La Audiencia Nacional (AN) ordena al Gobierno que “no puede ejecutar” la instalación de un campamento para acoger a un millar de inmigrantes junto a una instalación que alberga combustible del Puerto de Ceuta.

En una providencia, conocida por LA RAZÓN, comunica la paralización al Ministerio de Transportes hasta que “se resuelva la medida cautelar urgente” que solicitó el Sindicato Unificado de Policía (SUP) relativa a que no se ubique el centro de acogida en ese emplazamiento.

La Sala de lo Contencioso – Administrativo de la AN requiere, “con la mayor urgencia” y “antes de las 12 horas del día de hoy”, al departamento de Óscar Puente que envíe “por vía telemática la resolución u orden (que tiene fecha del pasado 5 de septiembre), así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo” mediante el que se creó este campamento para extranjeros en territorio de la ciudad autónoma.

El SUP interpuso un recurso contencioso – administrativo en que pedía que se acordase como medida cuatelarísima la suspensión del acuerdo para utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de poniente del puerto ceutí para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de inmigrantes, con capacidad aproximada para un millar de personas.

La Sección Octava coincide con el sindicato policial en que no consta la publicación de la orden del Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por ello, requiere su contenido para “poder identificar el concreto acto recurrido y su naturaleza normativa”.

El SUP alegó en su recurso razones de seguridad y exigió a los organismos implicados (además del ministerio de Puente, la Autoridad Portuaria de Ceuta y Puertos del Estado) que verificasen los riesgos de incendio y evacuación de esta instalación; su proximidad a infraestructuras estratégicas relacionadas con combustibles, energía y servicios esenciales, así como las consecuencias operativas para los policías ante incidentes.

Para la entidad existen motivos de preocupación tras los incendios registrados en el semienclave español durante los últimos días en los asentamientos de extranjeros procedentes de Marruecos que ocupan la ciudad.

Puente tomó esta decisión en contra de la negativa del Gobierno de la ciudad autónoma que preside Juan José Vivas. Se opuso porque el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria considerase la medida “incompatible con la normal explotación” de las instalaciones.

La orden firmada por Transportes sirvió para asumir el control de recinto portuario ceutí para autorizar la instalación, acogiéndose a “la excepcionalidad de la situación en Ceuta”.

Según la instrucción, la Secretaría de Estado de Migraciones había solicitado “la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”.

“La ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad”, se detallaba en el documento que ahora tendrá que ser remitido a la Justicia.