La Junta de Castilla y León explorará acuerdos con terceros países para facilitar el retorno con sus familias de los menores migrantes no acompañados llegados a la Comunidad, que tutela en este momento a 164, lo que supera en un 26 por ciento las 130 plazas de acogida disponibles. “Nosotros lo que no nos vamos es a quedar parados ante la inacción del Gobierno”, dijo el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien consideró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería liderar esta cuestión.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo se remitió al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que habilita a las Comunidades Autónomas para promover acuerdos con países de origen de los menores extranjeros no acompañados y denunció la “dejadez” del Gobierno, porque a su juicio, como en la crisis de Ceuta, son las autonomías las que están defendiendo los intereses del país y no el Ejecutivo central.

De hecho, la norma a la que alude la Junta establece que las comunidades “podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia”. Estos convenios, añade, “deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos”.

Asimismo, Fernández Carriedo argumentó que Castilla y León tiene “superadas” sus capacidades de atención en los centros de acogida, que disponen en total de 130 plazas. Sin embargo, apuntó que quieren dar una atención “adecuada” a estos niños por lo que defendió la necesidad de hacer un “esfuerzo” para facilitar la “reagrupación familiar” con el fin de que estos menores puedan volver a su hogar. Al respecto, evitó precisar el estado de la negociación o conversaciones con otros países hasta que se autoricen los traslados.

De la misma forma, el portavoz evitó hablar de los “costes” de estos trámites e insistió en que la posición de la Junta responde a que consideran que los menores deben regresar con sus familias. Además, al ser preguntado por si se consultará la preferencia del menor, garantizó que se harán “análisis individualizados”, “caso por por caso” sobre los “hechos concretos” para estudiar cada una de las circunstancias.

Igualmente, el consejero portavoz reiteró que Castilla y León sigue siendo una “tierra de acogida” para las personas que vienen a trabajar, integrarse, a pagar impuestos y a cotizar a la Seguridad Social, ya que recordó en agosto se incrementó la afiliación por parte de extranjeros en un 2,1 por ciento, hasta los 121.517 respecto al mes anterior, lo que supone una subida interanual del 19,7 por ciento, cinco puntos por encima de la media nacional (15,7 por ciento).

“Creemos firmemente en la existencia de una emigración legal, ordenada, de personas que vienen a contribuir al futuro de la Comunidad y que vienen a integrarse, desde el punto de vista social y laboral”, trasladó el consejero portavoz quien reiteró que la Junta mantiene su posición también sobre que los menores migrantes no acompañados están “mejor” con sus padres o familias, por lo que trabajan con esa “prioridad”.