Vicente Vallés

ha vuelto a poner el foco en las consecuencias judiciales de la crisis de Ceuta. Después de advertir de que el asalto a la frontera había dejado de ser únicamente un problema territorial para convertirse también en un frente judicial, el presentador de Antena 3 Noticias ha señalado el nuevo escenario que se abre en la Audiencia Nacional.

“La jueza de la Audiencia Nacional ya tiene en su mano la causa judicial sobre el asalto a la frontera de Ceuta”

, ha señalado Vallés al abordar las últimas novedades de una investigación que ya alcanza también a la actuación del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.

El movimiento se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta haya acordado inhibirse y enviar a la magistrada

María Tardón

las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. La decisión permite que estos hechos se integren en la investigación que ya dirige la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva registrada a finales de julio.

La Audiencia Nacional asume también la investigación sobre el delegado del Gobierno

Las diligencias que ahora viajan a Madrid tienen su origen en las denuncias presentadas contra Pérez Triano por Manos Limpias, Hazte Oír y Vox a raíz de su actuación durante la crisis.

La decisión del juzgado de Ceuta llega después de que la Fiscalía solicitara la inhibición al apreciar una conexión entre los hechos investigados en la ciudad autónoma y los que ya analiza la Audiencia Nacional.

La Fiscalía considera que existe una

“conexión objetiva y subjetiva”

suficiente para investigar conjuntamente ambas actuaciones y evitar que unos mismos hechos terminen analizándose en procedimientos separados.

La propia jueza María Tardón había pedido a sus compañeros de Ceuta que valorasen la posibilidad de trasladar las diligencias. Ahora será la magistrada de la Audiencia Nacional quien deberá decidir sobre la incorporación definitiva de esta parte de la investigación.

Vallés ya había advertido de las consecuencias judiciales

El traslado de las diligencias se produce después de que Vicente Vallés pusiera precisamente el foco en la dimensión judicial que estaba adquiriendo la crisis.

El presentador había advertido que

“el asalto a la frontera ya no es solo un problema de integridad territorial”

, sino también “un serio problema judicial para quienes han ejecutado esa gestión”.

Vallés fue todavía más allá al señalar que

“más pronto que tarde, algunas de esas personas tendrán que dar explicaciones en la Audiencia Nacional”.

Sus palabras llegaban después de varias intervenciones en las que había cuestionado la gestión realizada por el Gobierno y la versión ofrecida desde Moncloa sobre los avisos recibidos antes de la entrada masiva.

Los avisos previos del CNI, en el centro de la investigación

Uno de los elementos que han marcado la crisis durante las últimas semanas ha sido la información conocida sobre los

avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia.

Los documentos desclasificados mostraron que el CNI había trasladado información antes de la entrada masiva y que también había avisado a los servicios de inteligencia marroquíes. Vallés ya había dedicado varios de sus análisis a esta cuestión.

“Moncloa se mantiene atrincherada en su argumentario de que el CNI no avisó al Gobierno, aunque los documentos desclasificados indican justo lo contrario”, afirmó el periodista al analizar la documentación conocida.

En otra de sus intervenciones sostuvo que

“el CNI sí avisó de que se avecinaba una avalancha de personas”

y cuestionó que ni España ni Marruecos reforzaran la frontera pese a la información disponible.

Qué investiga María Tardón en la Audiencia Nacional

La causa que dirige María Tardón tiene su origen en una denuncia presentada por Iustitia Europa sobre la posible existencia de una actuación organizada detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

La investigación trata de esclarecer las circunstancias que rodearon aquellos hechos y las posibles responsabilidades relacionadas con una entrada que la propia magistrada ha situado en el ámbito de la

integridad territorial de España.

Ahora, las diligencias desarrolladas en Ceuta sobre la actuación del delegado del Gobierno avanzan hacia esa misma causa. La Fiscalía sostiene que investigar ambos procedimientos conjuntamente permitirá mantener la unidad de contexto, secuencia y prueba.

La decisión no supone que se haya establecido responsabilidad penal alguna del delegado del Gobierno ni de otros responsables públicos. La investigación continúa abierta y será la Audiencia Nacional la que determine el alcance de las diligencias y las posibles responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.