambos realizaron jornadas de hasta 14 y 12 horas. El último de estos cuatro casos corresponde a una mujer que llegó a España junto a su marido. La trabajadora realizó labores de limpieza y mantenimiento de maquinaria, tanto en la nave como en una discoteca, pero, según la Fiscalía, no llegó a percibir el salario.

El escrito sostiene que el acusado sabía que ninguno de ellos disponía de permiso de residencia o de trabajo y que, pese a ello, les hizo trabajar bajo la promesa de regularizar su situación. La Fiscalía añade que sus facultades intelectivas y volitivas estaban «moderadamente afectadas» en el momento de los hechos por un trastorno bipolar y un trastorno por consumo de alcohol, del que actualmente se encuentra en abstinencia.