El despliegue del macrooperativo policial para desalojar los asentamientos de personas en situación irregular en las playas de Benítez y El Trampolín con el que el Gobierno pretendía lograr un punto de inflexión en la crisis que soporta Ceuta desde el pasado julio se saldó este viernes con el traslado al puerto previsto, pero también con disturbios y un nuevo choque institucional. Desde las 6:30 horas de la mañana, un contingente formado por 170 agentes de la Policía Nacional – en su mayoría de la Unidad de Intervención (UIP), apoyados por drones – y 70 efectivos de la Guardia Civil custodió el traslado a pie de cerca de dos millares de migrantes a lo largo de dos kilómetros hasta el muelle de Poniente. Mientras la Autoridad Portuaria, la oposición y los sindicatos policiales denuncian un dispositivo caótico, el Gobierno se congratula del mismo y lo califica como «sin incidentes», aunque calcula que todavía permanecen en la ciudad autónoma unos 10.000 migrantes, de los que entre 3.000 y 4.000 seguirían en las calles.

Sobre el terreno y pese al despliegue, la capacidad de respuesta del nuevo operativo temporal duró escasas horas. A mediodía, el complejo modular habilitado colgaba el cartel de completo tras cubrir sus 1.700 plazas, obligando a las UIP a desalojar del muelle a cientos de personas que se agolpaban a las puertas con la esperanza de abandonar la intemperie tras un mes y medio vagando por el asfalto y los arenales. Pese al colapso del recinto, el titular de Política Territorial y responsable del mando único de la crisis, Ángel Víctor Torres, aseguraba que la operación había concluido «sin altercados». «Hemos abierto unas nuevas instalaciones con el objetivo de que puedan ser filiados y sean devueltos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley», justificó el ministro.

El principal problema al que se enfrentaba el dispositivo era la diferencia entre el número de personas que permanecen en los asentamientos y la capacidad de las instalaciones para acoger a semejante volumen de personas sin destino. Las estimaciones situaban en más de 4.000 los migrantes entre los asentamientos del Trampolín y Benítez, mientras que el recurso habilitado en el puerto dispone de unas 1.700 plazas.

Por esa misma razón, centenares de personas se vieron obligadas a regresar a las citadas playas del Trampolín y Benítez tras quedarse sin plaza. Ante el retorno masivo de los migrantes, la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de la ciudad autónoma suspendió los trabajos de limpieza y desinfección que tenía programados. El Gobierno ceutí se negó categóricamente a enviar a las brigadas de aseo mientras miles de personas continúen pernoctando sobre la arena.

La intervención buscaba aliviar la presión en una ciudad donde miles de personas continúan malviviendo en la calle, pero ha vuelto a hacer saltar por los aires la ya maltrecha coordinación institucional: el presidente de la Autoridad Portuaria acusaba por la mañana a Moncloa, cuando aún era palpable la tensión por el traslado, de ocultar la operación y de no haber notificado al organismo ni los detalles del traslado ni las modificaciones estructurales ejecutadas en el puerto para adecuarlo a tan excepcional circunstancia. Juan Manuel Doncel expresó un profundo malestar ante la falta de armonización entre las instituciones concernidas, criticando duramente que la comunicación por parte de los ministerios implicados y de la Delegación del Gobierno esté «brillando por su ausencia».

La réplica del Gobierno no se hizo esperar. A través de un mensaje publicado en X, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, responsable de la decisión de que el puerto acoja a quienes entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio contra el criterio del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas, objetó que la operativa de realojo «se ha hecho con absoluta coordinación y colaboración con los técnicos del Puerto» y con el «pleno conocimiento de la consejería de Presidencia de Ceuta». Respecto al reproche sobre la ausencia de notificaciones, trató de zanjar la polémica remarcando que el movimiento de personas era «de público conocimiento» tras haber sido ampliamente difundido por los medios de comunicación.

La oposición, por su parte, no dudó en cargar con dureza contra la gestión del despliegue en el muelle ceutí. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, censuró el convulso traslado y puso como ejemplo las imágenes de cargas y momentos de confusión para acusar al Ejecutivo de no ser «capaz de mantener el orden público». «Esto no es inmigración, los inmigrantes no se enfrentan a la Policía», indicó Feijóo. «Los inmigrantes intentan buscar un trabajo, aunque sean irregulares», distinguió.

Más allá del choque, la operación no resultó nada sencilla. La marcha registró momentos de elevada tensión en las inmediaciones de la playa de Benítez, donde las fuerzas de seguridad tuvieron que emplear material antidisturbios para controlar a la multitud. La situación quedó encauzada al alcanzar el extremo de la playa de Benítez más próximo a la zona industrial que desemboca en el puerto.

Tras la decisión adoptada este jueves por la Audiencia Nacional, que levantó el veto cautelar al recinto, el Gobierno defiendía la puesta en marcha de estas instalaciones como la única vía inmediata para mantener un mínimo de control, orden y supervisión administrativa. Sin embargo, esta estrategia choca de frente con la postura manifestada por los sindicatos policiales SUP y JUPOL, que siguen denunciando que la zona del puerto no cumple las condiciones operativas ni de seguridad necesarias para albergar un contingente de tal magnitud.