La realidad de la presión migratoria ha vuelto a desbordar las previsiones en Ceuta. El nuevo centro de acogida temporal, ubicado en la explanada del Muelle de Poniente, ha completado su aforo máximo de 1.700 plazas este viernes, apenas unas horas después de abrir sus puertas. El rápido llenado del recinto ha truncado las esperanzas de miles de migrantes que, tras aguardar bajo custodia policial, se han visto obligadas a desandar el camino y regresar a los asentamientos informales en las playas de Benítez y el Trampolín.

El operativo, que pretendía canalizar la saturación humanitaria que arrastra la ciudad autónoma desde la entrada masiva del pasado 30 de julio, se ha saldado con un éxito logístico a medias. Fuentes del Gobierno español dieron por culminado el traslado de las 1.700 personas que ya ocupan las carpas del puerto, asegurando que el dispositivo finalizó “con normalidad y sin incidencias destacables”. No obstante, la estampa posterior al desalojo desmiente cualquier atisbo de resolución definitiva: la brecha entre la capacidad del recurso y las necesidades reales sigue siendo insostenible.

Despliegue de seguridad y momentos de tensión

El dispositivo policial comenzó a fraguarse a las 7:15 horas con un imponente despliegue de 170 agentes de la Policía Nacional —incluyendo unidades de la UIP y técnicos de drones— y 70 efectivos de la Guardia Civil (procedentes del GRS y la USECIC). La tarea consistía en concentrar a más de 3.000 migrantes repartidos entre las playas para conducirlos, en una columna humana a lo largo del paseo marítimo, hacia las inmediaciones de la nave de San Pablo, punto de acceso al nuevo campamento.

Fue en la fase de canalización, diseñada en grupos de un centenar de personas para proceder a una filiación ordenada, donde la desesperación rompió el orden. Temiendo quedarse fuera, decenas de jóvenes rompieron a la carrera el cordón de seguridad, forzando la intervención de las fuerzas del orden. Para contener la avalancha y recuperar el control, los agentes recurrieron al uso de medidas disuasorias y disparos al aire, escenas que reflejan la extrema volatilidad de una situación que se prolonga ya durante 50 días. El incidente fue controlado con rapidez y no dejó heridos de gravedad.

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A partir del mediodía, el flujo migratorio invirtió su marcha. Aquellos que no lograron rebasar el control de acceso asumieron que las plazas estaban agotadas y regresaron a las playas de Benítez. Allí, algunos comenzaron a reocupar las chabolas y enseres abandonados horas antes por sus compañeros de viaje. A este retorno se sumó un factor de efecto llamada interno: migrantes ocultos en los montes de la ciudad se desplazaron a la costa confiando en que el puerto abriría más espacio.

El Gobierno Sánchez defiende que, con el nuevo recurso del muelle, Ceuta cuenta ya con más de 6.000 plazas de acogida temporal. Sin embargo, la brecha de estimaciones entre administraciones expone la magnitud del problema. Mientras que el Ejecutivo español sitúa en 10.000 los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad (6.000 albergados y entre 3.000 y 4.000 en las calles), el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Alejandro Ramírez, eleva de forma “muy conservadora” la cifra a cerca de 13.000 personas todavía en territorio ceutí, de las 20.000 que cruzaron inicialmente.

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La apertura del campamento portuario se produce tras superar un último obstáculo judicial. La Audiencia Nacional rechazó suspender cautelarmente la instalación, una medida que había sido solicitada con carácter de urgencia por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) alegando problemas de seguridad para la plantilla.

Ante el “caos” actual, el Gobierno ceutí urge a un cambio de estrategia radical. Alejandro Ramírez ha advertido que estas escenas de tensión se repetirán sistemáticamente si el Ministerio del Interior no activa recursos de filiación eficaces y, sobre todo, si no se inician los procesos de devolución inmediata a Marruecos. Para el Ejecutivo de Vivas, la reubicación en campamentos provisionales —como el proyectado en el acuartelamiento de Montesa o Fuerte Mendizábal— solo parchea de forma temporal una crisis estructural que exige diplomacia y firmeza fronteriza.