Los menores marroquíes que cruzaron en masa a Ceuta sin amparo familiar han hecho piña en las naves del Tarajal, donde se acumulan buena parte del millar de niños y adolescentes migrantes no acompañados que permanecen –aún sin filiar– en la ciudad autónoma. Los casi cincuenta días que llevan en las calles del polígono que se ha convertido en un gran centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) se les han hecho muy largos. Tarek, de 16 años, cuenta que las peleas, con apuñalamientos registrados, le quitan el sueño. A Fitah, de la misma edad, lo que le quita el hambre es el olor a putrefacción en cada esquina. A Yasim, a un año de la mayoría de edad, lo que más le inquieta es el aspecto que tienen sus heridas, infectadas, en los pies. A Sulaimon, nacido en el 2009, le preocupa volver a toparse con el militar que, según cuenta, le golpeó el costado.

Todos coinciden en que la situación es “infernal”, pero la mayoría se ve con fuerzas para aguantar más. Saben que las devoluciones de menores al reino alauí son una utopía. Y esto no solo lo dicen los vídeos que inundan sus redes sociales con la canción de fondo Adiós Marruecos, hola Málaga, sino la experiencia: Rabat lleva años ignorando los expedientes de repatriación de sus menores que son indispensables para la reagrupación familiar. Según fuentes ministeriales, niños que mostraron en mayo del 2021, tras la anterior crisis migratoria, su voluntad de volver con sus allegados no pudieron retornar porque Marruecos ni tan siquiera contestó a los reque­rimientos.

En el verano del 2021, el Ministerio del Interior lideró una operación para devolver a Marruecos a 45 menores. El responsable de la cartera, Fernando Grande – Marlaska, defendió la actuación como “legal” porque no era “una expulsión, sino un retorno asistido”. No consideró lo mismo el Tribunal Supremo: fue ilegal. El marco jurídico impide los retornos colectivos y exige trámites individualizados que incluyen la audiencia individual de cada menor. Cuando les llegue el turno a Tarek, Fitah, Yasim o Sulaimon, de ser escuchados, explicarán que no quieren volver a su país, donde “no hay futuro”. Que sus familias son conscientes de que se sumaron el pasado 30 de julio a la avalancha, que piensan como ellos: su futuro no pasa por regresar a Tetuán, Casablanca, Fez o Chauen, de donde son los cuatro chavales.

Ceuta tenía acogidos ayer a 1.899 menores no acompañados. La cifra fluctúa día a día, por lo que las autoridades locales la redondean en 2.000. No es porque se estén produciendo traslados a la Península o retornos a Marruecos, sino porque el número es fruto de los recuentos diarios que hacen los centros de acogida. Allí no están privados de libertad, por lo que hay noches en las que algunos no aparecen. El mando único para la crisis estima que permanecen aún sin filiar entre 700 y 1.000. La competencia de la tutela de ellos corresponde en exclusiva a la ciudad autónoma. El Gobierno central no puede tomar decisiones sin el visto bueno de la ciudad. En este punto de la ecuación, si Rabat exige a España que le devuelva a sus menores marroquíes, que están en manos de Ceuta, que aboga por expulsarlos “a todos”, ¿por qué el presidente Juan Jesús Vivas no firma que hoy mismo sean llevados a la frontera? Porque aún retumba la prevaricación por las expulsiones ilegales del 2021.

De nuevo, Tarek, Fitah, Yasim o Sulaimon saben que, antes o después, serán reubicados en la Península, cuando Ceuta, una de las regiones que más batalló por el reparto obligatorio de menores, desbloquee la situación. Mientras tanto, les vale con salir de las naves del ­Ta­rajal.