La Audiencia Nacional ha instado al Ministerio de Transportes a que no habilite el campamento que planea instalar para acoger a un millar de migrantes en el puerto de Ceuta hasta que resuelva sobre la petición de un sindicato policial de que no se ubique en ese emplazamiento.

En una providencia fechada este miércoles a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia da un plazo de 12 horas al Ministerio para que aporte el expediente, la resolución y el resto de documentación relativa a ese proyecto.
Se trata de una orden de Transportes del pasado 5 de septiembre que acuerda “la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de personas migrantes, con capacidad aproximada de un millar de personas”.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recurrió la mencionada resolución al alegar razones de seguridad y solicitó a la Audiencia Nacional, de forma cautelarísima, que la suspendiese

La Audiencia, antes de resolver sobre esa medida cautelar, pide al Ministerio la información pertinente y le informa de que “no se puede ejecutar la resolución u orden referidas” hasta que no adopte una decisión.

En paralelo a las acciones judiciales, el SUP exigió a los organismos implicados en la decisión verificar los riesgos de incendio y evacuación de esta posible instalación, la proximidad a infraestructuras estratégicas relacionadas con combustibles, energía y servicios esenciales, así como las consecuencias operativas para los policías ante incidentes.

El SUP mostró su preocupación tras los incendios registrados durante los últimos días en distintos asentamientos de Ceuta y, si bien no cuestiona la obligación de las administraciones de proporcionar una atención humanitaria adecuada, considera arriesgado concentrar a un millar de personas en una instalación dentro del dominio público portuario sin acreditar previamente que se cumplen todas las garantías de seguridad.

A principios de mes, el Ministerio que dirige Óscar Puente firmó una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar la mencionada instalación, debido a “la excepcionalidad de la situación en Ceuta”.

La Secretaría de Estado de Migraciones había solicitado “la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”, según la orden.

La resolución añadía que “la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad”.

El Gobierno muestra su “perplejidad”
El Gobierno ha reaccionado a esta decisión de la Justicia mostrando su “perplejidad” ante una decisión que “frena una solución operativa inmediata sobre el terreno”. Fuentes de Moncloa explican que “la medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público.”

En este sentido, el Ejecutivo dice ser “plenamente consciente de que esta crisis es compleja, pero la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional”.

“Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta. Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida”, sentencian.