«Eso a Vivas, pregúntenle». Era evidente desde hacía semanas que la históricamente buena relación entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el Gobierno de Pedro Sánchez había saltado por los aires a cuenta de la gestión de la situación límite a la que se enfrenta la ciudad autónoma desde la entrada irregular de 70.000 inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio, pero hasta hace pocos días el Ejecutivo evitaba la confrontación directa. Ya no. El propio presidente responsabilizó este miércoles al dirigente popular, con esa frase breve y rotunda, de que mes y medio después aún haya, según los cálculos ofrecidos la víspera por el ministro Ángel Víctor Torres, entre 700 y 1.000 menores en las calles. «Me parece inaudito que la persona que tiene la obligación constitucional de proteger nuestra integridad territorial trate de descargar esa responsabilidad», replicó el aludido.

Vivas se ha quejado en numerosas ocasiones a lo largo de las últimas semanas de que el Ejecutivo ignoró sus alertas, de que tardó demasiado tiempo en tomar conciencia de la gravedad del escenario y de no atender sus requerimientos. En privado, el Gobierno lo acusaba de mirar esta vez más por los intereses de su partido, el PP, que por los de los propios ceutíes y de boicotear sus esfuerzos para resolver lo antes posible la situación. Lo hizo especialmente cuando hace dos semanas, ante la negativa del consejo de administración ceutí, el ministro de Transportes, Óscar Puente, decidió tomar el control del puerto y autorizar al Ministerio de Inclusión a instalar carpas para ubicar a más de 1.000 inmigrantes (decisión paralizada este miércoles por la Audiencia Nacional). Esta semana los reproches han dado un salto cualitativo.

Sánchez lanzó su primer dardo el lunes en su entrevista en el programa de Wyoming. «En 2021 trabajamos codo con codo y en 2026 no ocurre lo mismo», dijo. Este martes, en su comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, Elma Saiz, siguió con los reproches. «Me duele, como miembro de un Gobierno que se está dejando la piel para que Ceuta recupere la normalidad cuando antes, ver que, desde hace semanas, el señor Vivas ha dejado de hablar como presidente de la ciudad autónoma para solo escuchar de su boca el argumentario del PP», recriminó. «Que se ocupen de que Ceuta vuelva a la normalidad y de que se produzca el retorno de todas las personas que llegaron ilegalmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio, vulnerando la integridad territorial de España», replicó en Antena 3 el presidente ceutí.

El Gobierno asume que no tiene margen para derivar a otras comunidades autónomas a los miles de inmigrantes que permanecen en Ceuta para aligerar la presión sobre la ciudad porque el resto de socios europeos se le echarían encima. El Pacto Europeo de Migración y Asilo obliga a impedir que quienes hayan entrado en un país de la UE de manera irregular se muevan a otros Estados. Ceuta está fuera de Schengen y para salir es obligado pasar controles policiales, pero no ocurre lo mismo con la Península, así que resultaría muy difícil evitar ese tránsito. Por eso su empeño es habilitar plazas de acogida en la ciudad autónoma para comenzar los procesos de triaje y filiación. Sánchez dijo el lunes que esta semana acabaría con 6.000 plazas y que su objetivo es alcanzar las 10.000, aunque el Gobierno ceutí cifra en bastantes más, 13.000, el número de inmigrantes que quedan en la ciudad.

Los menores, en todo caso, son un asunto distinto. El Ejecutivo insiste en que su tutela corresponde, en exclusiva, a Ceuta y que no puede tomar decisiones sin el visto bueno de la ciudad. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia defienden que hasta ahora han puesto sobre la mesa dos «vías de urgencia» para trasladar a la Península a algunos de ellos mientras se trabaja en sus expedientes. Una, que de manera voluntaria y solidaria las comunidades autónomas firmen acuerdos bilaterales con Ceuta; algo que hasta ahora solo ha hecho Navarra, gobernada por el PSOE, y que rechazan todas las del PP. La otra es que entidades especializadas en atención a la infancia asuman la guarda de 500 niñas «por ser los perfiles más vulnerables» y aunque Ceuta retenga la tutela. Aseguran que esta opción espera desde hace un mes la firma de Vivas.

El ministerio subraya que su prioridad es promover la reagrupación familiar en los casos en los que sea posible. Pero la ministra, Sira Rego, ya remarcó el viernes en TVE que, pese a sus compromisos, Marruecos no se ha mostrado jamás colaborador en este terreno y que hay 600 solicitudes de retorno previas a esta crisis aún pendientes de su respuesta. Por esa razón y porque, subrayan, los procesos suelen ser largos, sostienen que la única manera de aligerar la presión sobre Ceuta son las derivaciones. Y avisan de que si las autonomías del PP insisten en su negativa a colaborar, en el plazo de dos meses se harán traslados «a las bravas» conforme al artículo 35 de la ley de extranjería, como ya se hizo en 2025.