Cuando se cumplen más de 50 días de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, la situación sigue siendo igual de dramática. No hay un horizonte temporal creíble de cierta normalidad para la ciudad autónoma, ni garantías de que Marruecos vaya a colaborar con los retornos prometidos. El Gobierno, que insiste en que las devoluciones se harán y que trata de buscar una solución para los inmigrantes que son menores – 2.048 filiados y otros 1.000 que podrían seguir deambulando por las calles- cada vez está más solo en Europa. Ese aislamiento quedó en evidencia el jueves cuando la Eurocámara, con sede en Estrasburgo, aprobó por amplia mayoría una resolución que define lo ocurrido en Ceuta como una «invasión». Es decir, ni una crisis migratoria más ni un episodio comparable con otros anteriores. En el Ejecutivo asumen que las posiciones europeas complican todo el escenario, hablan de una «auténtica ofensiva» contra el Gobierno de Pedro Sánchez y de «presiones» claras para que ni un solo inmigrante llegue a la Península.

Una ministra del Gobierno de coalición reconoce incluso que en estas semanas «le han llamado a capítulo», refiriéndose a comisarios, con comunicaciones en privado sobre la crisis y las actuaciones de los ministerios. Esas presiones se llevan acumulando tiempo porque en Europa han dejado claro que el único camino posible pasa por los retornos a Marruecos. Lo contrario implicaría que todos ellos entraran automáticamente en el Espacio Schengen. Otra prueba de esas presiones llegó el jueves tras la reunión que el ministro del Interior, Magnus Brunner, mantuvo con los ministros Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz. El ministro del Interior negó ante el comisario la «existencia de movimientos secundarios» de inmigrantes desde la ciudad autónoma a la Península. «Es un riesgo y una preocupación infundados», llegó a decir Marlaska, pidiendo a su homólogo europeo que «traslade» ese mensaje al resto de socios comunitarios. Asumía así la exigencia de Bruselas de que eso no ocurra.
La visión generalizada de la UE ya quedó clara con la inédita carta que firmaron 22 primeros ministros a principios de agosto. Fue la primera reacción política de los europeos ante la crisis ceutí, pidiendo una reunión urgente de todos los titulares de Interior y atribuyendo de forma implícita lo sucedido a que las regularizaciones masivas en España habían actuado como «factor de atracción». El Gobierno es consciente de que el giro de la Unión Europea en la política migratoria –España ya es la excepción– está influyendo mucho en esta crisis.
Y la realidad es que en este ambiente de enfrentamiento de Sánchez con 22 países, la situación ha obligado a Bruselas a imponer esa exigencia encima de la mesa. La formulación permanente de la Comisión Europea es que «para salvar Schengen, todos los que se encuentran en Ceuta en situación irregular deben regresar a Marruecos, incluyendo los menores». Seguramente, según fuentes comunitarias, a consecuencia de las múltiples llamadas que se han ido intercambiando entre Madrid y Bruselas, el comisario Brunner ha terminado aceptando añadir la coletilla «cumpliendo las leyes» españolas y comunitarias. Algo que en otras ocasiones no sería necesario subrayar. La realidad es que sí se han producido los primeros traslados de cinco niñas inmigrantes a la Comunidad Foral de Navarra. Por ahora, son los únicos.

Malestar en el Gobierno
En el Ejecutivo hay malestar por esa posición europea, aunque insisten en recalcar que está habiendo cooperación. Las críticas más duras vienen del ala minoritaria de Sumar, que llegan a insinuar que Europa trata a España «como una colonia» en esta crisis. Es la ministra de Infancia, Sira Rego, la que lidia con la situación de los menores en la ciudad y que mantiene interlocución con el Gobierno de Juan Jesús Vivas al respecto. La relación entre ambos, que siempre ha sido buena, atraviesa ahora momentos de mucha tensión. La posición del ministerio ahora no deja lugar a dudas: si la presión europea se mantiene igual y el «boicot» de las comunidades gobernadas por el PP persiste, terminará distribuyendo a los menores por la península aplicando el artículo 35 de la ley de extranjería aprobada el año pasado. Eso permitiría al Gobierno reubicar a los chavales sin el aval del PP. Pero también chocaría frontalmente con la directriz europea.

En el Gobierno ven una «auténtica ofensiva» en Europa y las comunidades del PP creen que Sánchez no presiona con los traslados porque Bruselas lo impide

De hecho, las comunidades del PP reconocen que si se aplica el artículo 35 «no podrían hacer nada» y acatarán la legalidad. Ahora bien, también insisten en que «no ven nada claro» que eso acabe haciéndose porque Europa lo ha puesto como línea roja. Los presidentes autonómicos del PP consultados por este periódico ponen el foco en que la parte socialista del Gobierno «ni siquiera está metiendo presión con ese asunto», «ni exigiendo públicamente a las comunidades que nos hagamos cargo de los menores como ha ocurrido en otros momentos. El reparto de menores inmigrantes provocó, de hecho, la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox en 2024. En el PP consideran que Sánchez y los ministros socialistas no alzan la voz porque no pueden saltarse lo establecido por la Comisión Europea. Es una reflexión que también hacen algunas voces de Sumar.
La negativa europea a que los inmigrantes salgan de Ceuta se evidencia también con el hecho de que Bruselas no haya dicho nada sobre los controles simbólicos impuestos por Giorgia Meloni a los viajeros procedentes de España. No lo han dicho porque esos controles se pueden considerar como un símbolo de lo que podría suceder si por alguna razón los inmigrantes ilegales que se encuentran en Ceuta cruzasen el Estrecho. Francia, que no firmó la carta de los 22, sería probablemente el primero en reinstaurar esos controles fronterizos, como ya ha hecho en otras ocasiones. Pero el presidente francés, Emmanuel Macron, visitará Madrid el día 29 de este mes. El Gobierno tiene esa fecha –y la importancia del acontecimiento– también en la cabeza.

Por su parte, el Gobierno autonómico de Ceuta, también siguió con atención el debate de la Eurocámara de este jueves. Y en este momento tiene un enfrentamiento abierto con el Ejecutivo de Sánchez por la «campaña» que han abierto contra el presidente Vivas. «Buscan cualquier cosa menos asumir la responsabilidad. Ahora toca confrontar con nosotros», admiten en el entorno del presidente de la ciudad autónoma. En Ceuta mantienen la premisa de que todos los llegados el 30 y 31 de julio deben salir cuanto antes hacia Marruecos. Reconocen tener «muy poca fe» en el proceso de reagrupación familiar para los menores, habida cuenta de los antecedentes en la crisis de 2021. Y, sobre todo, insisten en una reflexión: «El decreto ley para distribuir menores queda sobrepasado. No está pensado para 3.000 menores de sopetón. Una situación tan extraordinaria no se arregla con procedimientos ordinarios». También Ursula von der Leyen se mostró partidaria el jueves de contar con «nuevas herramientas» para situaciones de emergencia como lo ocurrido en Ceuta, que permita «proteger las fronteras en todo momento».