“Ceuta les importa un bledo”. “Se les debería caer la cara de vergüenza por poner palos en la rueda”. Con estas duras palabras ha denunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo que considera una campaña orquestada contra el Gobierno para, a su juicio, prolongar la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes los últimos días de julio. “El Gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que lo que quieren es que esto no se solucione, es decir, que lo que quieren es que esto se enquiste”, ha criticado tras el freno el miércoles de la Audiencia Nacional al campamento en el puerto ceutí que prevé alojar a más de 1.000 inmigrantes que se encuentran todavía en las calles de la ciudad autónoma y en referencia también a la negativa del PP de trasladar a menores a la Península. Es, en su opinión, “el modus operandi habitual del Partido Popular cada vez que hay una crisis”. En una entrevista en La 1, el ministro ha reprochado, en primer término, que los campamentos instalados en el puerto de Ceuta “están ya terminados” y que el traslado de “unos 1.800 migrantes” se iba a realizar este mismo jueves. Con ello, Puente ha mostrado su sorpresa por la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar de forma momentánea la instalación tras un recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que pedía la suspensión inmediata de esta solución operativa “hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales”. Horas después de sus declaraciones, los magistrados de la Audiencia Nacional han levantado el freno al campamento en el puerto. Una decisión que el Gobierno ha celebrado y sobre la que ha destacado su “rapidez”. La zona portuaria cuenta, según fuentes del Ejecutivo, “con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo”.El responsable de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado por la mañana que no se trata de una casualidad que la paralización de la instalación se produjera escasas horas antes del traslado de los migrantes. “No sabemos cuál es el contenido del escrito del SUP, pero probablemente pone en conocimiento de la Audiencia Nacional que en 24 horas se va a producir el traslado y de ahí esa decisión de paralizarlo todo hasta que decidan sobre las medidas cautelarísimas”, ha detallado.Puente ha querido recalcar durante la entrevista que el uso del puerto de Ceuta fue acordado con el Ejecutivo de la ciudad autónoma. “El Gobierno ceutí no toma una decisión apresurada, sino con pleno conocimiento de las características de las dos parcelas”, ha asegurado. En un primer momento de las negociaciones se descartó la zona portuaria, pero tras la propuesta de utilizar los polideportivos para la acogida de inmigrantes ―“que se descartaron porque el Gobierno ceutí alegaba que alteraban la vida de los ceutíes”, recuerda Puente―, se retomó la opción de instalar un campamento en el puerto y esta decisión fue validada por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Pese a todo y ante una nueva resistencia de Vivas, el Gobierno terminó por tomar el control del puerto ―controlado por las autoridades ceutíes― y autorizar al Ministerio de Migraciones a instalar las carpas. “¿Dónde está la actitud del Gobierno ceutí a la hora de facilitar que encontremos algún lugar en el que hacer lo que tenemos que hacer? ¿Dónde están los presidentes de las comunidades autónomas que dicen, oiga, yo acojo 50 menores, un problema menos para Ceuta?” El ministro de Transportes ha cargado de esta manera también contra el rechazo del PP al traslado de menores a la Península y ha criticado que su apoyo a Ceuta es “de boquilla”, “de cara a la galería”, “con golpes de pecho propios del fariseísmo más repugnante, porque, insisto, en este caso, el drama es muy grande”. Sobre sus críticas a los jueces, a los que también ha puesto en el punto de mira durante la entrevista, Puente ha defendido su derecho a valorar las decisiones judiciales. “El Poder Judicial, a través de su máxima representante y de algunas asociaciones, pretende situarse en una especie de mundo aparte, completamente ajeno a cualquier crítica. No se puede, por lo visto, criticar las resoluciones judiciales o expresar lo que los ojos y los oídos nos trasladan. Parece que quieren ser un poder aparte, una especie de casta, y yo con eso no estoy de acuerdo”. El ministro ha reafirmado que hay decisiones judiciales, sin especificar cuáles, que “son susceptibles de ser llevadas ante los tribunales” y ha ido un paso más allá al afirmar que serán los españoles quienes tendrán que decidir en las elecciones si quieren que en España gobiernen los jueces. “Esto se resuelve cuando se vote. Se resolverá en las urnas. Y ahí una de las decisiones que tendrán que tomar los ciudadanos es quién gobierna este país”.