Alma Ezcurra

acaba de llegar a Madrid desde Estrasburgo, donde tiene escaño en el Parlamento Europeo. Viene contenta. El jueves, el Pleno resolvió con una holgada mayoría condenar la «invasión en Ceuta». Es vicesecretaria de Coordinación Sectorial y el oráculo del PP para la inmigración. Y la Ley de Nietos. Los dos temas que marcan la pauta de la actualidad.

Es viernes. En una sala de Génova 13, recibe a LA RAZÓN. A la misma hora en la que unos 1.700 inmigrantes llegan al Puerto de Ceuta, infraestructura estratégica de la ciudad. La operación se ha podido llevar a cabo gracias al aval de la Justicia, que inicialmente expresó sus reservas.

¿Qué le parece la decisión de la Audiencia?

No puedo más que respetarla. Me preocupa bastante más que el Gobierno ponga campamentos con números concretos de camas sin saber cuánta gente hay todavía, que emprenda una operación de traslado de miles de personas que llevan mucho tiempo en una situación complicada en una ciudad muy estresada sin avisar ni a las autoridades del Puerto ni al gobierno de Ceuta, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieran mal avisadas y no hubiera un número suficiente de agentes para garantizar la seguridad de todos: las personas que están atendiendo ese campamento, los ceutíes y los propios inmigrantes que se han abalanzado unos sobre otros para intentar conseguir una plaza después de casi 50 días de situación desesperada.

¿Siguen faltando efectivos?

No hay una dotación suficiente de miembros de la Administración General del Estado para hacerse cargo de la situación. Ni desde el punto de vista de la seguridad, ni de la Extranjería, ni sanitario. La pregunta es por qué el Gobierno renuncia a una suficiente presencia del Estado para resolver una crisis que claramente es de Estado.

¿Se debería aplicar el Estado de Alarma?

Los estados de excepción constitucional son para situaciones de excepción, cuando los recursos, funciones y habilidades del Estado no alcanzan para hacer frente a determinadas situaciones. La pregunta aquí es: ¿Está haciendo el Estado todo lo que puede para resolver la situación? La respuesta es: no. Por tanto, el Estado de excepción no sería tanto para controlar la situación como para redirigir la acción de un Gobierno que no está cumpliendo con su principal función constitucional, que es garantizar las fronteras, la seguridad de todos los ciudadanos y la integridad territorial.

Entrevista con Alma Ezcurra, eurodiputada del PP y Vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popula

Alberto R. Roldán

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¿Los inmigrantes deben ser devueltos a Marruecos?

Todos. Lo explicó de una manera muy gráfica y acertada el presidente Juan Jesús Vivas cuando vino a Madrid. Dijo que como se quede uno solo la próxima vez no serán 80.000. Serán 100.000, 200.000 o 300.000. Esto no es una crisis migratoria como pretende hacer ver el Gobierno. Es un problema de Seguridad Nacional, un ataque a nuestra integridad territorial y un desafío a nuestra soberanía. No podemos lanzar el mensaje de que hacer una cosa como esta puede reportar algún beneficio a las personas que han entrado.

Pasemos del deseo a la realidad. ¿De verdad van a ser retornados todos?

No veo por qué no. Es cuestión de voluntad política. El Gobierno de Marruecos lo ha dicho de manera oficial y oficiosa en varias ocasiones. Lo han dicho la Comisión y el Parlamento Europeo, en la resolución que se ha aprobado por una amplia mayoría. Lo ha dicho el Gobierno de España. Se utiliza mucho como argumento el derecho internacional, europeo y hasta el nacional como excusa para decir que no es tan fácil o no se puede hacer. No es verdad. Hay instrumentos nacionales y europeos que permiten el retorno y la reagrupación familiar en el caso de los menores. Quiero recordar que está en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que prevé que todas las personas que entran de forma irregular en las fronteras de un Estado miembro tienen dos vías: retorno o asilo. Y si no eres solicitante de asilo o titular que pueda optar de manera clara a esa protección internacional, lo que tienes que hacer es retornar. Si eres solicitante de asilo hay que analizar de dónde vienes. Si vienes de un país seguro, y Marruecos es un país seguro, se presume, los plazos se acortan. Pero no sólo eso, Marruecos es tercer país seguro, lo que significa que como país de tránsito, personas que hubieran venido de otros países que no sean seguros y que han pasado por Marruecos podrían haber solicitado la protección internacional allí, porque Marruecos es un país seguro. Y por tanto, también se acortan los plazos y hay una presunción de que, en principio, no optas a ese derecho de asilo.

Hablemos, por ejemplo, de un subsahariano de Nigeria o Burkina Faso, zonas en conflicto ahora mismo.

Pudo solicitar el asilo en Marruecos. Si Marruecos ha dicho que está dispuesto también a recibir a ese subsahariano, existe un convenio desde el año 92 que habla del retorno de nacionales de terceros países que provengan de Marruecos y hayan pasado a España. Existe un instrumento bilateral de derecho internacional que podríamos aplicar. Existe un Pacto Europeo de Migración y Asilo que dice que a ese nacional de un tercer país se le puede retornar a Marruecos y que Marruecos tramite esa solicitud de protección internacional. Así que un nacional de un tercer país que viene a España y solicita protección internacional en una situación de guerra híbrida, tiene que ser retornado a Marruecos para que no se lance a más nacionales de terceros países en una situación de necesidad como arma de guerra híbrida.

¿Y si Marruecos no los acepta?

El Gobierno tendrá que explicar si Marruecos acepta o no. Lo que sabemos por lo que dice el Gobierno es que es un socio leal, que ha mostrado cooperación desde el principio, que quiere recibirlos a todos: nacionales y no nacionales, adultos y niños. Si Marruecos no está aceptando a ese nacional de tercer país, que lo explique el Gobierno.

¿Pero el PP qué haría en caso de que Marruecos no los acepte?

No contemplamos otra solución. Es que Marruecos ha dicho que retornen. La Comisión Europea ha dicho que retornen. La voluntad de los ceutíes y los españoles es que retornen. Y Marruecos es un país seguro. Y lo acepta.

¿Hay pruebas de que Marruecos está detrás de esa guerra híbrida?

Las pruebas son un elemento que valoran los jueces. Como el procedimiento está abierto, lo vamos a comprobar todos. Hay hechos y conforme a esos hechos el PP saca su propia conclusión. Tenemos una serie de informes que se han desclasificado y que indican que tanto la inteligencia española como la marroquí sabían que se estaba produciendo un desplazamiento inusitado de un volumen muy alto de personas a través de la frontera. Sabemos que fue comunicado a la Delegación del Gobierno. Hubo reuniones. Luego, empleemos un poco el sentido común. Cuando 80.000 personas cruzan una frontera a toque de silbato y 60.000 – son cifras que calculo, porque el Gobierno no ha dado ninguna – vuelven al mismo toque de silbato, alguien toca el silbato. Y si alguien toca el silbato y desafía nuestra soberanía a través de nuestras fronteras, es una invasión, una agresión, una instrumentalización, un ataque híbrido, utilizando a seres humanos.

Entrevista con Alma Ezcurra, eurodiputada del PP y Vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popula

Alberto R. Roldán

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¿Y cómo se endereza la relación con Marruecos para evitar que vuelva a pasar algo parecido?

Una de las mayores dificultades que tiene la relación exterior con Marruecos es que España es una democracia y Marruecos no. Eso siempre dificulta un poco las cosas. Marruecos es nuestro vecino. Uno en su casa tiene que llevarse bien con el vecino. Las relaciones de vecindad se basan en dos cosas: buena fe y reciprocidad. Si Marruecos ha podido contener esta invasión y no lo ha hecho, habrá que hacerle saber que no estamos de acuerdo. Marruecos defiende sus intereses y nosotros los nuestros. Así hemos convivido muchos años. Marruecos entiende el lenguaje de la reciprocidad y España debe hablar el lenguaje de la reciprocidad con toda contundencia y normalidad.

¿Y cómo reaccionaría un gobierno del PP en una situación similar?

Lo primero: levantar el teléfono y decirle al Gobierno de Marruecos qué está pasando y exigir esta reciprocidad. Segundo, una autoridad única. Cuando Marruecos ve que esto sucede y no hay nadie al mando, no tiene ningún incentivo para solucionarlo. Estaba todo el Gobierno de vacaciones. A río revuelto, ganancia de pescadores. Luego, un país se toma en serio cuando se toma en serio también sus fronteras. Nosotros teníamos la frontera abierta de par en par. Sabíamos desde principios de julio que el Tribunal Supremo había dictado una sentencia que hacía esa frontera particularmente vulnerable. Todo se podría haber evitado con una conversación honesta con Marruecos. Sin dar virajes en materia de política internacional. Estando al pie del cañón y no de vacaciones. Haciendo reformas legislativas.

¿Qué reformas hacen falta para atajar la situación en Ceuta y prevenir futuribles asaltos?

Supongo que las leyes se pueden perfeccionar. Pero no acepto la premisa de que hacen falta reformas legislativas para hacerse cargo de la situación. El Pacto Europeo de Migración y Asilo tiene una multitud de normas que son de aplicación directa en España. En materia de retornos está el Reglamento de Crisis, el gran desconocido. Define las situaciones de instrumentalización de la inmigración como acto de ataque híbrido y prevé un acortamiento de los plazos. Acciones inmediatas para retornar a las personas. Lo que pasa es que lo que ha sucedido en Ceuta es un poco el resumen de la política de Pedro Sánchez durante estos años: ha hecho desaparecer el Estado. Tenemos el Estado más grande de nuestra democracia, el más costoso y el menos eficaz. El que menos presencia tiene allá donde la tiene que tener.

Habla de ataque híbrido, pero la mayoría de inmigrantes cruzaron la frontera para huir del régimen de Mohamed VI. El Gobierno habla de humanidad. Hay un debate ulterior: Marruecos tiene a una población vulnerable deseando salir.

¿Y nos tenemos que hacer cargo los españoles de la situación política que se vive en Marruecos? Me parece una pregunta muy lícita. Como en Marruecos lo están pasando mal ¿se tiene que hacer cargo España? ¿Europa? Llevar esto al argumento de la humanidad en los términos que lo hace el Gobierno es aceptar que hay vidas de primera y de segunda. Es aceptar que hay personas que pueden ser utilizadas como instrumento de guerra híbrida y que por protegerlas a ellas hay que desproteger todo lo que hay detrás. Cuando un Estado desafía la soberanía de otro vulnerando sus fronteras no es una crisis migratoria es una agresión. Cuando un Gobierno sabe que eso va a ocurrir y no hace nada es negligencia. Cuando hay miedo en las calles, los policías son agredidos, miles de personas llevan cincuenta días pasando hambre sin saber cuál es el rumbo, se está generando una situación de peligro para las personas que han entrado y para las personas de Ceuta. ¿Eso es humanidad? A mí me parece una dejación de funciones negligente. Y creo que implica una responsabilidad política y estoy segura de que también judicial.

¿Qué perspectivas tiene el PP con la investigación judicial?

Dejar trabajar a los jueces. No vamos a participar nunca en ningún tipo de presión al Poder Judicial, como por otro lado, para escándalo cada vez de menos gente, el Gobierno sí hace. No vamos a interferir en una investigación que nos parece muy oportuna. La ciudad de Ceuta se ha personado. El día 30 viene el presidente a declarar como testigo. Vamos a aportar toda la información. El Gobierno ha desclasificado documentos. Quedan unos cuantos sin desclasificar. Habrá que evaluar toda la documentación.

¿Ustedes también están personados, qué piensan hacer?

Dejar que se produzcan todas las diligencias. Cuando tengamos toda la información, continuaremos. Todas las responsabilidades, todas y de todos, se van a esclarecer. Porque es el hecho más grave que ha sucedido en España en los últimos 50 años.

¿Sánchez debe rendir cuentas?

Sin duda.

Entrevista con Alma Ezcurra, eurodiputada del PP y Vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popula

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Vayamos al debate sobre los menores: ¿el PP ha vetado el traslado de niños a la península por la presión de Vox?

Es que no ha habido ninguna propuesta de traslado. Aún así: esto no va de reparto, va de retorno. Y para que haya retorno, que es la competencia previa y primera, el gobierno tiene que hacer su labor. Esto no es un problema de las comunidades autónomas ni del del gobierno de Ceuta. Es un problema que el Gobierno de Pedro Sánchez, con los medios suficientes, tiene que resolver.

Pongamos que los expedientes impiden el retorno. ¿Los niños se quedarán en Ceuta?

