La contienda judicial por el control de los espacios portuarios de Ceuta suma un nuevo e importante capítulo. La Audiencia Nacional ha acordado admitir a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la orden ministerial que autorizó la utilización del puerto de la ciudad autónoma como dispositivo de acogida temporal de migrantes.

El recurso impugna la resolución o directiva dictada el pasado 5 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mediante la cual el departamento que dirige Óscar Puente asumió la ocupación de unos 16.000 metros cuadrados del dominio público portuario para instalar carpas y pabellones de emergencia.

En su escrito de acuerdos, la Audiencia Nacional requiere formalmente al Ministerio de Transportes para que, en un plazo improrrogable de veinte días, ordene la remisión a la sala del expediente administrativo completo, debidamente foliado, indexado y con copia autenticada de todas las actuaciones. Asimismo, la resolución judicial impone al Ministerio el mandato de emplazar en el plazo de cinco días a todos los interesados en el procedimiento —entre los que se sitúan la propia Autoridad Portuaria y la Ciudad Autónoma— para que puedan personarse como demandados en un plazo de nueve días.

Esta admisión a trámite supone la apertura formal de la vía judicial ordinaria para examinar la legalidad de la maniobra del Ejecutivo central, en paralelo a los pronunciamientos que el tribunal ha ido emitiendo sobre las medidas cautelares y cautelarísimas solicitadas por los demandantes. El SUP ha venido denunciando que el dispositivo de recepción compromete la seguridad y la prevención de riesgos laborales de los agentes, al situar a miles de personas en una infraestructura crítica colindante con depósitos de combustible y la red de distribución eléctrica local.

La resolución del órgano judicial llega en un contexto de altísima tensión en Ceuta, marcado por los recientes traslados masivos de miles de migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hacia la ampliación del muelle de Poniente. Aunque la infraestructura modular rozó el colapso a las pocas horas de su apertura tras cubrir sus 1.700 plazas disponibles, Moncloa ha seguido defendiendo el uso del recinto marítimo como la única alternativa logística inmediata para realizar el triaje, la filiación y el inicio de los trámites de devolución.

Con este paso, la Audiencia Nacional estrecha el cerco administrativo sobre la actuación de Transportes y obliga a Moncloa a justificar documentalmente los informes técnicos, de seguridad y de oportunidad que sustentaron la ocupación del puerto. Contra la resolución de admisión cabe aún interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.

A pesar de la intensa jornada vivida este viernes, la situación en el litoral ceutí ha amanecido este sábado bajo una relativa tranquilidad. Tras el convulso operativo policial que trasladó a 1.700 personas desde las playas de Benítez y El Trampolín hacia la ampliación del muelle de Poniente, el movimiento masivo sobre la arena se ha detenido. En las primeras horas de la mañana, el goteo de migrantes que intentaban desplazarse hacia el recinto portuario ha cesado casi por completo, devolviendo una calma tensa a dos de los principales focos de tensión de la crisis.

Esta aparente normalidad se produce después de que el dispositivo de acogida provisional instalado en el puerto colgara el cartel de completo a mediodía de ayer tras cubrir sus 1.700 plazas disponibles. El desbordamiento de las carpas instaladas en la zona portuaria obligó a más de 2.000 migrantes a regresar a los asentamientos informales de las playas, donde continúan malviviendo a la intemperie mientras la Ciudad Autónoma mantiene paralizadas las labores de limpieza e higienización del entorno hasta que los espacios queden desocupados por completo.

El contexto en la ciudad sigue siendo de extrema fragilidad, con un censo estimado por el Ejecutivo central de entre 9.000 y 10.000 migrantes repartidos por distintos puntos del municipio tras las entradas masivas registradas a finales de julio. La calma relativa en las playas contrasta con el intenso choque político e institucional abierto en los tribunales, donde la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso del SUP contra la cesión del suelo portuario por parte del Ministerio de Transportes, en una jornada en la que las administraciones tratan de coordinar el inicio de la filiación y el triaje administrativo de los adultos y de los más de 2.000 menores identificados.