El Gobierno defiende que la operación llevada a cabo este viernes en Ceuta para ubicar en las infraestructuras habilitadas en el puerto de la ciudad autónoma a 1.700 inmigrantes que permanecían en las playas de El Trampolín y la colindante Benítez puede calificarse de «éxito», pese al caos vivido a primera hora de la mañana, cuando la Policía tuvo que hacer disparos al aire para tratar de contener una estampida que dejó a varias personas heridas. Insiste en que las impactantes imágenes de cientos de inmigrantes corriendo hacia la instalación no son representativas de un dispositivo que, según el ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, se ha saldado sin «incidentes graves». Y tilda de «irresponsable» al PP por sus críticas.

En Moncloa argumentan que el operativo tenía una complicación añadida respecto a los realizados previamente y es que la decisión de la Audiencia Nacional de suspender, el pasado miércoles, a petición del Sindicato Unificado de Policía, la utilización de las carpas habilitadas en el puerto de Ceuta puso todo el «foco informativo» en este realojo. El jueves, la Audiencia levantó la medida cautelarísima, de modo que los migrantes, alegan, sabían de antemano que su traslado era «inminente» y estaban prevenidos para intentar garantizarse una plaza a la mínima señal. Es decir, que atribuyen a la resolución judicial una suerte de «efecto llamada». «No ha habido violencia, no ha habido altercados, sino un civismo absoluto. El PP vive en una ensoñación, imagina una realidad paralela», replican.

Con el desplazamiento de este viernes, el Ejecutivo calcula que ya ha logrado ubicar en recursos del Estado y campamentos de acogida temporal a unas 6.000 personas, pero en las calles de Ceuta quedan aún miles de los migrantes que entraron en la avalancha de julio. Sánchez habló el lunes de crear 10.000 plazas. O sea, que según sus estimaciones, aún podrían faltar otras 4.000. Pero el Gobierno ceutí calcula (tirando a la baja, matizan) que son casi el doble, unas 7.000, las personas que todavía pernoctan al raso y a las que no se ha podido filiar, el paso previo para iniciar los procedimientos de asilo o expulsión.

Torres insistió en un vídeo publicado en redes sociales en que se seguirán habilitando otros emplazamientos si fuera preciso. «No tenemos más voluntad que alcanzar cuanto antes la normalidad», dijo, tras agradecer su labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «El objetivo es que puedan ser filiados, se puedan incoar sus expedientes y sean devueltos aquellos que no puedan permanecer en nuestro país acorde a la ley, que es lo que va a ocurrir – subrayó – en la mayoría de los casos».