El Gobierno ha asumido que la crisis de Ceuta se ha cronificado y busca contra el reloj una solución para avanzar en la «estabilización» de la situación. Y mientras eso ocurre, el argumentario se va modulando para tratar de escapar del coste político por la falta de respuestas a la ciudadanía. La aspiración inmediata no es la «normalización», pues reconocen que eso llevará meses, pero sí dan máxima prioridad a la reubicación de los migrantes en diferentes emplazamientos dentro de la ciudad autónoma. Consideran que es el paso necesario para sacarlos de las calles con el impacto para la seguridad ciudadana que esto conlleva y tener así localizados a los grupos de personas a los que deben filiar para tramitar su devolución, si procediera.

Por ello, en el Ejecutivo causó un profundo malestar la decisión de la Audiencia Nacional el miércoles de paralizar cautelarmente el campamento que estaba previsto situar en el puerto. En una primera reacción, las fuentes gubernamentales consultadas no ocultaron su «perplejidad« ante una decisión que frenaba «una solución operativa inmediata sobre el terreno». El Gobierno se mostró muy crítico, porque el fallo judicial paralizaba «un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente» y que, en la práctica, iba a permitir alojar a 1.700 personas. Esto hizo que del shock inicial se fuera mudando a la indignación, para comenzar a alimentar la teoría del «boicot» a su gestión en Ceuta.

La frustración era máxima y un alto cargo gubernamental se preguntaba: «¿Qué quieren que hagamos con los inmigrantes?». Esta sensación de impotencia se buscó proyectar hacia el exterior, trasladando que estaban atados de manos para poder atajar la crisis. Sin embargo, el relato apenas se sostuvo unas horas. Las que pasaron hasta que, de nuevo, la Audiencia Nacional decidió levantar la suspensión y permitir al Gobierno que se alojara a los migrantes en el puerto. Una montaña rusa de emociones. De la «perplejidad» y el enfado a la «satisfacción» y el alivio.
Es importante destacar que, en esta ocasión, desde Moncloa han evitado lanzarse en tromba contra los jueces ante la necesidad de que adoptaran rápidamente una decisión definitiva. Todos los portavoces oficiales que se mostraban críticos en privado, eran mucho más cautos en público en sus peticiones, casi en forma de ruego, de que las medidas cautelares «se resuelvan cuanto antes». Apremiaban, porque el emplazamiento estaba ya preparado para poder utilizarse y la suspensión complicaba todavía más el horizonte de sacar a los migrantes de las calles.

«Celebramos la rapidez con la que la Audiencia Nacional ha resuelto el recurso», se felicitaron fuentes gubernamentales, incidiendo en que «los terrenos del puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo». Esta actitud dista un abismo de la que algunos dirigentes socialistas han desplegado hasta ahora con la magistrada María Tardón, cuya imparcialidad se ha cuestionado abiertamente en la investigación por la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La jueza sigue dando pasos en su instrucción y este miércoles citó como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al ex jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, que dimitió destapando las mentiras de quien había sido su superior.

«Celebramos la rapidez con la que la Audiencia Nacional ha resuelto el recurso», se felicitan ahora en el Ejecutivo

La ubicación del campamento en el puerto ha estado envuelta en la polémica desde el principio. Los emplazamientos para acoger a los migrantes que deambulan por las calles o viven en chabolas improvisadas en las playas de Ceuta han generado fricciones evidentes entre el Gobierno central y el de la ciudad autónoma. La administración regional ha vetado algunas ubicaciones, por la presión vecinal, y ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo, el Ejecutivo optó por tomar el control de la infraestructura con una orden ministerial del titular del ramo, Óscar Puente.
Desde Moncloa han defendido en todo momento que «sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas», algo que consideran que «es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta». Todo ello, además, «diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público». Sin embargo, la ubicación no está siendo sencilla y esto ha hecho que se desate una guerra entre Moncloa y Vivas, a quien acusan de haber sucumbido a la estrategia de Génova y contra quien van a dar la batalla de la gestión: «Si decide jugar, cartas sobre la mesa».