La crisis en Ceuta ha puesto en el foco al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, después de que la semana pasada su jefe de Gabinete presentase su dimisión tras hacerse público que un agente del CNI había compartido con él información sobre la convocatoria en redes para cruzar a España.

Ahora, la Fiscalía ha pedido incluir en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio la “conducta, intervención o eventual responsabilidad” del delegado del Gobierno ante posibles “omisiones relevantes” en materia de “prevención, auxilio o protección”.

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La fiscal de Ceuta Silvia Rojas considera que “la investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva”, así como la información que tenían las autoridades españolas y las medidas adoptadas antes de los acontecimientos. A ello se le suma la intención de analizar “la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección”.

“La actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras; y, a su vez, las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”, añade Rojas.
Con estos argumentos, la Fiscalía de Ceuta ha defendido su decisión de apoyar que la Audiencia Nacional incluya en su investigación las denuncias sobre la “conducta, intervención y eventual responsabilidad” del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez.

La magistrada que dirige la investigación en la Audiencia Nacional, María Tardón, ha asumido esta semana las diligencias abiertas en un juzgado de Ceuta tras una querella de la organización ultra Hazte Oír contra el delegado del Gobierno, y ahora debe decidir si lo llama a declarar como investigado.

Tardón busca esclarecer las entradas masivas al detectar una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España” con una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos.