Unos 300 trabajadores de Corea del Sur preparan acciones legales contra la Administración de Donald Trump por la redada migratoria de septiembre del año pasado en una planta de baterías de las compañías surcoreanas Hyundai y LG en Georgia (EE.UU.) tras la que los detenidos denunciaron abusos e irregularidades.

Su abogado, identificado por su apellido Lee, explicó al diario surcoreano Kyunghyang Shinmun que prevé completar antes de fin de año las reclamaciones administrativas ante nueve organismos federales, incluidos los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Los trabajadores solicitarán primero una indemnización por vía administrativa, un trámite obligatorio antes de poder presentar una demanda judicial, explicó el diario.

Lee denunció que los derechos de los trabajadores fueron vulnerados y señaló que buscan que Washington reconozca lo ocurrido y se disculpe.

La redada del 4 de septiembre de 2025 en las obras de la planta de baterías conjunta de Hyundai y LG Energy Solution dejó 475 detenidos, entre ellos 316 surcoreanos deportados. La mayoría eran empleados de LG o subcontratistas.

Las imágenes mostraron a trabajadores esposados y encadenados. Tras su repatriación, denunciaron hacinamiento, instalaciones insalubres, burlas y firmas de documentos cuyo contenido no comprendían. Seúl anunció entonces que investigaría posibles vulneraciones de derechos humanos.

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Pese al incidente, Hyundai anunció inversiones adicionales de 2.700 millones de dólares en Georgia. En noviembre, HL-GA Battery Company, responsable de la fábrica, confirmó a Efe el regreso de especialistas surcoreanos, sin precisar cuántos de los 316 deportados habían retornado.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, propuso en octubre un ‘visado de manufactura’ para que técnicos extranjeros pudieran permanecer legalmente hasta 90 días instalando maquinaria y formando a empleados locales, con el objetivo de evitar episodios similares.