“No dábamos abasto y nos hemos visto obligados a dar cita previa a los inmigrantes”

Abdoulay Guey, en Donostia.Foto: j.n.

JORGE NAPAL

DONOSTIA. Un agente de seguridad custodia la entrada de Laguntza Etxea, todo un referente en la acogida al inmigrante que recala en Gipuzkoa. Hasta hace poco, ofrecía 70 desayunos diarios. Cualquier extranjero sin papeles podía entrar a tomar un café. Pero los roces entre usuarios y voluntarios y la propia ineficacia de la intervención exigía un cambio. “Siguen funcionando los mismos servicios, pero con cita previa”, aclara este abogado senegalés de la aldea de Tivaouane, a 90 kilómetros de Dakar. De concretarse la acogida de inmigrantes llegados en cayucos a Canarias, el volumen de trabajo aumentará, y el modelo de atención que se vaya a aplicar sigue siendo una incógnita.

¿Se ven desbordados, como están los centros de acogida de menores?

Además de vernos desbordados, nos hemos dado cuenta de que la sala ya no jugaba su papel. Fue creada como un lugar de interacción, para hacer amigos, pero al final cada uno iba a lo suyo y se originaban conflictos. Hay que ser valientes y reconocer cuándo algo no funciona. Existen otros medios, como las bibliotecas o los parques, a donde pueden acudir estas personas. Con la gente que tiene por único objetivo pasar el rato no hay nada que hacer. Hacen falta otros recursos.

Este centro es un referente para el colectivo inmigrante ‘sin papeles’. ¿Qué situación puede originar el plan de acogida en marcha?

Se supone que el Gobierno Vasco, antes de llegar a un acuerdo con el central, ha tenido que informarse muy bien sobre los recursos disponibles. Nosotros ya hemos mantenido reuniones con la Diputación en las que hemos detallado nuestros recursos. Los asistenciales, como el comedor o la lavandería, no tienen ninguna restricción. El problema llegará con otro tipo de intervenciones, como la regularización, el acceso a la sanidad o la vivienda. Le ha llegado el turno a la Administración, porque siempre que se habla de inmigración parece que Cáritas o Cruz Roja tenemos que solucionar los problemas. No somos más que un apoyo de la Administración, que es a la que le toca lidiar con el toro. En los pisos de acogida trabajamos con familias y mujeres exclusivamente y, en ese sentido, la llegada de inmigrantes no va a modificar nada.

¿Cuándo comenzará la evacuación de inmigrantes mayores de edad?

De momento no hay mucha transparencia. Sólo sabemos lo que ha salido publicado, que sólo aceptarán inmigrantes si el gobierno asegura la regularización. Pero eso es imposible, además de poco recomendable. La ley no puede ir poniendo parches, y lo cierto es que todas las modificaciones que ha habido hasta ahora se han llevado a cabo con extrema urgencia. Nuestro interlocutor válido es la Diputación, con la que mantenemos una relación inmejorable. Lo que todavía no sabemos es cómo se va a articular la ayuda, porque se está hablando de un modelo de trabajo a largo plazo y ello exige dotar de recursos a los organismos que la gestionen, desde los ayuntamientos a los servicios de sanidad.

Usted es senegalés, conoce de cerca la problemática que rodea a uno de los principales generadores de flujos de inmigración clandestina.

En cuanto llego al trabajo, lo primero que hago es rastrear las noticias sobre Senegal. En este país podemos comprobar la doble velocidad a la que va la sociedad. Los políticos y periodistas senegaleses están haciendo lo posible para disuadir a los jóvenes de tomar cayucos. Hay información constante sobre el infortunio de quienes mueren en el intento. Pero existe otro Senegal que, pese a todo, quiere intentarlo y que piensa que ‘si pasa algo malo es porque así tiene que ser’. Ante eso es imposible retener a la gente.

Sobre todo porque para disuadirlos hay que ofrecer algo a cambio…

Lo único que está ofreciendo el gobierno es el plan REVA (Retorno a la Agricultura), que ningún senegalés está dispuesto a aceptar. El país padece una brutal sequía desde hace casi 30 años y es imposible que un 70% de la población viva del campo, como antes.

¿El gobierno senegalés está haciendo todo lo que está en su mano?

Está dando pasos contradictorios, porque primero comenzó negando cualquier tipo de repatriación y de algún modo sigue siendo reticente a hacerlo, porque es una medida muy impopular en Senegal. La opinión pública sabe que nadie debe embarcarse en cayucos, pero una vez que un compatriota da el paso entiende que no cabe vuelta atrás. El Gobierno senegalés está apurando hasta última instancia para evitar que vuelvan esos compatriotas y la presión de los medios en ese sentido es muy fuerte. Pero no hay que olvidar que es el país africano que más ayudas recibe de la UE y es muy fácil presionarle. Ahora España ha prometido 20 millones para el plan agrícola, aunque en realidad es Francia la que más presiona para que Senegal acepte las repatriaciones.

La inmigración ilegal, en cualquier caso, es delito en Senegal. ¿Qué panorama se está dibujando?

Se está creando un gran problema. Todos los senegaleses que vuelven deberían enfrentarse a un juicio penal que podría alcanzar el año y medio de cárcel. El gobierno, por el momento, no está procesando a los que son repatriados, pero sí a los que cogen en el control de fronteras. Lo hace para disuadir a la gente. Se está creando una situación muy complicada, teniendo además en cuenta que estamos a seis meses de las elecciones. El gobierno senegalés tiene su cuota de popularidad ahora mismo por los suelos, está muy debilitado.