Había una vez… un tiempo en el que eran los niños quienes veían monstruos. O al menos así ocurría en nuestros cuentos. Cuentos en los que los monstruos vivían en la oscuridad, se escondían debajo de la cama, habitaban bosques que no debíamos cruzar o aparecían cuando los adultos apagaban la luz. Los niños tenían miedo y los mayores estábamos allí para protegerles de esos monstruos que, al crecer, entendíamos que no existían.

Hay algo profundamente perturbador en lo que estamos viendo estos días en Ceuta: ahora son algunos adultos quienes miran a esos niños y niñas y creen ver monstruos. Niños y niñas antes que migrantes; niños y niñas antes que marroquíes; niños y niñas antes que cualquier otra categoría administrativa.

Ceuta tiene una frontera de agua. Y esa frontera nos ha dejado una imagen: la de niños y niñas en el mar intentando alcanzar la costa. No sabemos si sabían nadar, si tuvieron miedo, si miraron hacia atrás o si sabían qué iban a encontrar al llegar. Lo que seguro no esperaban encontrar eran adultos llamándoles monstruos.

Hoy hay alrededor de 1.500 menores bajo el sistema de protección de Ceuta. Aproximadamente 700 son niñas que no decidieron las relaciones entre España y Marruecos, entre Europa y África, no controlaron una frontera, ni provocaron esta crisis. Son menores atrapadas en decisiones tomadas por adultos y no podemos permitir que sean ellas quienes paguen nuestros desacuerdos.

Esto me lleva a reflexionar sobre la importancia de escoger las palabras adecuadas para comunicarnos. Porque las palabras importan, y llamar “invasor” a un niño o a una niña cambia nuestra manera de mirar. Primero dejamos de llamarles niños y niñas; después hablamos de masas, avalanchas, invasores y poco a poco la persona desaparece detrás de la categoría, hasta que alguien que necesita ayuda empieza a parecernos una amenaza.

Y es importante no cambiar nuestra manera de mirar porque ningún niño ni ninguna niña tiene menos derechos por haber nacido al otro lado de una frontera. España tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras, mantener una política migratoria ordenada, exigir cooperación a los países de origen y aplicar la ley. Pero precisamente ahí reside la diferencia entre una democracia y la ley del más fuerte: cuando delante de nosotros hay un menor desamparado, el Estado lo protege. No es buenismo ni ingenuidad. Es Estado de derecho y es humanidad.

Soy de izquierdas, pero nunca he pensado que eso me convierta automáticamente en mejor persona. Las ideologías no conceden certificados de superioridad moral (salvo algunas, que te lo quitan) pero nuestras decisiones sí terminan diciendo quiénes somos.

Y hay una convicción que para mí sí tiene que ver con la manera de entender la política: gobernar es cuidar. Cuidar cuando es difícil, cuando cuesta recursos, cuando la solución no cabe en un eslogan. Cuidar a quienes no votan y dependen de que alguien se haga cargo. Eso significa ahora movilizar recursos, proteger a personas vulnerables, trabajar por la reunificación familiar cuando sea posible y distribuir el esfuerzo para que Ceuta no tenga que afrontar sola una situación que la desborda.

Cuidar es obligación del Estado. Del Gobierno y de la oposición. De las instituciones. No se puede exigir una respuesta de Estado y comportarse después como si el Estado fuese siempre el otro. No es coherente denunciar que Ceuta está desbordada y obstaculizar las alternativas para aliviarla, convirtiendo una crisis que afecta a la infancia en terreno fértil para la desinformación o el miedo como está haciendo la derecha.

La oposición es imprescindible en democracia; la cooperación institucional también. Este es uno de esos momentos en los que sentarse con quien piensa distinto y buscar una solución constituye una responsabilidad política.

Y la responsabilidad política no es abstracta, es concreta. El Gobierno trabaja para trasladar a la Península a alrededor de 500 niñas especialmente vulnerables y eso no es un detalle dentro de esta historia. Ser niñas importa porque sufren formas específicas de violencia, explotación y discriminación y, en muchos lugares fuera de nuestras fronteras, esos riesgos pueden ser todavía más profundos. Negar esas desigualdades no consigue hacerlas desaparecer. Son quinientas. Pero cada una es una vida.

Retiremos durante unos segundos las variables de nacionalidad, frontera, encuestas, siglas, discursos. Quedan niñas que necesitan un lugar seguro. ¿Qué hacemos? Toda esta discusión puede reducirse a esa pregunta. Cuando una parte de España está desbordada, la respuesta tiene que ser de país.

Se pueden proteger nuestras fronteras sin deshumanizar a quien las cruza, se puede exigir el cumplimiento de la ley sin renunciar a la humanidad y se puede ser de izquierdas o de derechas y compartir algo elemental: ningún menor debería ser utilizado para enmascarar el racismo de la derecha detrás de un relato de miedo.

Y quizá por eso todo vuelve al cuento con el que empezábamos. Son niños y niñas. No seamos los adultos quienes los convirtamos en los monstruos que un día les enseñamos a temer.

Porque los monstruos nunca fueron ellos.