La juez de la Audiencia Nacional María Tardón desconfía de la versión del Gobierno y solicitó ayer más datos de antes, durante y después de la invasión de Ceuta del pasado mes de julio. En un auto, al que tuvo acceso este periódico, la magistrada pidió toda una batería de diligencias destinadas a esclarecer, sobre todo, qué información tenían las autoridades antes de la entrada masiva e irregular de inmigrantes, qué hicieron ante las alertas ya existentes –demostradas, además, tras la desclasificación de los informes policiales y militares por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez– y qué circunstancias concretas determinaron en un «colapso operativo».

En la resolución, Tardón reclama, concretamente, documentación al Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Ceuta y numerosas unidades de Policía Nacional, Guardia Civil y Defensa para reconstruir el rastro de las alertas que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. Además, solicitó otras diligencias en una pieza separada de «investigación tecnológica», que estará bajo secreto de sumario.

Respecto al temor de las filtraciones, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 se ha marcado como objetivo blindar las comunicaciones con las unidades investigadoras. Fuentes conocedoras de los avances aseguran a LA RAZÓN que la magistrada ha pedido «discreción total» a los mandos policiales de los que dependen las pesquisas. La juez considera que se está haciendo «un buen trabajo» por parte de los agentes, especialmente en las reservas que están teniendo para que no haya filtraciones hacia sus jefes ni hacia la prensa.

Los agentes de Extranjería, especialmente los del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), fueron señalados por parte del Gobierno desde que se conoció el contenido de su informe, que señalaba la pasividad, cuando no participación, de gendarmes marroquíes y agentes de «paisano» en la entrada masiva de finales de julio. Pero el mayor enfado vino desde el Ministerio del Interior, ya que el titular de la cartera, Fernando grande – Marlaska, desconocía el contenido del documento. Los integrantes de las unidades están «más que tranquilos» porque saben que la información que terminó en prensa no salió de ellos. Aún así, la magistrada Tardón ha pedido a sus responsables que sean cautos durante las próximas semanas.

La instructora no es la primera autoridad judicial en actuar de esta forma en lo que va de legislatura. Los magistrados están cubriendo las espalda de los investigadores para que sus superiores no tengan la tentación de influir en lo que escriben. El ejemplo más reciente, y quizás el más mediático, fue el del «Caso Plus Ultra» .

La investigación sobre el presunto blanqueo de la aerolínea venezolana implica de lleno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, «tótem» del PSOE y referente del actual líder del Ejecutivo. Antes de levantarse el secreto de sumario, muchas informaciones ya apuntaban a su implicación, aunque no existía ningún documento policial ni judicial que lo refrendase. Por eso, el fical jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, exigió a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional que sólo le comunicasen sus avances a él, evitando informar a sus superiores, conocedor que la cadena de mando terminaría en Marlaska.

Solicitudes

Tardón, que trata de averiguar si la entrada masiva constituyó un ataque grave contra la «integridad territorial de España» y pudo afectar a la paz o la independencia del Estado, considera que todas las diligencias solicitadas quedan amparadas ante la «gravedad de los hechos» y ante la circunstancia de que «estamos ante una actuación organizada, compleja y con posibles ramificaciones internacionales».

Entre otras cosas, la juez pidió diligencias policiales relativas a las comunicaciones digitales para identificar a los promotores y coordinadores de la entrada masiva en redes sociales y actuaciones biométricas para tratar de saber quiénes fueron los ya denominados como «dinamizadores», que actuaron de «guiado activo» a los inmigrantes irregulares.

En este sentido, la magistrada, que también reclama los datos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital obtenidos de dichos perfiles en redes sociales, ha acordado, que una vez se reciba ese informe, habrán de emitirse Comisiones Rogatorias Internacionales y Órdenes Europeas de Investigación a las plataformas digitales detectadas. Además, cree necesaria la realización de un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización porque, según detalla, «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros» una entrada masiva de entre 75.000 y 85.000 personas a Ceuta.

La investigación sobre la entrada masiva en Ceuta este verano tiene visos de alargarse. Las diligencias que ha ordenado Tardón no son fáciles de solventar, ya que posiblemente mucha de la documentación esté clasificada, lo que supone que sea el Consejo de Ministros quien dé el visto bueno para enviársela. Por ese mismo motivo, por la posible dilación de la investigación, Tardón ha pedido la misma reserva a los investigadores que ya se reclamó en el caso que tiene imputado a Zapatero, para evitar cualquier interferencia política.