¿Pero por qué se van a resolver de manera desfavorable? Si Marruecos no responde, el Gobierno tendría que salir previamente y decir que no es un socio leal, que no es un cooperador en esta crisis y en materia migratoria en general. Lo segundo, las razones por las que se puede resolver de manera desfavorable es porque se considere que los servicios de acogida del país del que vienen no son suficientes. No veo ninguna razón por la que esos menores no puedan ser retornados a sus familias o a los servicios de atención social del país del que provienen.

Capítulo aparte: Ley de Nietos. ¿Preparaba el Gobierno de los Sánchez un pucherazo electoral mediante la alteración del censo?

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho las cosas bien.

¿Pero preparaba un pucherazo electoral?

El Gobierno ha dicho que el Supremo tiene que resolver rápido el proceso y como mínimo antes de las elecciones, porque el derecho al voto es muy importante. El mismo Gobierno que decía que la Ley de Nietos era una cuestión de reparación histórica, que no tenía nada que ver con el voto. La pregunta es: ¿tenía una intención electoral el Gobierno de Pedro Sánchez? Sí. Y el principal partido de la oposición y creo que cualquier español en su sano juicio lo que tiene que hacer es dudar del Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Y por qué la duda?

La Ley de Memoria Democrática, en una disposición adicional, establece el derecho a solicitar la nacionalidad a los descendientes de españoles que hubieran salido de España por motivos de exilio. La Dirección General de Fe Pública, ostentada por Sofía Puente, hermana de Óscar Puente, dicta una instrucción, sin debate parlamentario, que amplía esto en tres ámbitos: en el material, el temporal y el generacional. En el material relaja completamente los requisitos de justificación del exilio. Temporalmente, porque amplía el periodo, y generacionalmente, porque ya no son sólo nietos: también bisnietos y tataranietos, y hemos visto casos documentados. Esto tiene como resultado que 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad española. En Cuba se calcula que más o menos hubo unos 500 exiliados. Hay 350.000 solicitudes de nacionalidad. Entonces, o esos exiliados se reprodujeron extraordinariamente, o es difícil que te salgan las cuentas en este momento. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la ley. Nos parece que las leyes no tienen que establecer memorias. Y la recurrimos. No estamos de acuerdo con la instrucción de Sofía Puente. Lo denunció Alberto Núñez Feijóo desde enero de este año, para rubor de mucha gente. Y lo que están diciendo los tribunales ahora es que tenía razón.

¿Pero el PP está a favor de que los descendientes de exiliados por el franquismo tengan la nacionalidad española?

Sí.

¿Y deberían votar?

Con la legislación actual en la mano puede votar. La pregunta, y es legítima, y es un debate que se ha abierto en España, es si la nacionalidad implica el derecho al voto. Me parece un debate muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta una cosa que no es casualidad: el Gobierno de Sánchez es el que más nacionalidades ha concedido en la historia democrática. Sin contar la Ley de Nietos. Ha concedido el doble de las concedidas por Rajoy y el doble que las concedidas por Zapatero. Cuando ya le metes la Ley de Nietos estamos hablando de más de 4 millones de nacionalidades españolas. Esto exige una reflexión. Hace 20 años habían nacido fuera de España, residiendo en España un 2% de la población. Ahora estamos hablando de un 20%.

¿Qué expectativas tienen con respecto a la actuación del Supremo?

Nosotros ya solicitamos la revisión de la nulidad de oficio y estamos convencidos de su ilegalidad. Creemos que esa instrucción es nula de pleno derecho.

¿Y qué implicación tendría? ¿Es decir, las personas que ya han conseguido la nacionalidad con esa ley la perderían?

Hay que revisar todos los procedimientos y analizar documentalmente si se cumplen los requisitos en los términos de la disposición adicional y no en los términos de la instrucción que posteriormente se dictó. Va a tener una consecuencia positiva de transparencia y de garantías de todo el sistema, porque la nacionalidad es algo muy importante. Es ciudadanía, son derechos. Es el mayor título que la Nación puede conceder y, por tanto, tiene que estar protegida por una serie de garantías y por un procedimiento riguroso. Y eso siempre va a ser una buena noticia para quien hace las cosas bien, para quien las hace mal, a lo mejor no.

Entrevista con Alma Ezcurra, eurodiputada del PP y Vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popula

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