El pasado 30 de julio, todo apuntaba a ser un día más en Ceuta. Sin embargo, a primera hora de la mañana, cerca de 80.000 personas llegaron a la ciudad autónoma, cogiendo por sorpresa a todo el mundo que estaba en el lado español de la frontera. Se acababa de desatar una crisis humanitaria sin precedentes, ya que superó con creces a la última de 2021. Murieron 141 personas, 63 de ellas en Marruecos, y numerosos menores han estado en estos dos meses abandonados a su suerte, entre los 1.410 y 2.900 según distintas fuentes del Gobierno español. En este contexto, la labor que desempeñan asociaciones como Save the Children es clave para garantizar la protección y el acompañamiento de estos menores que sufren desatención de un sistema que ya desde antes estaba saturado. Así lo relata Pilar Kaltzada (Donostia, 1970), presidenta de la organización internacional en España desde 2016.

- ¿Cómo se enteró y qué sintió al conocer la noticia de la entrada masiva desde Marruecos?

- La primera noticia la tuvimos a través de los medios de comunicación. Enseguida vimos que iba a ser una situación muy complicada, por la capacidad de la localidad, que en extensión y en recursos, es limitada. Como era previsible, había muchísima gente joven que estaba entrando y enseguida nos pusimos muy alerta, porque sabemos que cuando estas cosas ocurren son los menores quienes están más desprotegidos.

- ¿Cuáles son las prioridades en una crisis migratoria de este tipo cuando hay menores involucrados?

- Localizar y proteger. Eso es inmediatamente lo primero que hay que hacer y ninguna de las dos cosas es sencilla. Es un trabajo muy complejo y la protección desde luego tiene que ser acorde a una serie de protocolos, no basta con que cualquier persona se acerque a un niño o niña. En zonas de frontera, todas las personas están sujetas a muchos criterios de vulnerabilidad, por eso es fundamental que existan recursos para poder localizarlos y saber a ciencia cierta que son menores.

- ¿Hay que priorizar a las niñas en estos casos, especialmente por cuestiones de seguridad en el trato?

- Es un factor extra para todos los menores. En el caso de las niñas y de las adolescentes se multiplica porque sabemos que son mayoritariamente las afectadas por redes de trata, prostitución y violencia sexual. Sabemos que se han autoorganizado de cierta manera para protegerse las unas a las otras. Y con la comunidad de Ceuta también hemos visto que ha habido una atención específica, pero evidentemente las niñas presentan una serie de problemáticas extra, porque también llevábamos ya mucho tiempo monitorizando redes de trata y sabemos que son puntos especialmente vulnerables.

- Desde Save the Children se ha hecho especial énfasis en priorizar la presunción de minoría de edad para evitar la desprotección de los menores migrantes. ¿Por qué?

- La identificación de la minoría de edad es un proceso que es complejo, puesto que tiene una serie de criterios que nuestra organización tiene muy desarrollados y que deben asegurarse. Es decir, frente a una llegada masiva, lo que no se puede hacer es tomar decisiones colectivas.

- ¿Las devoluciones en caliente siguen siendo un peligro, en especial para los menores, pese a la sentencia del Supremo?

- Es una vulneración de sus derechos cuando esa devolución se hace sin las garantías necesarias. En el caso de niños y adolescentes, cualquier retorno debe realizarse conforme al procedimiento que está previsto legalmente, garantizando su protección y las condiciones de acogida. Se habla de manera muy genérica de retornarlos a las familias, sin saber realmente cuál es la situación de partida de estos menores. Hay que dejar claro que escuchar al menor no es un capricho, es un derecho que tiene reconocido.

- ¿Qué es lo más complicado en todo el proceso desde que se detecta la entrada de un menor en otro país, en este caso de Marruecos a Ceuta?

- Sin duda, la atención personalizada, especialmente cuando lo que hemos visto es que se dan las dos circunstancias que definen los términos de una crisis; una llegada masiva con miles de personas entrando en un espacio y recursos absolutamente tensionados, por debajo de lo que es necesario. No se puede hacer frente al proceso ya que requiere de un tiempo y de recursos especializados. En esas circunstancias es muy difícil hacer una evaluación individualizada como exige la ley.

- ¿Qué obligaciones tiene el Estado a la hora de la acogida de los menores migrantes?, ¿y las comunidades autónomas?

- Las obligaciones están acordadas por todas las instituciones y están sometidas a todos los procedimientos de protección de los derechos de la infancia. Todas las comunidades forman parte de estos acuerdos y saben que su obligación es la protección y velar por el bien superior del menor. Desde nuestra mirada, lo que entendemos es que las instituciones y sus responsables públicos tienen que gestionar esa obligación. Necesitamos que las instituciones sean capaces de llevar a término acuerdos ambiciosos porque necesitan serlo con estos volúmenes de entradas, además de garantizar una acogida digna. Es necesario una respuesta coordinada ante las necesidades de los niños y adolescentes para hacer posible la protección de la infancia, que es la prioridad de la política transversal.

- ¿Euskadi es una comunidad especialmente acogedora, pese a tener los servicios de acogida ya tensionados?

- Los datos dicen que Euskadi está respondiendo, e históricamente responde, de una manera proporcional a sus capacidades, tensionándose mucho los sistemas de protección. Somos conscientes de que no es un proceso ni técnicamente ni políticamente sencillo, pero creemos que el compromiso con la infancia debe estar por encima de cualquier otra consideración.

- ¿Cuál es el procedimiento con un menor?, ¿hay que hacer lo posible por una reagrupación con la familia?

- La reagrupación con la familia de origen, en términos absolutos o generalistas, suena a que debería ser la primera de las medidas a considerar. Y ojalá se diesen las condiciones para que esto sea así en la mayoría de los casos. Pero no podemos presuponer que por un lado sea posible y que por otro lado sea la mejor solución para este menor. Por eso insistimos muchísimo en que lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el bien superior del menor. Y para hacerlo, necesitamos recursos especializados que sean capaces de acompañar a esa persona, teniendo en cuenta su edad y su nivel de madurez para determinar cuál es ese bien superior. En muchos casos, en efecto, es el reagrupamiento familiar, pero no en todos los casos. Y es fundamental que el sistema, si realmente es protector, sea capaz de discernir claramente cuándo eso es posible y deseable y cuándo no lo es.