La frontera de Ceuta vuelve a convertirse en el epicentro de un terremoto político y humanitario de escala internacional. El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución en la que denuncia que la ciudad autónoma fue “invadida” durante los pasados 30 y 31 de julio. El texto, adoptado en Estrasburgo con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, tras las presiones del Partido Popular no solo alerta del uso de la migración como “arma de guerra híbrida”, sino que asesta un golpe político al Gobierno de Pedro Sánchez, que era el objetivo del PP.

La Eurocámara ha respaldado formalmente la carta firmada por 22 líderes de la Unión Europea que señala de forma directa a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Ejecutivo español como el principal “factor de atracción” o “efecto llamada” para la entrada incontrolada de casi 80.000 personas. La resolución, impulsada en su redacción por el Partido Popular Europeo (PPE), ha salido adelante gracias al apoyo en bloque de la derecha tradicional, los liberales de Renew y la totalidad de las fuerzas de ultraderecha (Patriotas por Europa, ECR y ESN). En el flanco contrario, los socialistas europeos (S&D), las fuerzas de izquierda y los Verdes votaron en contra, defendiendo la gestión de Moncloa. Sin embargo, una enmienda clave presentada por ERC terminó de apuntalar la “profunda preocupación” de Europa por una política de regularización a gran escala que, aseguran, “transmite el mensaje equivocado” a las mafias del tráfico de personas.

Un aviso tajante al reino alauí

La resolución europea no se limita al plano doméstico y eleva el tono de forma inédita frente a Marruecos. Los eurodiputados han recordado a Rabat que la asociación estratégica con la Unión Europea exige el “respeto incondicional de la integridad territorial” de sus Estados miembros. En el mensaje, el Parlamento Europeo advierte de que cualquier declaración que cuestione la soberanía española sobre Ceuta y Melilla “es inaceptable e incompatible” con unas relaciones bilaterales de confianza con los Veintisiete.

Mientras el choque diplomático y parlamentario se dirime en los despachos de Bruselas, la realidad sobre el asfalto ceutí revela una crisis humanitaria sin precedentes en el ámbito de la infancia. Mes y medio después de los cruces masivos, la situación de los menores de edad no acompañados es alarmante. Según los últimos datos oficiales, la ciudad autónoma acoge y mantiene filiados a 2.048 niños, pero se calcula que entre 700 y 1.000 menores siguen en la calle sin identificar. Una estimación que la oenegé Save The Children considera incluso conservadora.

Dos militares desplegados en Ceuta, evacuados a un hospital de Madrid tras ser agredidos por inmigrantesNTMEl nuevo y complejo protocolo de triaje

Para hacer frente a este colapso asistencial, el Gobierno de España ha desplegado un equipo multidisciplinar junto a Save The Children para localizar a los pequeños que deambulan por la ciudad. La portavoz de la organización, Jennifer Zuppiroli, señala un cambio drástico en el perfil migratorio: en esta crisis se ha detectado la presencia de “muchísimos” menores de 12 años y cerca de 700 niñas, colectivos de extrema vulnerabilidad.

La respuesta de las administraciones llega con un notable retraso. Esta misma semana han comenzado a tramitarse los primeros expedientes (a un ritmo de unos diez por día) bajo un procedimiento inédito marcado por el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este triaje exige la creación de la figura del “representante del menor”, un punto de fricción competencial entre Madrid y el Gobierno del PP en Ceuta que finalmente se ha solventado con la financiación estatal de un convenio con el Colegio de Abogados.

La saturación de la red oficial ha obligado a recurrir a campamentos informales improvisados por los vecinos, donde los niños duermen en carpas rudimentarias sobre tapices en el suelo. El futuro de estos jóvenes se debate ahora entre tres salidas de difícil encaje: la reagrupación familiar en Marruecos (una vía residual debido a que la inmensa mayoría huyen de la violencia en sus hogares), el retorno voluntario o, la opción más viable a nivel práctico, el traslado a otras comunidades autónomas. Pese a que el Ministerio de Juventud e Infancia ha dispuesto 90 millones de euros y una vía de urgencia para reubicar a 500 niñas de inmediato, la falta de acuerdo político y la resistencia de Vivas amenazan con dilatar el limbo de estos niños durante meses.