La investigación judicial sobre el asalto masivo registrado en la frontera de Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio da un paso decisivo. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón dictó este miércoles un auto en el que cita a declarar en calidad de testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz. Las comparecencias, fijadas para el 30 de septiembre y 1 de octubre respectivamente, buscan esclarecer la gestión institucional y la recepción de las alertas previas a la entrada irregular. En esa misma jornada del 1 de octubre también prestará declaración ante la instructora el jefe de la Policía Local ceutí.

Más allá de los testimonios políticos y policiales, el auto de la instructora acuerda un batería amplia de diligencias solicitadas por la Fiscalía para cercar tanto el origen de la convocatoria como la respuesta operativa en la zona. Entre ellas, la jueza ha ordenado a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) que realicen el reconocimiento facial y el análisis biométrico de todas las personas identificadas como agentes dinamizadores en los informes policiales elaborados tras la crisis.

Asimismo, la resolución judicial estrecha el círculo sobre la cadena de mando que actuó durante los momentos más críticos del asalto – cuando más de 72.000 migrantes accedieron a Ceuta procedentes de Marruecos – . La magistrada ha requerido a las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil un informe exhaustivo destinado a identificar de forma precisa la filiación, unidad operativa, rango y funciones del personal uniformado presente en las grabaciones incorporadas a la causa. El objetivo de la instructora es reconstruir en su totalidad la línea de mando desplegada en el área marroquí de Fnideq – Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.

Las citaciones judiciales se producen apenas una semana después de que Sanz presentara su dimisión como jefe de gabinete tras un choque de versiones con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Sanz formalizó su renuncia esgrimiendo una «evidente incompatibilidad» con su superior, al sostener que sí le trasladó el 29 de julio los avisos telefónicos y los mensajes del CNI que alertaban del asalto inminente, un extremo que el delegado había negado categóricamente en sus apariciones públicas.

En el marco de esta reconstrucción, la Audiencia Nacional ha cursado requerimientos a diversos organismos clave en materia de seguridad y fronteras, entre los que figuran el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (CEFRONT), la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Todos ellos deberán remitir al juzgado la totalidad de los análisis de riesgos y alertas que hubieran emitido, especificando con precisión los destinatarios, la fecha, la hora exacta y la vía de transmisión empleada. Al EMAD se le solicitan además las imágenes satelitales comprendidas entre el 20 de julio y el 7 de agosto sobre el entorno de la playa marroquí de Fnideq y la playa ceutí de El Trampolín.

De forma paralela, Tardón ha acordado la apertura de una pieza separada de investigación tecnológica con carácter estrictamente secreto. En este plano, la juzgado reclama auxilio judicial a gigantes tecnológicos como Meta, WhatsApp, TikTok, Telegram, Google o Apple para la conservación inmediata y posterior remisión« de datos de registro, direcciones IP, dispositivos, números vinculados y contenidos de los perfiles y grupos utilizados para orquestar la entrada entre el 1 de julio y el 15 de agosto. En esta línea, se exige al Centro de Inmigración y Fronteras (CENIF) el informe íntegro sobre la organización digital, incluyendo la geolocalización y trazabilidad de los administradores de las convocatorias.

La vertiente económica de la movilización también será objeto de un minucioso rastreo judicial. El auto ordena a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación del asalto. Las unidades de inteligencia económica deberán fiscalizar movimientos de fondos en la zona, la utilización de sistemas informales de envío de dinero – como la hawala – y la eventual contratación de transportes colectivos para trasladar a los migrantes hacia el límite fronterizo.

En su resolución, la magistrada defiende la idoneidad de todas estas diligencias al considerar que inciden de forma directa en aspectos vertebrales del proceso: determinar la responsabilidad de la dirección estratégica de los hechos, dilucidar la existencia de redes criminales, investigar las muertes producidas durante la avalancha y auditar el desempeño de las administraciones antes, durante y después del suceso. Todas las grabaciones, vídeos de drones y cámaras de seguridad recabadas serán centralizadas finalmente en un único informe pericial audiovisual que reconstruirá de forma cronológica el desarrollo del asalto.