La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz para que presten testimonio en la causa, que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en la ciudad autónoma desde Marruecos el pasado mes de julio, los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre, respectivamente. Ese día, también acudirá como testigo el jefe de la Policía Local de Ceuta.

En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada, a fin de indagar en qué información tenían las autoridades antes de la entrada y qué hicieron ante las alertas existentes, ha solicitado también a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.

Tardón, que trata de averiguar si la entrada masiva constituyó un ataque grave contra la “integridad territorial de España” y pudo afectar a la paz o la independencia del Estado, ha acordado otras diligencias para profundizar en la investigación que, según ha matizado, no se puede estimar que tengan carácter “prospectivo ni exploratorio”, sino que son actuaciones concretas “encaminadas a verificar hechos previamente delimitados y sustentados en indicios ya incorporados a la causa”. Más aún, detalla, cuando estamos ante una actuación “organizada, compleja y con posibles ramificaciones internacionales”.

Así, explica, que todas estas actuaciones recaen sobre aspectos como la actividad desarrollada previamente en redes sociales, la "identificación de dinamizadores y organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, la determinación de los responsables de la planificación y dirección estratégica de los hechos, la investigación de los fallecimientos producidos y el análisis de las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva.

“Las diligencias relativas a comunicaciones digitales pretenden identificar a los promotores y coordinadores; las diligencias biométricas y audiovisuales buscan la identificación de los participantes en los niveles superiores de organización; las relativas a financiación pretenden esclarecer los mecanismos de apoyo material; las relacionadas con los fallecimientos buscan determinar las circunstancias concretas de las muertes investigadas; y las declaraciones testificales permitirán reconstruir el desarrollo operativo de los acontecimientos”, añade.

Respecto a la organización digital en redes sociales de la movilización, la magistrada ha ordenado al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que entregue un informe íntegro donde se identifique los números de teléfono detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes y los identificadores empleados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas. También ha reclamado los datos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital obtenidos de dichos perfiles.

Órdenes Europeas de investigación

En el mismo sentido, la juez ha acordado, que una vez se reciba ese informe, habrán de emitirse Comisiones Rogatorias Internacionales y Órdenes Europeas de Investigación a las plataformas digitales detectadas a fin de “identificar a los responsables de la convocatoria” de la entrada masiva a Ceuta. Todo ello, además, bajo secreto de sumario.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional ha ido aún más lejos y ha librado oficio al propio CENIF, a la Comisaría General de Policía Científica y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que identifiquen, a través de un análisis biométrico, a aquellos individuos que ya se señalaron en atestados anteriores como “dinamizadores” y que ejercían como “guiado activo” a los inmigrantes.

Al respecto, Policía Nacional y Guardia Civil deberán elaborar informes, donde se identifique la identidad, cuerpo, unidad, graduación y actuación de los efectivos uniformados que aparecen en las imágenes de la invasión a la ciudad autónoma.

La magistrada encarga también a la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización porque, según detalla, “difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros” una entrada masiva de entre 75.000 y 85.000 personas a Ceuta.

La juez explica en el auto que no descarta, además, tomar declaración a otros responsables y mandos operativos para conocer de “forma directa”, la información de que se disponía antes de la entrada irregular de inmigrantes, las previsiones existentes, la evolución de la situación y las circunstancias concretas que determinaron en un “colapso operativo”.