El Parlamento Europeo ha condenado este jueves la llegada masiva de migrantes a Ceuta del pasado 30 de julio, que ha calificado de «invasión» y exige a Marruecos que respete la soberanía española de la ciudad autónoma. La resolución del Partido Popular Europeo ha salido adelante con el hemiciclo dividido: el texto ha obtenido 339 votos a favor –con el apoyo de los populares europeos, de los conservadores y reformistas (ECR) y de los grupos de ultraderecha Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas– y 225 votos en contra –de los socialdemócratas, los Verdes, del grupo de La Izquierda–. Los liberales han votado divididos y se han registrado 16 abstenciones.

La delegación del PSOE en la Eurocámara ha justificado su voto en contra de la resolución asegurado que incluye «un lenguaje ofensivo» que «no responde a la verdad» y por criticar al Gobierno español. En un principio, socialdemócratas y populares trabajaban para lograr un menseje europeo de apoyo unitario a Ceuta, pero finalmente no se logró llegar a un acuerdo.
«El PP ha impuesto con los tres grupos a su extrema derecha una mayoría con un lenguaje ofensivo, que no aporta ninguna solución para Ceuta, pero que intenta señalar culpables y criticar al Gobierno español, con un lenguaje que no corresponde a la verdad y que resulta inaceptable para los socialistas», ha asegurado el eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar. El político ha destacado que su grupo «no puede estar de acuerdo» con medidas sin procedimiento como la expulsión de menores no acompañados y aludió a los compromisos vinculantes que establece el Pacto de Migración y Asilo para todos los Estados miembros, incluida España.

Acelerar las devoluciones
El texto aprobado incluye la palabra «invasión» y reclama a Marruecos que asuma sus responsabilidades de control fronterizo y retorno de las personas que cruzaron a la ciudad autónoma. La resolució también exige al Gobierno de España que despliegue «urgentemente» todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad en Ceuta, incluidos apoyos en materia de seguridad y la aplicación de los mecanismos europeos para acelerar las devoluciones.

La Eurocámara subraya que la relación con Marruecos «debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable». Además, considera que n«toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio».

La iniciativa defiende que lo ocurrido en Ceuta es un «ataque híbrido» y un episodio de instrumentalización de los flujos irregulares contra la integridad territorial de un Estado miembro y contra la frontera exterior de la UE. La resolución incluye una enmienda de Vox que hace referencia a mecanismos que mpermitan «la suspensión inmediata y la plena recuperación» de fondos europeos en caso de que haya una falta de cooperación o cuando estén en juego los intereses de la Unión.

La resolución incluye, además, las «advertencias ignoradas» y los «retrasos» en la solicitud de ayuda europea por parte del Gobierno español en esta crisis. Y recuerda que el Ejecutivo no solicitó un refuerzo de Frontex y Europol hasta casi un mes después de las llegadas masivas a la ciudad autónoma.

Los eurodiputados subrayan que proteger las fronteras exteriores de la Unión es una responsabilidad compartida entre los Estados miembros; y que cualquier incapacidad para actuar con firmeza «socava la integridad» del espacio Schengen en su conjunto. Por ello, insiste en que todos los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades en la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

El documento hace referencia también a la carta que veintidós líderes europeos enviaron a Bruselas tras la crisis de Ceuta, en la que asociaban este episodio con el «efecto llamada» que pueden provocar medidas como la regularización masiva de más de medio millón de migrantes puesta en marcha por el Gobierno de España. Es más, el texto recoge la «profunda preocupación» de la Eurocámara por los posibles efectos de esta regularización en el funcionamiento y la seguridad de la zona Schengen y pide a la Comisión Europea que monitorice la situación.