El Gobierno tiene una dificultad añadida en la gestión de la crisis de Ceuta. No es ya que las comunidades del PP se nieguen a ser «solidarias», como recriminan prácticamente a diario los socialistas, y rechacen derivaciones de inmigrantes a la Península para aliviar la presión en la ciudad autónoma, donde todavía miles de personas duermen en las calles o en la playa del Trampolín a la espera de que se habiliten plazas de acogida desde las que dar comienzo a sus expedientes de asilo o devolución. Es que es la propia UE la que no quiere ni oír hablar de esa posibilidad por temor a que, una vez en espacio Schengen (Ceuta no lo es), crucen a otros países comunitarios. Por eso, si en algo puso su empeño el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su reunión con el comisario Magnus Brunner este jueves, fue en garantizar que ni una de las personas que entraron en la avalancha del 30 y 31 de julio ha dado ese salto.

La desconfianza hacia un Ejecutivo con un discurso migratorio tan distinto al que se estila en el resto de Europa, donde hace tiempo que la mayoría de los Gobiernos ha virado a la derecha, provocó ya hace mes y medio decisiones unilaterales tan extremas como la suspensión temporal de la libre circulación con España por parte de la Italia de Giorgia Meloni. Un gesto que provocó un enorme malestar en el Ejecutivo español. De acuerdo con un comunicado remitido por su ministerio, Marlaska hizo hincapié ante Brunner en que no hay «movimientos secundarios» de migrantes desde Ceuta a la Península y reclamó incluso al comisario de Interior que «traslade ese mensaje» a los socios comunitarios para «huir de falsedades». «Es un riesgo y una preocupación infundados», le dijo.
Brunner, perteneciente al PPE, lleva semanas diciendo que la prioridad debe ser que quienes no tienen derecho regresen «rápidamente» a Marruecos

Brunner, comisario de Interior y Migraciones de origen austriaco perteneciente al Partito Popular Europeo, viajó este jueves a Madrid para abordar la cuestión de Ceuta tanto con los ministros Marlaska y Elma Saiz como con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, un día después de afirmar en el Parlamento Europeo que hay que encontrar una solución «con carácter de urgencia» y que la prioridad de la Comisión es que «todas aquellas personas que hayan entrado ilegalmente y no tengan derecho a permanecer aquí deben regresar rápidamente a Marruecos». El Gobierno, replica que ese es también su objetivo y reclamó al comisario cambios legales que permitan «agilizar» los procedimientos, además de que la UE reconozca en la asignación de fondos del Marco Financiero Plurianual el esfuerzo que realiza España en la gestión de «una de las fronteras exteriores más complejas de la UE».

Procedimientos largos
De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta el momento se han realizado en torno a 1.822 triajes, pero solo se ha procedido a 307 expulsiones, aunque el Ejecutivo calcula que ha habido 5.482 retornos voluntarios. El Consejo de Gobierno ceutí acordó el miércoles requerir formalmente a la Administración del Estado, como paso previo a la vía judicial, para que resuelva los expedientes pendientes en un plazo «improrrogable» de un mes y exige que se pongan los medios humanos y materiales necesarios para hacerlo posible. El Gobierno, sin embargo, sostiene que los procedimientos llevan tiempo y exigen, como paso previo, disponer de lugares donde hacer las filiaciones, como el centro de acogida provisional para unas 1.800 personas levantado en el puerto y a cuya utilización dio finalmente vía libre este jueves la Audiencia Nacional. Sánchez ya admitió el lunes que el Ejecutivo se da «hasta final de año» para «estabilizar» la situación.

Ceuta requiere formalmente a la Administración central, como paso previo a la vía judicial, que los expedientes se tramiten en el plazo «improrrogable» de un mes

El PP acusa al Ejecutivo de no estar dedicando todos los recursos que harían falta para proceder al «retorno inmediato» de los inmigrantes. Pero, al margen del número de agentes o funcionarios dedicados a los expedientes, la urgencia se topa con el hecho de que la legislación prohíbe de manera taxativa las devoluciones automáticas en masa y, en última instancia, con que las ordenes de expulsión dependen de Marruecos para su ejecución efectiva. Y aunque Rabat ha asegurado públicamente que está dispuesto a recibir a todos aquellos que entraron en Ceuta irregularmente en julio y en Moncloa elogian su actitud colaboradora, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dejado claro estos días que su experiencia no es positiva. Su Ministerio sostiene que el país vecino tiene 800 expedientes de menores paralizados, 600 previos al 30 de julio.

El miércoles, Feijóo preguntó en el Congreso a Sánchez si ha hablado de este asunto con las autoridades marroquíes y no obtuvo respuesta. Este jueves, después de que el Parlamento Europeo aprobara la resolución impulsada por su partido en la que acusa al Ejecutivo de no haber atendido las «reiteradas advertencias» de los servicios de seguridad e insta a Rabat a «asumir sus responsabilidades» en materia de control fronterizo, pidió a Brunner que sea la UE la medie para que el reino alauí «materialice su compromiso».